Por Efe

Australia, uno de los países con menos contagios de covid-19 en el mundo, prevé mantener su política de estrictos confinamientos incluso cuando tenga a toda la población vacunada, según dijo el primer ministro, Scott Morrison, mientras que las autoridades regionales de Sydney endurecieron las restricciones por un brote.

Si bien Australia no supera las 34.000 infecciones y solo reporta 923 decesos desde el inicio de la pandemia, las autoridades regionales han mantenido la estrategia de decretar confinamiento tras detectar un mínimo brote, aunque los casos se cuenten con los dedos.

En el caso de Melbourne, vivió un confinamiento de 112 días por un brote de covid-19 detectado a mediados de año, que causó la mayor parte de muertes en Australia, mientras que la irrupción de la variante delta hace seis semanas en Sydney mantiene a unos 6 millones de habitantes confinados desde el 26 de junio hasta al menos el 27 de agosto.

A raíz de este brote, que acumula desde entonces unas 2.600 infecciones y 13 fallecidos, las autoridades regionales endurecieron aún más las medidas en Sydney, tras reportar 239 casos y dos muertes.

El gobierno de Nueva Gales del Sur le dio a la policía local poderes para cerrar negocios, obras de construcción y otros establecimientos si no cumplen con las medidas sanitarias. En este contexto, la policía del estado solicitó ayuda del Ejército para vigilar el cumplimiento de las medidas impuestas en Sydney.

El comisionado, Mick Fuller, informó que pidió al Ejecutivo de Camberra el despliegue de 300 soldados para "reforzar su presencia operativa" en la capital estatal y las comunidades aledañas, en donde habita casi un 25% de los habitantes del país oceánico.

En paralelo, el gobierno estatal también impuso el uso obligatorio de mascarillas al aire libre y redujo de 10 a 5 kilómetros, el radio de desplazamiento permitido en ocho municipios del oeste y suroeste de Sydney, que es el actual epicentro de los contagios.

VACUNA Y CONFINAMIENTO

En medio de la crisis, el Ejecutivo reforzó el plan de vacunación, que acumula dos meses de retraso y que espera completar para Navidad, poniendo énfasis en la inoculación de dosis Pfizer y de AstraZeneca en las zonas críticas de Sydney, a pesar de que la vacuna anglosueca solo está recomendada en el país para los mayores de 60 años.

"Ciertamente las vacunas ayudarán en los esfuerzos para contener la propagación de la variante delta durante el confinamiento. Pero por sí solas no detendrán los confinamientos", aseguró Morrison. Hasta ahora, 16% de la población mayor de 16 años está completamente vacunada.

"No puedo garantizar que no haya otros confinamientos", advirtió y dijo que aprendió la lección de ir "rápido y temprano" ante la virulencia de la variante delta.

El país mantiene sus fronteras cerradas desde marzo de 2020, al igual que Nueva Zelanda, y prevé abrirlas progresivamente para mediados de 2022.

En este ambiente, activistas antivacunas podrían salir nuevamente a manifestarse mañana después de su protesta del fin de semana pasado, donde algunos llegaron incluso a enfrentarse con la policía.

DISNEY PIDE MASCARILLA

En paralelo, y también producto de la variante delta que se expande rápidamente por el estado de Florida (EE.UU.), Disney anunció que desde hoy es obligatorio el uso de mascarillas en los medios de transporte y lugares cerrados de sus parques en Orlando, incluso para las personas vacunadas y trabajadores de los parques.

REINO UNIDO QUITA CUARENTENA A VIAJEROS VACUNADOS

El Gobierno británico anunció que eliminará a partir del 2 de agosto la cuarentena para los viajeros llegados a Inglaterra desde Estados Unidos y la Unión Europea (UE) , a excepción de Francia, que hayan recibido la pauta completa de vacunación en sus propios países. No obstante, al margen de dónde se haya obtenido la vacuna, todavía tendrán que hacer cuarentena los viajeros procedentes de zonas riesgo epidemiológico, según Reino Unido, como Francia, y países de América Latina.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pidió a los gobiernos estatales y locales que utilicen los fondos de ayuda covid-19 para ofrecer una recompensa de 100 dólares a los estadounidenses que se vacunen y dijo que los cuatro millones de trabajadores federales tendrán que mostrar un certificado de vacunación o enfrentarán restricciones en el lugar de trabajo, incluido el cumplimiento de testeos semanales.

"No estamos completamente fuera de peligro todavía, porque lo que está sucediendo en Estados Unidos en este momento es una pandemia de no vacunados", dijo Biden.

Según el Departamento del Tesoro, los fondos provendrían de dinero reservado en el Plan de Rescate Estadounidense que asignó 350 mil millones de dólares a los gobiernos estatales, territoriales y locales.

"DE VIDA O MUERTE"

El anuncio de Biden supone un impulso más amplio del Gobierno para vacunar a los estadounidenses, presionado por la variante delta, que elevó las nuevas infecciones en todo el país.

Según la Casa Blanca, el 97% de los pacientes hospitalizados por covid-19 no ha recibido sus vacunas.

"Esto no se trata de estados rojos y estados azules. Se trata literalmente de vida o muerte", dijo Biden. "Sé que pagar a las personas que se vacunan puede parecer injusto para las que ya se han vacunado", reconoció. "Pero si los incentivos nos ayudan a vencer este virus, creo que deberíamos usarlos".

El presidente no puede ordenar a todos los estadounidenses que se vacunen, únicamente lo podrían hacer los Gobiernos estatales y locales. Lo que sí puede hacer es emitir un decreto para quienes trabajan para el Gobierno federal, pero no quiso llegar hasta ese punto, según la Casa Blanca.

No obstante, quienes no muestren una prueba de vacunación deberán "llevar una mascarilla al trabajo" y someterse a tests de forma "semanal" o incluso dos veces por semana. Además, deberán mantener distancias respecto al resto de empleados y quedarán sujetos a "restricciones en cuanto a sus viajes oficiales".

ALMAGRO CONTAGIADO

Por otro lado, ayer se informó que el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, dio positivo a covid-19 y suspendió "inmediatamente" su agenda pública.

Es un paciente sin síntomas y que está vacunado.

La escasez de efectivo en Venezuela, provocada por la alta inflación y la pandemia del coronavirus, hizo que los bancos del país cierren oficinas y reduzcan la cantidad de cajeros automáticos, por lo que los ciudadanos deben hacer largas filas o recorridos más largos para poder encontrar bolívares.

El secretario general de la Federación de Trabajadores Bancarios y Afines (Fetrabanca), Claudio Rivas, explicó que en diciembre de 2019 registraron 7.512 cajeros automáticos en el país, pero un año después quedaban 5.762, lo que representa una caída del 23%.

"Esa cifra ha mermado por la alta inflación, el tema de la dolarización de facto y por el mantenimiento de esos cajeros automáticos, que necesitan divisas para poder cambiarlos o poder traer las piezas que hacen falta para adecuarlo o hacerle mantenimiento", señaló.

SIN FUNCIONALIDAD

Rivas aseguró que los bancos cuentan con recursos para reparar los cajeros, pero considera innecesario mantenerlos en buen estado si no se proporcionan "las herramientas, como es el efectivo, para poder llenarlo de billetes".

Por eso indicó que, ante la falta de bolívares, los cajeros han perdido funcionalidad.

"El Banco Central de Venezuela, cuando reparte los billetes a los bancos, a las bóvedas principales, no es suficiente para surtir a todo el país o a todos los bancos", agregó.

Rivas dijo que la reducción de los cajeros automáticos empezó en 2016, cuando había casi 10.000 unidades en toda Venezuela, pero año tras año esa cifra ha ido bajando.

Según la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban), que regula a los bancos venezolanos, en marzo de 2014 había 9.542 cajeros en el país. En marzo de este año, en tanto, reportaron la existencia de tan solo 2.275.

Por la crisis económica y la pandemia de covid-19, los bancos también se han visto en la necesidad de cerrar agencias:de más de 7.400 sucursales en 2019, solo quedan 3.700.

Miles de guatemaltecos bloquearon ayer diversas carreteras para protestar y exigir la renuncia del presidente y la fiscal general, Alejandro Giammattei y Consuelo Porras, respectivamente, a quienes acusan por corrupción.

Los bloqueos forman parte de un paro nacional convocado por varios sectores sociales, como parte de protestas por la remoción del fiscal anticorrupción Juan Francisco Sandoval, destituido por Porras el 23 de julio pasado.

Desde la mañana, los manifestantes detuvieron el tránsito en el acceso a la Ciudad de Guatemala tanto desde el norte como desde el oeste, donde circulan miles de vehículos, mientras que las carreteras de 20 de los 22 departamentos de Guatemala fueron bloqueadas.

La principal exigencia es la renuncia del presidente Giammattei, a quien le reclaman la incapacidad de su Gobierno para combatir la pandemia y actos de corrupción divulgados por Sandoval.

Por su parte, Giammattei sólo expresó su preocupación por la suspensión temporal de la asistencia de Estados Unidos al Ministerio Público guatemalteco anunciada tras la destitución de Sandoval.

La mirada de la comunidad internacional sigue atenta a lo que ocurre en Cuba y llamó la atención que el Gobierno confirmara la muerte de cinco generales en diez días sin entregar detalles sobre las causas de los decesos o si están vinculados a covid-19.

Según The New York Post, la última muerte fue del general de brigada Armando Choy Rodríguez, de 87 años, fundador del "Movimiento 26 de Julio" en Las Villas.

También fallecieron Manuel Lastres Pacheco, exgeneral y luego comandante del Ejército Oriental de Cuba; Rubén Martínez Puente (79 años), el general que ordenó derribar un avión civil de exilados en 1996; Marcelo Verdecia Perdomo, general y ex guardaespaldas de Fidel Castro; y Agustín Peña Porres, ex comandante y miembro del Comité Central Comunista de Cuba.

SIGUEN LAS PROTESTAS

El Gobierno cubano ha sido ampliamente criticado en las últimas semanas y la Unión Europea mostró ayer "apoyo inequívoco" a los ciudadanos de Cuba tras las protestas antigubernamentales que estallaron en la isla el pasado 11 de julio y reclamó a Miguel Díaz-Canel que libere a los detenidos.