Mejoramiento del sistema de compras públicas
Profundizar el proceso de modernización del gasto público que el Estado ha impulsado desde la creación del Sistema de Compras Públicas, elevando los estándares de probidad y transparencia, mejorando la eficiencia e incorporando la innovación, el análisis de necesidad y los principios de la economía circular, son objetivos altamente necesarios en el país. Y a aquello es lo que precisamente busca el proyecto -en segundo trámite- que moderniza la ley N°19.886 y otras normativas, el cual es analizado en la Comisión de Economía del Senado.
Esta última instancia ha desarrollo en las últimas semanas una ronda de audiencias con directivos y representantes de ChileCompra, además de representantes de gremios empresariales, especialmente de la micro, pequeña y mediana empresa.
Todo esto proceso es relevante, ya que si bien el sistema nacional de compras ha mejorado ostensiblemente en las últimas décadas, todavía queda mucho que avanzar en materias como transparencia y probidad.
Al respecto, se debe recordar -por ejemplo- que un reportaje de investigación apoyado por el programa Lupa del Centro Internacional para Periodistas -liderado por Salud con Lupa y la plataforma CONNECTAS, con la colaboración de El Mercurio de Antofagasta- estableció que en medio de la emergencia sanitaria un grupo importante de empresas se adjudicó por contrato directo millonarios contratos con servicios públicos, pese a haber sido creadas poco tiempo antes, es decir, sin contar con experiencia en el área.
En la investigación se analizaron todas las órdenes de productos para el covid-19 publicadas en el portal de Mercado Público en 2020 y se descubrieron también adquisiciones con sobreprecios y contratos con empresarios vinculados a funcionarios públicos.
Otro foco relevante susceptible de contar con importantes mejoras se vincula a los criterios de selección en los sistemas como Compra Ágil, ya que de acuerdo a lo planteado por expertos y gremios pymes, si se utiliza únicamente el precio como criterio de selección, se favorece innecesariamente a grandes empresas.
Esto se vincula a la dificultad de los emprendedores a la hora de participar de los convenios marco y de la compra ágil, lo cual podría agravarse con el nuevo proyecto en discusión.Esto, porque según dirigentes de pymes, "la iniciativa invisibiliza aún más porque se les solicitan requisitos imposibles de cumplir por la naturaleza de las pequeñas empresas (…) No puede ser que las grandes empresas se lleven un 28% de las adquisiciones de la compra ágil, herramienta creada para las pymes".
En ese marco, se debe consignar también que en la instancia la Asociación de Emprendedores de Chile (Asech) propuso que el 5% del total de transacciones de compras públicas sean preferentes para micro y pequeñas empresas de las tres regiones de mayor pobreza del país. Una de las dificultades que planteó Asech es que si bien las mipymes cuentan con alta participación numérica (95%), esa no es directamente proporcional con los montos (59,6%).
A modo de referencia, distintos instrumentos suelen arrojar a Maule, Biobío y Araucanía, pero en la propuesta están consideradas las regiones que tengan ese índice más alto, de manera genérica y dependiendo de los resultados.
Al respecto, los integrantes de la Comisión adelantaron que ciertas indicaciones hablarán de la defensa de las pymes de las regiones que representan, comentando que "esta ley podría ser una herramienta de descentralización".
La Comisión de Economía del Senado acordó que cuando el texto sea visto en general por la Sala, se solicite un plazo extenso para formular indicaciones. La idea es escuchar a todos aquellos que deseen pronunciarse sobre la iniciativa y -en virtud de dichas observaciones- formular mejoras a la norma. Y, más allá de los detalles y puntos de vista involucrados, es importante valorar la disposición de la instancia legislativa para escuchar a los distintos actores y avanzar hacia un mejoramiento más consensuado del proyecto.
El proyecto de ley que aspira a mejor el sistema nacional es relevante, ya que si bien se han observado mejoras ostensibles en la materia en las últimas décadas, todavía queda mucho que avanzar en ámbitos como transparencia, probidad y acceso a las mipymes, especialmente de regiones.