Violencia rural: incautación de municiones aumenta 238%
Coordinador de la Macrozona, Pablo Urquízar, afirmó que esto responde a la nueva mirada que tiene el gobierno. Agregó que están revisando fórmulas para mantener los controles. Contraloría desechó la opción de incorporar a las FF.AA, tras el fin del Estado de Excepción.
Durante el primer semestre de este año, las policías han incautado 8 mil 541 municiones en la macrozona donde existe el fenómeno de violencia rural, es decir, desde el cono sur de la Región del Biobío hasta Los Lagos. De ellas, 5 mil 386 fueron encontradas en la Región del Biobío. Esto representa el 63% del total.
Según Pablo Urquízar, coordinador de la Macrozona, las cifras, además, dan cuenta de un incremento del material encontrado en relación a igual periodo del año anterior. Este crecimiento en la región fue de 238%. El primer semestre se obtuvieron 1.589.
Este incremento, agregó, se condice con el alza de armas incautadas, que en Biobío llegaron a 149 los primeros seis meses de este 2021. La mayoría son réplicas y escopetas.
"Esto alerta el nivel de violencia de las organizaciones territoriales", aseguró el abogado.
Agregó que estas municiones han sido captadas por las policías ya sea en operativos, vinculadas a causas en investigación -aunque no pudo precisar la cantidad de causas- o a controles. Son de distinto tipo, aunque la mayoría es de carga única.
Según Urquízar, el alza en todas las cifras en el último tiempo no sólo da cuenta de un incremento en la violencia en el territorio, como han denunciado organizaciones como la Asociación de Contratistas Forestales, Acoforag. También muestra que esta nueva mirada que ha dado el Gobierno, donde prima la coordinación entre distintas instituciones, está dando resultados.
Mantener las cifras
Urquízar afirmó que el incremento en detenciones e incautaciones tiene que ver con un cambio de mirada en cómo abordar el fenómeno de la violencia bajo el paraguas policial. Reconoció que también ha ayudado el apoyo que las Fuerzas Armadas han prestado en los controles, a propósito del Estado de Excepción que estuvo vigente desde el año pasado hasta el jueves 30 de septiembre.
"Este apoyo se ha materializado en aspectos concretos, como los controles mixtos realizados en el cruce Peleco y en distintos puntos de las rutas de la Provincia de Arauco", afirmó.
El coordinador de la Macrozona indicó que se están evaluando opciones para no disminuir el control en la zona. Aquí mencionó el reforzamiento de las capacidades logísticas de Carabineros con vehículos especiales. Añadió mejoras en inteligencia.
Se estaba evaluando la mantención de las Fuerzas Armadas, pero un decreto de Contraloría echó por tierra esta opción, pues determinó que no correspondía que esta institución participara del trabajo que se hace en Biobío y La Araucanía.
No obstante, Urquízar planteó que por sí solo el Estado de Excepción no es la solución al problema de violencia, aunque sí ayuda.
Más violencia
A fines de septiembre, Acoforag dio a conocer un análisis sobre la cantidad de atentados en la denominada zona roja. En relación a las cifras revisadas, aseguraron que si bien hay un incremento sostenido de la violencia, en el actual Gobierno se observa un salto considerable.
Si la última administración de Bachelet concluyó con 77 atentados y 235 equipos destruidos, en esta gestión de Piñera van 212 incidentes y 763 equipos dañados, según los datos presentados por la organización gremial.
René Muñoz, dirigente de la Asociación, planteó cuando presentó los datos que esta alza se explica porque las organizaciones detrás de estos actos "tienen el espacio abierto y las investigaciones son malas. Cuando se detiene a alguien, como las pruebas carecen de peso para formalizar y luego procesar, entramos en un círculo vicioso en que ni siquiera son formalizados y siguen delinquiendo. A la falta de investigación efectiva y acciones preventivas se suma el centralismo, ya que, si estos ataques ocurrieran en Santiago, lo más probable es que se hubiese solucionado o se estuviera trabajando en eso".
Sobre estas declaraciones, Pablo Urquízar comentó que entiende el dolor y la frustración de quienes se ven afectados por los atentados, pero mencionó que las peleas políticas centradas en qué gobierno lo hizo mejor no contribuyen a resolver el problema.
Anteriormente ha planteado que el incremento de los incidentes tiene relación con esta nueva mirada al conflicto. Según Urquízar, esto se traduce en la detención de 451 personas, de las cuales el 52% ha sido capturada en los últimos cuatro años.
Además, expuso, actualmente hay 76 personas recluidas, de las cuales 16 están condenadas por delitos asociados a la violencia rural.
Indicó que en la medida que este trabajo con distintos organismos permitirá ir bajando las cifras de atentados, pero para ello, añadió, se requiere además una condena transversal a la violencia.