Por Felipe Cuevas Mora

Luego de una reunión de más de tres horas la noche del lunes, el directorio corporativo de la Universidad de Concepción (UdeC) resolvió no avanzar en un acuerdo reparatorio con cláusula de confidencialidad -como había sido informado en un primer momento por la secretaría general del plantel-con los 12 imputados por daños y destrozos al campus patrimonial entre febrero y marzo de 2020.

A través de un comunicado, se detalló que durante la reunión se puso en conocimiento el estado de avance de las tres querellas presentadas por daños avaluados en más de $100 millones y donde se imputan una serie de delitos relacionados con daños y destrozos a la propiedad, además de porte ilegal de armas, armado de barricadas y lanzamiento de bombas molotov.

El órgano es presidido por el rector Carlos Saavedra y compuesto por los directores Germán Acuña, Hernán Saavedra, Álvaro Ortiz, Patricia Palacios, Alfredo Meneses, Daniel González, Carmen Barra, Claudio Rocuant, Marcelo Llanos y María Marcela Araneda.

"El rector manifestó que el accionar de la UdeC ha estado dentro del marco del derecho e hizo hincapié en que no existe ni ha existido acuerdo alguno con los imputados en estos hechos, sino sólo conversaciones dentro de la permanente disposición al diálogo de nuestra casa de estudios y de sus autoridades (...) El proceso seguirá su desarrollo con estricto apego al marco legal vigente", se precisó en el comunicado.

ESCENARIO ABIERTO

La declaración mantiene en estado de incertidumbre el caso de los doce imputados -dos de ellos pasaron ayer a la medida de arresto domiciliario nocturno- principalmente por la posibilidad de que un acuerdo reparatorio prospere dentro del trámite del juicio.

Esteban Arévalo, abogado de cuatro de los imputados, expuso que "la declaración manifiesta algo efectivo y real. Hemos tenido reuniones y conversaciones con instancias de la rectoría para explorar un posible acuerdo para que la UdeC no continúe con el juicio oral y busque una salida alternativa. Nunca ha existido un acuerdo zanjado, sino que conversación y diálogo; desde la rectoría siempre se ha planteado que cualquier acuerdo se debe realizar dentro del marco jurídico vigente. Cualquier solución o acuerdo debe plantearse, discutirse y aprobarse dentro del juicio".

"La declaración no cierra la opción de un acuerdo", añadió. Pese a las consultas de este medio, ni los directores de la corporación ni la rectoría de la casa de estudios quisieron profundizar en las conclusiones de la sesión de este lunes, y precisar los términos de la declaración pública.

RESPETAR PROCESOS

En conversación con EL SUR, el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, mostró su conformidad con el hecho de que el Gobierno, por medio de la Delegación Presidencial, continúe como querellante en la causa y anticipó que cuentan con las pruebas suficientes para que los imputados reciban la sanción correspondiente. Se trata de, al menos, un centenar de pruebas físicas, 21 testimonios y ocho pruebas periciales, según presentó esta semana el Ministerio del Interior, por delitos como la fabricación y lanzamiento de artefactos incendiarios, levantar barricadas en la vía pública y diversos daños a edificios, especies, vehículos y patrimonio de la Universidad de Concepción.

"Consideramos que esto es de la mayor gravedad, pero no solo por la afectación del patrimonio de la universidad y su propiedad, sino también porque en estos delitos hemos visto uno de los más graves en el último tiempo, que está relacionado con el porte y lanzamiento de bombas incendiarias. Creemos que es especialmente grave porque el delito de incendio es pluriofensivo y quienes lanzan estas bombas no son conscientes que el fuego se puede hacer incontrolable y puede afectar a personas", explicó.

Sobre la situación actual del caso, valoró las instancias de diálogo, pero hizo hincapié en que "el tipo de daño hace necesario que se llegue a la verdad. Por las potenciales víctimas y todos quienes vieron los reiterados ataques con bombas incendiarias en ese lugar. Más allá de la voluntad de reparar el daño patrimonial que se pudo causar, el lanzar bombas incendiarias genera mucho más daño que solo a la propiedad, sino que pone en riesgo la integridad física y la vida de las personas, de forma reiterada".

"Vemos muy valioso seguir con la acción, que exista un juicio, se determine la verdad judicial respecto a la responsabilidad de los imputados y ellos cumplan con la justicia, y serán los tribunales quienes determinen la responsabilidad que tengan", manifestó el subsecretario de Interior.

LAS CLAVES DEL JUICIO POR EL CASO UDEC

El caso responde a tres querellas presentadas por la UdeC entre febrero y marzo de 2020, por una serie de delitos asociados a movilizaciones en el estallido social.

Entre los antecedentes dados por la Delegación Presidencial esta semana se imputa una serie de delitos a doce personas, con edades entre 15 y 22 años de edad.

Entre los delitos imputados se contempla la fabricación y lanzamiento de artefactos incendiarios, levantar barricadas en la vía pública y diversos daños a edificios y especies.

112 pruebas de distinta índole presentará el Ministerio del Interior en la causa que avanza en el Juzgado de Garantía de Concepción.

Con una serie de actividades, este miércoles el Centro de Formación Técnica Lota Arauco dará inicio a sus actividades de festejo de sus 23 años de vida, luego de ser fundado en 1998. Hoy, el plantel acreditado por cuatro años cuenta con más de dos mil alumnos y es elegible como una de las instituciones de educación superior con gratuidad.

Entre las actividades, se contempla la realización de un webinar denominado "Innovación y Desarrollo Tecnológico en la Formación Técnica Profesional" desde las 11 horas de hoy en el que expondrá el Académico UAI, exministro de Obras Públicas y exvicepresidente de Corfo, Eduardo Bitrán, además de un panel compuesto por la seremi de Ciencias Paulina Assmann, el jefe de la División de Fomento e Industria del Gobierno Regional Iván Valenzuela y la gerenta general de Irade Carolina Parada.

Patricio Pérez, rector del CFT Lota Arauco, aseguró que "el desafío de hoy no es solo formar técnicos, sino que esos técnicos sean profesionales innovadores, capaces de transformar su entorno laboral y aportar al crecimiento del sector productivo donde se desenvuelven. Para ello, es necesario incorporar innovación, emprendimiento y transferencia tecnológica en el proceso formativo, aportando con técnicos integrales y competitivos en el mercado global post pandemia".

Además, la institución presentó en las últimas semanas la puesta en marcha del primer software de realidad virtual con el que contarán los estudiantes de Mecánica Industrial del CFT, desarrollado por Kauel, empresa especialista en ingeniería informática y electrónica, enfocada en el desarrollo de software y hardware, con más de cuatro años de experiencia en realidad virtual y aumentada.

El jefe del Departamento de Docencia, Rodrigo Manosalva, aseguró que "a través de este simulador, los y las estudiantes podrán trabajar con las diferentes modalidades de soldadura, pasando por conceptos en el programa virtual, normas de seguridad, ejercicios y evaluación. La condición es que primero se apruebe el taller virtual, para poder utilizar los laboratorios reales".

2 mil alumnos tiene actualmente el CFT Lota Arauco,

Luego de dos meses de investigación, la Superintendencia de Educación se pronunció desestimando la denuncia de posible adoctrinamiento presentada en contra del profesor de Historia, Aníbal Navarrete luego de que se conociera un video en el que en el marco de una clase telemática explicaba las implicancias del estallido social.

En el escrito con fecha 9 de septiembre, se señala que "en la práctica, si bien se acredita que ante un tema planteado durante la clase (estallido social, octubre 2019), el docente da la posibilidad a los estudiantes de plantear sus apreciaciones y puntos de vista, no existe adoctrinamiento evidente por parte de este hacia dichos alumnos".

Navarrete, exdirigente docente, valoró la definición de la Supereduc y dijo que "la resolución es bastante clara, y lo que acá ocurrió responde principalmente a una persecución política muy parecida a la casa de brujas que hubo durante la inquisición, donde un sector que históricamente ha monopolizado el conocimiento e impuesto su visión sobre los hechos a partir de una doctrina del terror y el miedo no tolera que en nuestras escuelas y liceos existamos docentes que abordemos la enseñanza desde un enfoque sociocritico".

"Junto a mis abogados estamos estudiado las acciones a seguir, primero contra quienes son responsable de esta situación, así como también contra quienes en forma furibunda me juzgaron públicamente", añadió.