Caso Tomás: amplían en seis meses indagación contra único imputado
La fiscal regional Marcela Cartagena expuso antecedentes sobre la investigación que, a juicio del defensor Cristian Sleman, significan que la causa tomó un curso distinto.
Con la negativa al sobreseimiento de Jorge Escobar Escobar y una extensión de seis meses de la investigación, el Juzgado de Garantía de Arauco desestimó el planteamiento de la defensa y acogió la solicitud del Ministerio Público. De esta manera, el tío abuelo continúa como el único imputado en la causa que investiga la Fiscalía sobre la muerte de Tomás Bravo, de tres años y medio de edad, quien tras estar desaparecido por nueve días fue encontrado fallecido en la comuna de Arauco.
A través de un comunicado, ya que la audiencia tuvo carácter reservado, la Fiscalía Regional del Biobío indicó que la persecutora Marcela Cartagena expuso "un cúmulo de antecedentes" que fundaron la resolución del tribunal. "Al desestimar la petición de la Defensoría Penal Pública (DPP), el tribunal señaló que no se encuentra claramente acreditada la inocencia del imputado", consigna el documento.
Además, "considerando que está pendiente la realización de múltiples e importantes diligencias, varias de las cuales dicen relación específicamente con la persona que está formalizada", según indicó la fiscal regional, el tribunal, liderado por la jueza Perla Roa, decidió ampliar el plazo de la investigación en 6 meses.
El niño de 3 años y 7 meses desapareció la tarde del 17 de febrero cuando su tío abuelo lo perdió de vista al ir a buscar un par de vacas a pocos metros de la vivienda en Caripilún. Tras una búsqueda que se extendió por nueve días, el 26 de febrero, el cuerpo del menor fue encontrado sin vida a poco menos de dos kilómetros del último punto donde había sido visto con vida.
CURSO DISTINTO
Tras la audiencia, el defensor y jefe de la Unidad de Estudios de la DPP del Biobío, Cristian Sleman, explicó que habían solicitado el sobreseimiento definitivo debido a la convicción de que los antecedentes de la investigación no sustentan ni el delito ni la participación de Escobar.
Además, indicó que en la instancia constataron que la investigación tomó un curso distinto y supera el hecho que se formalizó a su representado hace 6 meses, como autor de un homicidio calificado. "A nuestro juicio, esto vulnera una importante garantía de defensa que es conocer los hechos por los cuales uno está formalizado justamente para poder defenderse de los mismos", afirmó.
De la misma forma, el defensor indicó que pese a estas circunstancias decidieron no apelar la resolución del tribunal, justamente para esperar los resultados de esas diligencias pendientes y determinar las acciones a seguir, además indicó que sobre la ampliación de la investigación también desarrollarán sus propias diligencias para acreditar la inocencia de su representado en relación a los hechos que se le imputan.
AUDIENCIA RESERVADA
A pocos minutos de iniciada la audiencia la mañana de ayer, la fiscal Marcela Cartagena solicitó que fuera de carácter reservado y que no se transmitiera por el canal del Poder Judicial a fin de resguardar la integridad y dignidad de la víctima y de sus padres.
Fundando esta petición, la persecutora sostuvo que el Ministerio Público y probablemente la defensa se referirían a antecedentes "muy fuertes para ser exhibidos a nivel público", además de indicar que hay "cuestiones estratégicas de investigación que también creemos que, de manera secundaria, pero de manera importante, deben ser protegidas y finalmente también, y no dudamos en eso tampoco, en la propia seguridad del imputado".
En tanto, la defensora de la niñez, Patricia Muñoz, manifestó que debido a que el caso del niño "ha sido tratado mediáticamente sin ninguna consideración", agregó la petición de que "a los intervinientes de este proceso se nos prohíba entregar detalles de las causas para efectos de evitar que aquello se llene de programas de televisión, donde en definitiva se decreta la reserva en las audiencias, pero luego también tenemos la historia difundida a nivel masivo", a lo cual también adhirió la fiscal Cartagena.
Al respecto, la magistrada Perla Roa decidió acoger ambas solicitudes, indicando además que "se va a prohibir a los intervinientes y sus abogados que entreguen información o formulen declaraciones a los medios de comunicación social que digan relación o que, en definitiva, vulneren la dignidad e intimidad de la víctima y víctimas indirectas en la presente causa".
17 de febrero desapareció el pequeño de 3 años y 7 meses, quien fue encontrado muerto nueve días después.