Por Redacción

Un nuevo capítulo en el tenso desencuentro que surgió durante la última semana entre los gobiernos de Chile y Argentina, se escribió este lunes, luego de confirmarse que el ejecutivo trasandino envió una nota diplomática a la administración de Sebastián Piñera, rechazando la "vocación expansiva" que, a su juicio, tiene el país luego de incorporar en una actualización cartográfica aguas que corresponderían a soberanía de la nación vecina.

Según informó ayer la agencia Efe, la comunicación firmada por la Cancillería argentina indica que "la aspiración que ahora Chile manifiesta es contraria al Tratado de Paz y Amistad de 1984 y a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982, y expresa una vocación expansiva que la Argentina se ve obligada a rechazar".

Además, manifestaron que la pretensión nacional, explicitada a partir de la actualización de la Carta Náutica N°8 -que marca sus límites territoriales- "resulta manifiestamente extemporáneo y contradictorio con la conducta de Chile previa a mayo de 2020", además de "desconocer" lo reglamentado por normas internacionales.

Según el Gobierno argentino, el decreto firmado por Piñera y publicado en el Diario Oficial el pasado 23 de agosto "pretende proyectar la plataforma continental chilena al Este del meridiano 67º 16' 0, avanzando sobre la plataforma continental argentina y superponiéndose también con fondos marinos que constituyen patrimonio común de la humanidad".

La controversia bilateral ha supuesto una escalada de declaraciones entre ambos países, incluyendo a los cancilleres argentino y chileno, y al presidente Sebastián Piñera quien el viernes -previo al inicio de su gira por Europa- reconoció que de los 25.000 kilómetros cuadrados de superficie continental declarados, hay una superposición de 5.000 kilómetros con territorio argentino en el Mar de Drake. "¿Cómo tenemos que resolver esto? Como lo hacen países que actúan con sabiduría y prudencia: a través del diálogo y los acuerdos", señaló.

"El 2009 y 2016 Argentina presentó ante la Comisión de Límite de la Plataforma Continental de Naciones Unidas, sus pretensiones. El 2020 aprobó una ley. ¿Qué está haciendo Chile? Estamos ejerciendo nuestros legítimos derechos, como una política de Estado que la hemos conversado con todos los expresidentes, en plena conformidad con el derecho internacional, con la convención del Mar y con el Tratado de Paz y Amistad con Argentina", añadió el Mandatario el pasado 3 de septiembre desde La Moneda.

PROTESTA REITERADA

La nota argentina se suma a los dichos del canciller de ese país, Felipe Solá, el pasado 1 de septiembre, cuando señaló que durante los últimos 36 años la conducta de Chile fue "concordante" con la posición argentina.

Solá también señaló que el mecanismo de solución de controversias aplicable a este caso está previsto los artículos 5 y 6 del Tratado de Paz y Amistad de 1984. Pero advirtió que Chile en 1997 presentó una declaración "excluyendo" los mecanismos compulsivos de solución de controversias previstos en la Convemar con relación a las disputas concernientes a la delimitación de zonas marítimas, "entonces a Chile le queda el tratado de Amistad, no recurrir a la Convemar".

Asimismo, el canciller destacó que "no hay otra manera de tomar esto que no sea negociaciones bilaterales y/o laudos de un tribunal arbitral" y que "no existe una tercera manera" de solucionar esta disputa.

El presidente Jair Bolsonaro convocó hoy a manifestaciones por la "libertad" en todo el país, en el Día de la Independencia de Brasil, que muchos temen se transforme en una insurrección que busque propiciar el "golpe de Estado" que los conservadores más radicales le vienen exigiendo al gobernante.

"Nosotros, representantes electos, lideresas y líderes de todo el mundo, encendemos la alarma: el 7 de septiembre de 2021, una insurrección pondrá en peligro la democracia en Brasil", expresaron los firmantes de la Internacional Progresista, un grupo de más de 150 líderes políticos de 26 países, entre ellos expresidentes, ministros y congresistas.

"Ahora mismo, el presidente Jair Bolsonaro y sus aliados (entre quienes se encuentran grupos de supremacistas blancos, la policía militar y funcionarios públicos en todos los niveles del gobierno) están preparando una marcha a nivel nacional en contra de la Corte Suprema y el Congreso el 7 de septiembre, agudizando los temores de un golpe de Estado en la tercera democracia más grande del mundo", advierte la declaración.

Según los dirigentes políticos, Bolsonaro "ha intensificado sus ataques en contra de las instituciones democráticas de Brasil" y sus aliados de ultraderecha en el Congreso impulsan "reformas radicales al sistema electoral del país, ampliamente considerado uno de los más confiables del mundo".

La Internacional Progresista aseguró que "Bolsonaro y su gobierno han amenazado reiteradamente con cancelar las elecciones presidenciales de 2022 si el Congreso no aprueba estas reformas" y alertó que los mensajes compartidos por el presidente brasileño reconocen que la marcha de hoy es en preparación de "un contragolpe necesario" contra el Congreso y la Corte Suprema.

TENSIONES CRECIENTES

En este contexto, el grupo firmante, declaró estar "profundamente preocupado" y dijo que "estará vigilante".

Entre quienes firman la declaración están varios diputados chilenos, como Karol Cariola junto al expresidente español José Rodríguez Zapatero, Fernando Lugo (Brasil), y Rafael Correa (Ecuador).

Las tensiones han crecido desde el año pasado, agudizadas ahora por la desconfianza sembrada por Bolsonaro en el sistema electrónico de votación que Brasil adoptó en 1996, que desde entonces no ha sido objeto de una sola denuncia de fraude, pero que según el mandatario propicia las trampas.

En medio de su campaña de descrédito contra el voto electrónico, Bolsonaro ha llegado a decir que en 2022 "no habrá elecciones" si no se adopta en paralelo un sistema de sufragio en papeletas, que ya fue rechazado por la Justicia electoral y el Parlamento.

Bolsonaro, sospechoso de corrupción en la negociación de vacunas covid-19, también es investigado por el Supremo sobre difusión de noticias falsas y amenazas a la democracia que ya llevó a la cárcel a numerosos activistas de ultraderecha.

"MORIR O LA VICTORIA"

Bolsonaro, un capitán de la reserva del Ejército, ha criticado esas detenciones y dijo que "todos deben encuadrarse en la Constitución" y respetar los derechos a la "libertad" y la "opinión".

Ttambién declaró, en tono dramático, que el escenario actual le plantea tres alternativas: "Ir preso, morir o la victoria".

Aunque advirtió que las protestas de hoy serán un "ultimátum", Bolsonaro ayer bajó el tono y pidió marchar por la "libertad", los "valores conservadores", "la familia, la propiedad privada y Dios".

Sumando un nuevo elemento en la estrategia para impedir la concreción de un cuarto retiro de fondos previsionales, que esta semana podría avanzar pasos claves, el Gobierno de Sebastián Piñera anunció este lunes una nueva Reforma Previsional -en rigor, la reposición de la segunda etapa de la que fue aprobada en 2019- que busca mejorar las pensiones.

El proyecto de ley, en concreto, tiene el objetivo de aumentar la Pensión Básica Solidaria a 177 mil pesos mensuales, con el fin de que todos los jubilados tengan pensiones sobre la línea de la pobreza, a lo cual se suma la extensión de cobertura del Aporte Previsional Solidario, pasando del 60% al 80% de los pensionados.

La iniciativa fue anunciada por el Presidente, a través de un mensaje remoto, en la que aseguró que "en estos tiempos de adversidad, el compromiso de nuestro Gobierno es doble: por un lado, proteger los ingresos de las familias, los empleos de los trabajadores y la sobrevivencia de las pymes, y por otro, mejorar las pensiones".

En esa línea, el Mandatario recordó que se creó la Red de Protección Social, la cual incluye el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) -recientemente extendido hasta noviembre, también en plena discusión del cuarto retiro-, el IFE Laboral y el Bono Alivio Pymes; además de una primera reforma que mejoró las pensiones de 1,7 millones de pensionados.

Piñera añadió que, sin embargo, estaba pendiente impulsar una nueva etapa , la cual lleva dos años estancada en el Senado, por lo cual se incorporará un nuevo proyecto de ley con "trámite de urgencia".

El Jefe de Estado aseguró que estas medidas beneficiarán a casi dos millones de chilenos adicionales, las cuales se financiarán -según el propio proyecto establece- con la reducción de exenciones tributarias "que no se justifican".

"Un buen gobierno siempre, y especialmente en tiempos difíciles, debe ser muy sensible con las necesidades de los ciudadanos. Pero al mismo tiempo, también debe ser muy responsable con las políticas públicas que impulsa y con los efectos", cerró .