Por Mauricio Ávila C.

Es difícil imaginarse al subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, mostrando tarjetas o cobrando penales. Pero lo hizo por casi ocho años como árbitro profesional, actividad que realizó en paralelo con su título de abogado.

Hoy secunda al ministro Rodrigo Delgado y desde su oficina en la Moneda colaboró con el proceso de instalación de la Convención Constitucional que hoy tendrá su primera sesión en el recinto del ex Congreso Nacional en Santiago.

-Algunos constituyentes convocaron a una marcha que desembocará en la sede de la Convención. Como autoridad, ¿qué espera de esta instalación?

-Yo espero que prime el diálogo. La Convención Constitucional va a ser la que fije las bases de la institucionalidad del país para nuestro futuro y por lo mismo tiene que primar el diálogo y ojalá se llegue a grandes acuerdos, porque las constituciones contienen fundamentalmente tres materias: las definiciones gruesas de los consensos sociales, cuáles son las garantías y los derechos que le concede a los ciudadanos y la orgánica estatal, vale decir, cómo nos vamos a definir. El otro día me tocó participar en una discusión que se dio en un programa de radio sobre, por ejemplo, cómo nos vamos a estructurar regional o territorialmente, y también cuál va a ser nuestro sistema de gobierno. Hay muchos temas relevantes que van a tener que ser tratados y debiera ser en un ambiente de diálogo y confrontación de ideas. No es necesario estar de acuerdo en todo. Por el contrario, creo que la composición de la Convención lo que permite es que distintas perspectivas y visiones sean puestas sobre la mesa y puedan conversarse en base a la amistad cívica.

-Hoy, en campaña, se habla mucho de seguridad pública. ¿De qué modo debiera garantizarse en la Constitución?

-Ahí hay dos perspectivas. La primera es si es que debiéramos consagrar algún tipo de garantía, derechos o deberes del Estado de proveer el bien público de la seguridad y en qué forma asegurárselo a la ciudadanía. Y eso tiene que ver con las distintas etapas de la seguridad. Desde la prevención, vale decir, tomar medidas para que las personas no propendan a la comisión de delitos. Pero después en el control, que haya una fiscalización y un control apropiado de las normas que como sociedad nos hemos definido. Y también la persecución penal, vale decir, que tengamos estructuras con la suficiente autonomía para que juzguen y persigan a las personas que se han salido del marco social y han cometido delitos. Por último, la atención a aquellas personas que han sido víctimas, que han resultado dañadas como consecuencia de alguna vulneración en sus derechos. También, cómo reinsertamos a aquellas personas que han cometido delitos para que no vuelvan a delinquir. En ese sentido, ojalá la Constitución dé líneas gruesas de qué son las competencias de los distintos órganos públicos, del Poder Judicial, del Ministerio Público, cuál es el rol del Gobierno en cada una de estas etapas y cuáles son los órganos a cargo del control.

-Hace mucho que se discute el rol de las policías.

-Uno siempre piensa en las policías, pero acá hay muchos otros órganos de control. Abriendo nuestra mente al siglo XXI, hoy es importante solo el territorio, pero también lo es resguardar nuestras aguas, nuestro mar, nuestros recursos marinos. Bueno, eso está a cargo de una policía marítima que no depende del ministerio del Interior. Y lo mismo el ciberespacio. Cómo nos hacemos cargo de la ciberseguridad y de un espacio que es desconocido o menos visible. Es mucho más fácil pensar en algo físico, pero los delitos informáticos son igualmente graves.

No sólo pueden afectar el patrimonio de las personas, que uno puede ser estafado, sino que además afectan otros bienes, como tu intimidad, dando a conocer tus datos personales. O también puede afectar la vida de las personas. Tuvimos un caso hace poco de la interrupción de los servicios hospitalarios en Alemania que le costó la vida de una persona. O la infraestructura crítica: cómo los sistemas de

funcionamiento de nuestra economía muchas veces dependen de la continuidad operacional que está en plataformas informáticas. Los desafíos son muchos y debieran estar presentes estos debates de la seguridad del futuro más que quedarnos en lo que es la seguridad del presente o cómo fue en el pasado.

-Mientras se discuta esto en la Convención, ya se trabaja la modernización de Carabineros. ¿Qué se pretende con ella?

-El proceso de reforma ha sido de avance continuo. Ya en el programa de gobierno pusimos por primera vez una propuesta en materia de seguridad que iba más allá de simplemente aumentar la dotación de las policías. Nos dimos cuenta de que, mucho más que personas, necesitábamos un enfoque más moderno. Por eso propusimos una serie de medidas de modernización de las policías y eso llevó a que el Presidente en uno de los cinco acuerdos nacionales a los que convocó al iniciar su gobierno incluyera uno de la Seguridad Pública. Luego de eso ocurrieron muchas cosas y quizás la más relevante fue lo que ocurrió con el 18 de octubre de 2019, porque no habíamos conversado sobre uno de los ejes más relevantes que era el control del orden público. Qué es lo que entendemos por orden público, cómo actuamos, si Carabineros está capacitado o no, si tiene las capacidades para enfrentar situaciones de violencia como las que se dieron, y además ¿qué pasa cuando la acción policial genera la vulneración de los derechos de las personas? Por eso estructuramos la reforma tratando de abarcar cada uno de los ejes gruesos de los que veníamos ya conversando.

-¿Cómo se resume la propuesta del gobierno para reformar Carabineros?

-Tiene cuatro ejes. El primero, institucionalidad y gobernanza. Es decir, definir si nuestra institucionalidad es la adecuada para enfrentar los desafíos que existen en materia de seguridad y orden público. Ahí caben dos ejemplos clave, como son la creación de un ministerio de Seguridad Pública, que está pronto a ingresar al Congreso. También algunos cambios que ha hecho la misma institución, como la creación de una dirección de DDHH. Un segundo eje es la modernización de la gestión. En eso ya veníamos avanzando bastante en incorporar tecnología, más medidas de probidad y control para evitar, por ejemplo, fraudes como el que se cometió. En tercer lugar, es la formación y carrera. En esa área ya se amplió de uno a dos años el proceso de formación de un carabinero. Y el último eje es, y tal vez el más urgente, el control del orden público. Ahí hay mucho debate. Hemos dado a conocer hace poco los protocolos de control del orden público que cambian paradigmas en esta materia. Se deja atrás la discusión de si una manifestación es lícita o ilícita dependiendo de si está autorizada o no. Y cambia la perspectiva, dándoles la función a las policías de proteger a los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos de manifestación y reunión con límites muy claros que establece la Constitución actual.

-¿Qué tan profundos serán estos cambios? Hay muchos que hablan de una refundación, vale decir, partir de cero.

-Yo creo que la reforma es profunda. Si logramos avanzar en estos cuatro ejes con consensos y con acuerdos creo que va a ser un cambio profundo en la institución, porque nuestro diagnóstico más que mirar a la institución de Carabineros es que hoy día el uso de la fuerza por parte del Estado está muy sujeto a cuestionamiento a nivel global. No es una discusión que se da sólo acá, sino también en España, Colombia, Francia, Bolivia, Perú… incluso en EE.UU., donde uno pensaba que es una sociedad en que las policías estaban completamente legitimadas, pero en todos estos lugares también hay iniciativas de reforma policial. En Chile tenemos una oportunidad de avanzar mirando al futuro para un tema que es tan delicado como la seguridad.

-¿Es recuperable la confianza y legitimidad de Carabineros con todos los escándalos y denuncias de violaciones a los Derechos Humanos?

-No nos podemos quedar en los diagnósticos. Acá hay que aprender las lecciones y corregir. Si hay algo que nos exige la sociedad actual es que no sigamos haciendo las mismas cosas que no estuvieron bien. O que generaron daño a las personas. Lo que yo veo es un compromiso de tratar de entender a esta sociedad nueva y adaptar una función tan compleja como son los policías a lo que ella nos exige. Si uno mira las encuestas de evaluación ciudadana, no solo Carabineros, sino también la PDI, tienen una evaluación superior a otras instituciones del Estado. Ahí hay una base. No digo que sea suficiente, sino que es buena base para partir esa adaptación a la nueva realidad social.

-El candidato Ignacio Briones propuso una reparación del Estado a las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos tras el estallido. ¿Le parece que hay una responsabilidad del Estado en lo que ocurrió?

-Hay que esperar las resoluciones de la Justicia y cuando la Justicia, con todos los antecedentes, resuelva si en estos casos se cometió o no delito, en ese caso tendrán que hacerse todas las evaluaciones que correspondan. En lo que no nos podemos quedar es en que más allá de quién sea el responsable, esas víctimas no pueden quedar desamparadas. En ese sentido ingresamos un proyecto de ley que apunta justamente a eso, un Servicio Nacional de Apoyo a Víctimas que permita, independientemente de cuál fue el autor del delito, que la víctima sea atendida por el Estado, porque más allá de la reparación económica, que es bastante inefectiva en estos casos, lo lógico es que haya apoyo sicológico integral, que el Estado nunca deje atrás a una persona que ha sido dañada.

"Lo más complejo no es la delincuencia común, sino que esta delincuencia organizada, las bandas dedicadas al narcotráfico, las que utilizan armas de fuego, las que roban vehículos para cometer delitos".