Plan Regulador: Cores piden garantías para postergar votación y sumar voces ciudadanas
Consejeros de distintos sectores políticos coincidieron en que debe existir un oficio conductor que respalde lo informado y así evitar el silencio administrativo que aprobaría el plan.
Este domingo debería concluir el plazo para que el Consejo Regional del Biobío (Core) aprobara o rechazara la onceava actualización del Plan Regulador Metropolitano de Concepción (PRMC) -que regula usos de suelo en el radio metropolitano de la provincia- tras ocho años de tramitación, y un proceso de consulta a cargo del Ministerio de Vivienda.
Sin embargo, la tarde de este miércoles el gobernador Rodrigo Díaz informó durante la sesión ordinaria del cuerpo colegiado, que además preside, que, tras una serie de consultas en Contraloría, al equipo jurídico del Gobierno Regional y una asesoría externa, el plazo terminaría este domingo 8, sino de forma preliminar el 14 de octubre.
"No estamos apretados de plazos. Tanto lo conversado en Contraloría como nuestra asesoría y la externa, nos indica que los plazos que nos rigen son de nuestra normativa, por tanto, se consideran días hábiles y no corridos como el Minvu. No tenemos que pronunciarnos de nada, y tampoco habrá silencio administrativo", detalló en la sesión.
Tras la jornada, los consejeros pidieron al gobernador y su equipo contar con un documento oficial que respalde lo informado para evitar que la actualización se apruebe sin haber sido sancionada, por medio del silencio administrativo. Pero también, los representantes solicitaron que se aclare qué hoja de ruta tendrá el proceso de consulta e incorporación de propuestas de organizaciones sociales y alcaldes.
Desde el equipo del gobernador dijeron que se continúa trabajando en dar respuesta a la solicitud de los consejeros, y en los próximos días se dará a conocer en detalle los pasos a seguir respecto al proceso que contempla cambios para doce comunas de la Provincia de Concepción, tanto en materia de participación como de ajustes que se deban realizar a lo ya avanzado.
GARANTÍAS PARA SEGUIR
Óscar Ramírez (DC) planteó su preocupación e indicó que "es importante esclarecer cuando es el plazo, y que el gobernador pueda llevar a conocimiento del consejo la modificación para que los consejeros y consejeras aprueben o rechacen la modificación, y dar certezas. No queremos que el consejo no se pronuncie en el plazo de 90 días y la modificación quede aceptada".
El expresidente del Consejo, Patricio Lara (RN) recordó que durante su presencia en la testera recibió el oficio conductor el 10 de mayo y que llamó a votación el 12 de julio, la cual terminó siendo postergada. "Después solamente ha habido una comisión más para abordar el tema. Seguir postergando la definición, en el escenario para que solo aprobemos o rechacemos, es inentendible. Hay que evitar que nos pase lo de aprobarlo sin votar con un silencio administrativo, con esto de los días corridos donde no hay un documento oficial. Entiendo que lo posterguemos si podemos ajustar cosas, y si se presentara un plan de trabajo, que hasta ahora no tenemos nada que nos hayan informado", dijo.
MÁS PARTICIPACIÓN
El presidente de la comisión de Planificación del hemiciclo, Luis Santibáñez (IND-UDI), en tanto, dijo que "le pedimos tanto al Gobierno Regional como al Minvu que pongan la pelota al piso, y se establezca un criterio único para definir los plazos en que se debe votar el instrumento, y terminar con las discrepancias administrativas jurídicas tanto en el fondo, como las materias perjudiciales para los territorios, y en la forma en materia de plazos. Esto se traduce en la entrega de documentación oficial que le permita actuar al consejo en potestad".
Además, explicó que "si se ingresa el oficio conductor con documentación certera, podemos realizar un proceso de participación ciudadana dentro de la comisión, y establecer la votación, donde se puedan hacer modificaciones en caso de no ser aprobado y que finalmente vote cada consejero según su criterio".
El consejero Javier Sandoval (PI) mostró su preocupación respecto al proceso, y recordó que más de 30 organizaciones sociales y medioambientales plantearon este miércoles en una carta que "el aplazamiento por seis meses sugerido por el gobernador no garantiza de ningún modo un cambio de malas prácticas, es solo una maniobra dilatoria más que también complace al seremi de Vivienda".
"Hasta el momento, el gobernador no ha presentado ningún oficio conductor, y el único presentado hace dos semanas lo retiró al día siguiente, donde se pedía pronunciamiento del Core para pedir al Minvu retirar el proyecto; no ha habido ningún pronunciamiento".
Además, recordó que la única solicitud ingresada a Contraloría sobre la materia la ingresó el propio consejero y sigue en fase de trámite: "Esto enrarece y distrae la discusión de fondo, porque aún el antecedente jurídico se hará después de plazo señalado por el Minvu. Todo debió entregarse antes de plazos ficticios o reales (...) Lo otro, ¿para qué buscamos generar este aplazamiento? El gobernador de forma generalista ha dicho que se puede elaborar una mesa Minvu-Gore para resolver aquellos puntos donde puede haber cambios".
Sandoval añadió que "llevamos dos semanas sin generar calendarios ni nada, y eso está en la autonomía de las comisiones. Generamos comisiones autónomas y no hemos recibido respuestas. Entonces parece que les hacen el quite a todas las instancias de deliberación".
La actualización del Plan Regulador Metropolitano se viene tramitando desde 2013, y busca incorporar una serie de cambios en materias como uso de suelos, delimitación de zonas y otros.