Inseguridad en el centro de Concepción
Los dirigentes de la Cámara de Comercio de Concepción han pedido a las autoridades que se disponga de mayor fiscalización en el centro de la ciudad, debido a la "sensación de inseguridad" que existe por la proliferación de vendedores ilegales que se han apropiado del Paseo Peatonal y calles cercanas.
La presidenta del gremio, Sara Cepeda, ha manifestado que el comercio es el gran perjudicado, porque en la medida que se deteriora la seguridad de ese sector, el público comienza a reducirse, lo que finalmente se traduce en menores ventas. Por ello, se han reunido con el delegado presidencial, Patricio Kuhn, para expresarle estas inquietudes, e indicarle que esto también representa un riesgo de transmisión de covid-19, desde el momento en que no se respetan las medidas preventivas que todos ya conocen.
Llama la atención el gran incremento de vendedores callejeros que ocupan las principales calles céntricas de Concepción, y especialmente del Paseo Peatonal. Desde hace muchos años ha existido presencia de vendedores en la vía pública, pero durante esta situación de pandemia el problema ha recrudecido. Cada cierto tiempo las autoridades realizaban campañas para combatir la venta ilegal en las vías públicas, aunque sin lograr resolver del todo este problema, porque siempre aparecen más vendedores, que se instalan en el el sector céntrico, en las inmediaciones del Hospital Regional, en esquinas como Freire con Rengo y Caupolicán con Los Carrera, entre otras.
Aparte de la ilegalidad que significa la venta ambulante no autorizada, es sabido que en torno a esta actividad prolifera la delincuencia, que aprovecha la congestión que se produce en las aceras. La acción de Carabineros ha respondido a un clamor ciudadano con respecto a cómo los vendedores se apoderaban de las aceras, y también de parte de algunas calzadas, para realizar su actividad no autorizada. Pero hoy el Paseo Peatonal se ha transformado en una especie de mercado persa y además, por estos días de pandemia, resulta muy riesgoso, porque ahí no se respetan medidas como la distancia física, el lavado frecuente de manos o el buen uso de mascarillas.
Por años se plantearon muchas soluciones, desde la ubicación de los ambulantes en lugares establecidos, hasta la dictación de la ordenanza del municipio penquista que estableció multas a los compradores, medida que fue de difícil aplicación. El problema persiste y con más fuerza. A juzgar por la cantidad de personas que ejercen esta actividad, la venta callejera es un buen negocio, considerando que no pagan impuestos, patentes o arriendo. Basta con apropiarse de un lugar, que posteriormente es reclamado como derecho adquirido. Incluso los comerciantes establecidos señalan que es frecuente ver cómo esos vendedores ilegales se pelean entre ellos, reclamando el mejor lugar para instalarse.
La venta ambulante ilegal es un problema de larga data, que afecta a todas las ciudades. Cada cierto tiempo se acentúan los reclamos de los comerciantes establecidos porque los ambulantes obstruyen las entradas a los negocios, a las galerías y la circulación de los transeúntes, creando condiciones para que opere la delincuencia. Dicen que los ambulantes realizan una competencia desleal, considerando que no pagan permisos y no cumplen con las leyes, como a ellos se les exige.
El comercio callejero ilegal ocupa espacios, dificultando el libre tránsito de personas y generando aglomeraciones. Sin duda, provoca la inequidad que rompe las normas de competencia económica, por los beneficios que logran al actuar fuera de las normas, reglamentos y leyes regulatorias, en perjuicio del comercio legalmente establecido. Por eso, es importante no relajar los controles de parte de Carabineros y de inspectores municipales, pero a la vez, que los consumidores comprendan que esta actividad seguirá proliferando en la medida que haya compradores para esos productos vendidos informalmente y respecto de los cuales no hay ninguna garantía.
La Cámara de Comercio ha manifestado que son los grandes perjudicados con los vendedores informales, porque en la medida que se deteriora la seguridad del centro, el público se reduce y hay menores ventas. Todo esto, aparte de no cumplirse las medidas para prevenir contagios de covid-19.