-Hace unos días usted mencionó que ya no es posible hablar de delincuencia común, que ahora impera el crimen organizado. ¿A qué apuntaba su comentario?

-Mi comentario iba hacia que quizás la pandemia ha tenido impacto relevante en ciertos cambios de conducta. Uno es que la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana del 2020 muestra que los delitos de mayor connotación social han caído de manera importante. Incluso, un 30-35 por ciento menos. Uno de cada tres delitos se dejó de cometer en el año. Sin embargo, la, sensación de los ciudadanos es todo lo contrario. El 85% de los chilenos piensa que va a ser víctima de un delito en los próximos 12 meses. ¿Qué implica esto? Que no basta que los delitos caigan, sino que las personas tienen que sentirse más seguras. Por eso, parte del problema actual no es la comisión de delitos, sino que la violencia que impera en algunos territorios o poblaciones y barrios que generan la sensación de temor. Por eso hablo que lo más complejo no es la delincuencia común, sino que esta delincuencia organizada, las bandas dedicadas al narcotráfico, las que utilizan armas de fuego, las que roban vehículos para cometer otros delitos y que son los que generan esta sensación de inseguridad producto de la violencia con la que actúan.

-Se ha instalado la idea de que hay barrios a los que la policía no entra. ¿Le preocupa esto?

-No, yo diría que en nuestro país la policía actúa tomando medidas de resguardo y seguridad dependiendo del cuál la peligrosidad o los riesgos de actuar. Pero actúa y cumple las órdenes judiciales. Hay cierta injusticia en esa crítica cuando en el último tiempo hemos tenido casos de funcionarios policiales que en el cumplimiento de su función han perdido la vida. Por eso, hacer una crítica como que las policías no se atreverían a entrar a lugares donde hay más violencia, yo lo considero injusto. Lo que sí, nos tenemos que preocupar de esos territorios donde hay más presencia de armas, violencia y drogas. Ahí es donde hay que actuar. Por eso es relevante la cifra de allanamientos realizados durante el 2021 en la RM, donde hubo 540. Vale decir, 540 operativos policiales en que se ingresó a domicilios en la búsqueda de armas, drogas o evidencias de delitos. Cuando uno ve georreferenciados esos allanamientos, estos se realizan en los lugares o zonas donde más presencia de droga hay. Hay correlación entre la acción policial y la presencia de drogas y armas.

-¿Se ha perdido el control de las armas? Hace poco el candidato Mario Desbordes dijo que andaba armado para protegerse ante amenazas.

-Ahí distingo el uso legal de armas que está regulado en la ley, para fines de defensa personal, de seguridad privada, o deporte, o colección. Nuestra ley requiere de una actualización. Hace 14 años se tramita una ley que debiera avanzar, por ejemplo, en la unificación de las bases de datos de las armas, del registro. Y en segundo lugar está regular las armas que están siendo utilizadas hoy para el delito. Por ejemplo, las armas de fogueo, que hoy con una adaptación puede transformarse en armas letales. Uno de los cambios legales es que esas armas que son fácilmente modificable también estén sujetas a regulación.

-¿Ha habido muchas críticas al gobierno por las expulsiones de migrantes. ¿No han pensado en modificar el protocolo?

-La obligación de Estado es hacer cumplir la ley. Lo que ha ocurrido en el último tiempo es que ha aumentado el ingreso clandestino y la señal que tenemos que dar como Estado es que vamos a hacer cumplir la ley, pero no persiguiendo penalmente a esos migrantes, sino que aplicando la medida de expulsión.

-Pero las críticas son por el trato indigno.

-Uno saca lecciones. En algún momento se criticó por la vestimenta en algunos procesos, eso lo hemos corregido y claro tuvimos un diálogo con el gobierno venezolano para definir la forma en que se iban a realizar estas expulsiones, de tal manera que se materialicen de la mejor manera posible y no hacer de ella como una denigración para la persona que está siendo expulsada. Pero se ha dio corrigiendo en la medida que nos hemos dado cuenta de que la percepción ciudadana no era la correcta respecto de una media que no se tomó única y exclusivamente por razones sanitarias.

"Ha aumentado el ingreso clandestino y la señal que tenemos que dar como Estado es que vamos a hacer cumplir la ley, pero no persiguiendo penalmente a esos migrantes, sino que aplicando la medida de expulsión".