Por Redacción

El 50% de los trabajadores debe arreglárselas para subsistir con un sueldo mensual del $420 mil o menos, según la Encuesta Suplementaria de Ingresos (ESI) correspondiente a 2020, realizada por el Instituto Nacional de Estadísticas.

El instrumento, aplicado entre octubre y diciembre del año pasado, arrojó que ese es el valor del ingreso laboral mediano en el país. Esto significa que la mitad de los trabajadores ganan un monto igual o inferior, mientras que la otra mitad se ubica por sobre dicha cifra.

Aunque se trata de una cantidad exigua, el dato representa un aumento de 4,7% respecto del año anterior.

En cuanto al ingreso laboral promedio, la encuesta del INE lo cifró en $635.134 como valor neto mensual, es decir, el ingreso bruto menos los descuentos por previsión y salud. Lo anterior es un 2,3% más que lo registrado en la medición de 2019.

El gobierno fue cauteloso frente a estos aumentos, asegurando que estos están determinados por la crisis sanitaria. "Si bien el ingreso promedio subió, hay que tener cuidado con esa cifra, porque deja en evidencia que la pandemia golpeó no solamente a los empleos en el país, sino que le quitó el trabajo fundamentalmente a sectores de menores ingresos", dijo el ministro del Trabajo, Patricio Melero.

"Al perder el trabajo, los salarios más bajos, obviamente que el promedio que se calcula subió (…) Hay que mirarlo desde la perspectiva de la destrucción de empleos que hubo con motivo de la pandemia", añadió el secretario de Estado.

Melero, además, dijo ver con "esperanza" el futuro. "Están dados todos los pasos para que Chile pueda recuperar la actividad económica y el crecimiento económico que venía sosteniendo hasta antes de la pandemia", sostuvo.

Al igual que otros estudios sobre el mercado laboral, la Encuesta Suplementaria de Ingresos muestra la brecha de género que existe en materia de empleo. "Durante 2020 los ingresos medio y mediano de los hombres se ubicaron en $692.289 y $450.592, respectivamente, mientras que en las mujeres estos alcanzaron los $551.327 y $400.000, respectivamente. Lo anterior implicó una brecha de -20,4% en el ingreso medio en desmedro de las mujeres", informó el organismo.

La influencia del nivel educacional también quedó reflejada en el sondeo. La categoría "educación secundaria" concentró el 41,6% del total de personas ocupadas, con ingresos medio y mediano de $421.710 y $362.450 al mes, respectivamente. En tanto, el nivel "postgrado" registró los ingresos más altos, con una media de $1.655.484 y una mediana de $1.208.166.

SE EXTIENDE LEY DE PROTECCIÓN DEL EMPLEO

El Ministerio del Trabajo informó la extensión de la Ley de Protección del Empleo en un mes más, es decir, hasta el 6 de octubre. De acuerdo a la cartera, esto incluye a las normas sobre suspensión temporal de contratos de trabajo, producto de actos o declaraciones de autoridad (como las cuarentenas) o por pactos de suspensión. Además, la extensión otorga derecho a un giro adicional con cargo al fondo solidario del Seguro de Cesantía. En cuanto a la reducción temporal de la jornada de trabajo, esta se mantendrá vigente hasta el 31 de diciembre.

El próximo jueves, la Comisión de Participación Popular y Equidad Territorial de la Convención Constitucional sesionará para terminar de definir sus normas internas, las cuales posteriormente tendrán que ser acopladas a la propuesta de reglamento definitivo que regulará todo el trabajo del órgano que redactara la nueva Constitución.

En ese contexto, este lunes, la instancia dio cuenta de la inclusión en sus reglas de la posibilidad de que existan plebiscitos dirimentes en caso de que algún artículo de la nueva Carta Magna tenga mayoría en el Pleno, pero no cuente con el respaldo de los dos tercios del total de sus miembros, idea propuesta por convencionales del PC.

De esta forma, la medida recobró vigencia, pese a que había sido rechazada la semana pasada en la subcomisión de Reglamento y Normas, donde se advirtió sobre la inconveniencia de instalar ese mecanismo ante la posibilidad cierta de que estas consultas no se puedan llevar a cabo por tiempo o recursos.

La encargada de presentar la idea fue la coordinadora de una de las subcomisiones en las que el tema fue reinstalado, Tania Madariaga (Lista del Pueblo), quien explicó que "fue una cuestión que discutimos bastante", detallando que el plebiscito se debe aplicar cuando ya exista un borrador de propuesta constitucional.

Según la representante, la consulta se aplicaría "en aquellos artículos donde no hay acuerdo, de acuerdo al quorum que se establezca en la Convención, y en que con un mínimo de votos pudiéramos llevar esto a una discusión que se vote una, dos veces y si no alcanza el quórum de acuerdo, se discuta si se lleva a plebiscito la moción".

Explicó que sobre esta materia en la subcomisión "no tuvimos unanimidad, pero estaríamos en general planteando que es un mecanismo que sería deseable que quedara incorporado y lo que faltaría en nuestra propuesta es la discusión de los quórums, porque entendemos que es una discusión mayor que se tienen que dar en otras instancias".

En tanto, el otro coordinador de la subcomisión, Jorge Baradit (PS), detalló que la idea es hacer un solo plebiscito alrededor de mayo de 2022. "Es un plebiscito, esa fue la discusión que dimos, fundamentalmente porque tiene que ver con los tiempos. El cronograma de participación es muy apretado".

Entre 800 mil y un millón de viajes dentro del país proyectan autoridades de Turismo que habrá durante los tres días de Fiestas Patrias en septiembre próximo, en el marco de las mayores libertades de movilidad, flexibilidades de aforo y ausencia de cordones y aduanas sanitarias entre regiones, que el Gobierno anunció como parte de la estrategia sanitaria "18 seguro".

El subsecretario de Turismo, José Luis Ugarte, basó su estimación en 2015 -cuando hubo tres días de asueto- pero además tomando en cuenta "el comportamiento de los chilenos en las vacaciones de invierno (…) creemos que los viajes se van a elevar y van a llegar por sobre los 800 mil", proyectando incluso "llegar al mismo nivel de viajes que ocurrió en 2018, donde las Fiestas Patrias fueron seis días".

Ante ese nivel de movilidad, algunos expertos han llamado a la precaución, teniendo a la vista lo que podría ocurrir con la variante delta que "demora seis semanas en transformarse en cepa dominante, y en Chile ya llevamos dos, por lo que para Fiestas Patrias la tendremos como cepa predominante", explicó el epidemiólogo de la Universidad de Talca Daniel Jiménez a Cooperativa, llamando "a resguardar más que a celebrar".

De todos modos, controles habrá, según anticipó el subsecretario de Interior, Juan Francisco Galli, quien aseguró que habrá "un plan de fiscalización especial y control especial en las medidas dispuestas por la autoridad sanitaria en esta materia", durante el 18.

"BERNUCCI EQUIVOCADO"

Pese a que el Colegio Médico, a través de su presidenta Izkia Siches, valoró el plan "18 seguro" del Gobierno, en la previa el secretario de la orden, José Miguel Bernucci, lo había criticado, proyectando un aumento "explosivo" e "imparable" de casos tras el festejo patrio.

En La Moneda ayer valoraron la posición gremial, aunque arremetieron contra el doctor Bernucci. "Las proyecciones del doctor Bernucci en el pasado han sido profundamente equivocadas. Propuso el 'cortocircuito epidémico', y hasta ahora no vemos que haya dicho que no era una buena medida", dijo el vocero Jaime Bellolio, instándolo a demostrar "bajo qué base" hace su estimación de la pandemia.

El Ministerio de Salud (Minsal) reportó ayer 387 nuevos contagios de covid-19, el registro más bajo desde el 21 de abril de 2020. Además, se reportó que siete regiones están cerca del 0% de positividad. Sobre 29.201 tests, la positividad llegó a 1,32%. También se informó sobre una ocupación de camas UCI del 82,4%, con 544 disponibles, y el deceso de 13 personas por coronavirus.

Con la variante delta al acecho, el Gobierno proyecta hasta un millón de viajes en el país en Fiestas Patrias

Esta semana ha ocurrido en la Convención constitucional algo que debe alarmar a todos. La comisión de ética ha propuesto sancionar la difusión, por cualquier medio, de "noticias falsas". Junto con ello se sugiere castigar el negacionismo y cualquier expresión de odio, violencia, discriminación o desacreditación".

A primera vista se trata de una medida sensata. Después de todo suena razonable que la libertad de expresión no se pueda emplear para mentir, justificar violaciones a los derechos humanos o atizar el odio.

Desgraciadamente cuando se la examina de cerca se concluye que se trata de un severo error.

Aquí van un par de razones.

Desde luego la mayor parte del discurso político no admite ser calificado ni de verdadero ni de falso. El discurso fáctico o empírico parece ser más proclive a esas calificaciones (puesto que en ese caso parece sencillo comparar lo que se asevera con lo que ocurre); pero si alguien dice que tal medida es injusta, estúpida, propia de ignorantes o algo semejante, o que sus rivales están mal intencionados, el calificativo de ser verdadera o falsa ese tipo de afirmación no procede. Menos admiten esos calificativos las promesas de un futuro mejor que son propias de la política. Tampoco parece razonable condenar como mentira las exageraciones retóricas en las que se incurre en el debate, aunque se refieran a hechos que resultan falsos. Las descripciones exageradas suelen ser falsas; pero es absurdo prohibirlas.

Tampoco es correcto castigar el negacionismo. Suele confundirse el negacionismo con el discurso de odio. El negacionismo (como de paso ha declarado la Corte Europea de Derechos Humanos) consiste casi siempre en una actitud intelectual o ideológica frente a un hecho o un puñado de hechos. El discurso de odio, en cambio, es el discurso derogatorio de la existencia ajena, la incitación a ejercer violencia contra un grupo ideológico o cultural o religioso. Y como ha declarado la Suprema Corte de los Estados Unidos, ese tipo de discurso (hate speech) requiere ser idóneo para provocar o incitar las acciones que proclama. Si bien hay países que castigan penalmente el negacionismo (en especial los que sienten culpa por el holocausto) hay otros (como USA o Inglaterra) que no lo hacen y en cambio castigan solamente el discurso de odio y este incluso de manera muy restrictiva, tanto que la jurisprudencia en una ocasión declaró lícito que una marcha nazi transitara por un barrio judío.

Y desde luego es difícil, salvo en un sentido muy informal, identificar un discurso "de violencia" ¿Cuál sería ese? ¿El que afirma que la violencia está a la base del cambio social como en la propia Convención se declaró para justificar la amnistía a los llamados presos de la revuelta? Y si no ¿será entonces el discurso que molesta o hiere a otro, que, como suele decirse, "lo violenta"? Pero si este último fuere el caso ello significaría entregar el control del discurso a los adversarios en el debate político muchos de los cuales podrían sentirse violentados por esta o por aquella expresión. Como sentirse violentado es un estado subjetivo, resultaría inevitable que fuera la persona a quien se dirige el discurso la que debiera señalar si se infringió la regla entregándole a ella entonces la palabra final.

No hay caso.

El control del discurso es algo muy difícil y siempre acaba lesionando al debate democrático. Y ello porque si usted concede que se controle el discurso, siempre entrega al controlador (que puede ser un individuo o, lo que es peor, la mayoría) la decisión final de lo que puede ser dicho y lo que no.

Y eso es lo mismo que cancelar el debate abierto que es la base de la democracia.

Carlos Peña

La Convención constitucional está a punto de cometer un grave error: limitar el debate por razones aparentemente morales; pero que en la práctica cancelan el debate abierto.