Secciones

  • Portada
  • Opinión
  • Actualidad
  • Nacional
  • Economía y empresas
  • Tendencias
  • Deportes
  • Clasificados
  • Defunciones
  • Página del lector
  • Espectáculos
Juicio busca sanciones para 12 personas por destrozos al campus patrimonial

Caso UdeC: Delegación sigue como querellante y gremios respaldan acuerdo reparatorio

Tanto los gremios académicos como de funcionarios y constituyentes, pidieron a la rectoría de Carlos Saavedra perseverar en acuerdo reparatorio, cuestionado en el seno del directorio.
E-mail Compartir

Por Felipe Cuevas Mora

Para el próximo 23 de noviembre fue agendada la audiencia de preparación de juicio oral que lleva adelante el Juzgado de Garantía de Concepción en contra de doce personas detenidas entre febrero y marzo del año pasado, tras protagonizar desórdenes y destrozos al interior del campus penquista de la Universidad de Concepción (UdeC), entre otros por destruir zonas patrimoniales que son monumento nacional.

La medida adoptada por el tribunal fue ratificada este lunes, luego de que se permitiera a la Delegación Presidencial Regional (DPR) mantener su categoría de querellante tras un error administrativo, estatus que mantiene junto al Ministerio Público y la propia casa de estudios, que ingresó la primera acción legal en contra de los imputados en febrero del año pasado.

En los últimos días el caso volvió ha generar polémica, luego de que se conociera la intención del plantel centenario de realizar un acuerdo reparatorio con los imputados para dar por terminado el juicio. La causa involucra a doce personas, seis de ellas menores de edad, que cumplieron prisión preventiva durante el último trimestre de 2020.

EN TRAMITACIÓN

El juicio en contra los doce imputados por un centenar de cargos, que terminaron en pérdidas inicialmente avaluadas en $65 millones, lleva un año y medio de tramitación sin resultados concluyentes.

Por ello, la presentación de cargos tardía que realizó la Delegación Presidencial, posterior al 6 de septiembre, podía significar un giro en la causa. "Seguiremos realizando las querellas necesarias para inculpar a los responsables de este tipo de delitos", dijo la semana pasada el delegado (s) Ignacio Fica.

Finalmente, en la audiencia de este lunes, el Juzgado de Garantía determinó que eran válidos los argumentos presentados por los abogados de la delegación, que apelaron a una licencia médica que retrasó el ingreso de cargos, y se les permitió mantener su carácter de querellantes en la causa que se prolonga por 19 meses.

El delegado presidencial, Patricio Kuhn, indicó que "estábamos convencidos de la favorable acogida del tribunal para ser parte de una querella, en un juicio por hechos muy graves. No sólo se dañó el patrimonio de la UdeC, sino de todos los penquistas y reconocido a nivel nacional, acusadas de delitos graves como el porte de bombas molotov, armas y destrucción de monumentos nacionales".

Esteban Arévalo, abogado representante de parte de los imputados, explicó que "el tribunal consideró que la justificación del abogado de la delegación era suficiente, y decidió que sí puede presentar la acusación particular, y sigue en el juicio. La acusación es idéntica a la del Ministerio Público, pero solicita que las penas sean mayores".

Además, dijo que la permanencia de la DPR "confirma lo que sostenemos, que este es un juicio de carácter político, porque la delegación representa al Presidente de la República. Además, confirma que estos imputados que están con medidas cautelares que restringen su libertad son presos políticos".

POSIBLE ACUERDO

Durante la semana pasada se conoció que la rectoría de la UdeC inició conversaciones con los involucrados en la querella, con el fin de lograr un acuerdo reparatorio. La casa de estudios, por medio de su rector Carlos Saavedra, explicó que buscan mantener el diálogo abierto y gremios cercanos a la gestión actual manifestaron su apoyo al acuerdo reparatorio.

Espedio Ibáñez, presidente del Sindicato N°1 de Trabajadores de la UdeC, condenó los hechos de violencia, pero recordó que "fuimos los primeros en firmar a principios del año pasado una carta donde pedíamos levantar las demandas y buscar soluciones al tema de los presos en el marco del estallido social dentro de la universidad. Es necesario conversarlo porque es un problema humano".

El histórico dirigente enfatizó que las críticas a Saavedra responden al panorama electoral que vive el plantel, que tendrá elección de rector en marzo, pero también reveló que "con nosotros conversó el tema sólo una vez cuando estábamos en negociación colectiva. Ahí me dijo que no había entendido por qué firmaba apoyando bajar una demanda, pero hoy estamos en una instancia de mejorar esto".

En tanto, la comisión de Derechos Humanos de la Asociación de Académicos Enrique Molina Garmendia emitió un comunicado en el que señala que "nos parece que el camino de diálogo por el cual ha optado la rectoría de la UdeC es una muestra de consistencia con los principios de humanismo, democracia y equidad que sustentan a esta Institución".

Además, seis constituyentes -entre ellos Hugo Gutiérrez, Bastián Labbé, Tania Madriaga, Manuel Woldarsky, Giovanna Grandon, y Alejandra Pérez- firmaron una carta donde solicitaron al plantel ratificar el acuerdo y levantar las medidas cautelares contra los imputados: "Reconocemos que este proceso histórico ha evidenciado en su forma de manifestación, también el nivel de desigualdades de todo tipo que hasta hace poco no podíamos ver".

Pese a ello, el rechazo de algunos sectores dentro y fuera de la comunidad universitaria motivó que el directorio corporativo de la casa de estudios realizara durante la tarde de ayer una sesión extraordinaria para abordar la situación, y pedir al rector Saavedra explicaciones sobre el posible acuerdo con los involucrados; hasta el cierre de esta edición, no existía una versión oficial del plantel respecto a los acuerdos de la sesión.


CRITICAS DE CARTAS A LA RECTORÍA UDEC

Durante la semana pasada se conocieron varias críticas de distintos sectores de la UdeC ante el posible acuerdo reparatorio. El candidato de Comunidad Atenea de la rectoría, Jorge Fuentealba, manifestó que "no entendemos el fundamento tras el cambio de actitud que terminará en un acuerdo con una cláusula de confidencialidad".

Espedio Ibáñez en tanto señaló que "hay una campaña que es la política dentro de la UdeC, con candidaturas que están aprovechando el momento".

Casos como el de Apruebo Dignidad fueron considerados

TER restituye candidaturas a consejeros regionales en víspera de inicio de campaña

El Servel había impugnado 145 candidaturas a fines de agosto, varias de ellas subsanadas.
E-mail Compartir

Un total de 145 candidaturas a consejeros regionales por el Biobío habían sido rechazadas por el Servicio Electoral en agosto pasado, luego de la jornada de inscripción donde una serie de errores impidieron el habitual desarrollo del hito en el ciclo electoral que concluye con las elecciones de noviembre próximo.

Sin embargo, en las últimas horas, los tribunales electorales han dado luz verde a las candidaturas cuestionadas de distintos partidos políticos, entre ellas las tres listas del pacto Apruebo Dignidad que postulan al consejo en Biobío.

Daniela Dresdner, presidenta regional de Revolución Democrática, explicó que "durante la tarde del martes nos llegó la resolución del TER que indicaba que nuestra apelación fue aceptada, y que se deben inscribir las candidaturas a consejeros regionales. Es una buena noticia, que nosotros planteamos en todo momento que había un problema con la plataforma".

La misma situación ocurrió con las candidaturas a consejeros regionales de Unión Patriótica, del Partido Conservador Cristiano y otros casos particulares como el de Augusto Parra y Claudio Soto (Evópoli).

Sin embargo, la incertidumbre se mantiene respecto a las listas parlamentarias, fundamentalmente en el caso de las listas de Apruebo Dignidad y el Partido Conservador Cristiano, que se mantienen en revisión por parte del Tribunal Calificador de Elecciones a nivel nacional, con el fin de concretar la paridad y cumplir con la ley electoral.

Desde los partidos indicaron que a más tardar, este jueves debería conocerse la resolución, considerando que un día ante comienza el periodo de campaña.

Díaz: "Los gobernadores deben presidir las comisiones de uso de borde costero"

E-mail Compartir

El gobernador de Biobío, Rodrigo Díaz, mostró su rechazo ante la directriz entregada a los delegados presidenciales a inicios de septiembre por medio de un oficio, donde se les sindica como las autoridades a cargo de presidir las Comisiones Regionales de Uso del Borde Costero (CRUBC) y no los gobernadores regionales.

"Tomé conocimiento el jueves de la semana pasada. Y tenemos una diferencia de apreciación con el Gobierno. Nosotros creemos que la presidencia, la planificación del uso del borde costero está en manos de esta Comisión Regional de Uso del Borde Costero que debe presidir quien ocupa la función de gobernador/a regional, independiente del nombre de la persona", expuso el gobernador de Biobío.

Díaz profundizó en las razones que argumentan la defensa que realiza respecto a la labor de los gobernadores, "primero, porque la planificación está entregada por ley a los gobiernos regionales; en segundo lugar, porque los funcionarios que laboran en eso son del Gobierno Regional. Entonces, parece contradictorio y erróneo ese documento".

El gobernador de Biobío y uno de los coordinadores de la emergente agrupación de gobernadores regionales, dijo que "esta discrepancia la discutiremos en coordinación con las y los gobernadores del país, y le consultaremos a la Contraloría; vamos a ser contradictores de esa medida del Gobierno".

Las comisiones de uso de borde costero son las encargadas de coordinar el diálogo entre actores y generar acuerdos en materia de ordenamiento y la gestión del borde costero.