Chile es y, seguirá siendo, uno de los países más gravemente dañados por la crisis climática. Es que la megasequía que azota al país por más de una década, los incendios forestales que destruyen miles de hectáreas de bosques, afectando su flora y fauna; los aluviones, temporales y temperaturas extremas, han sido solo algunas de las consecuencias. El gran responsable es el ser humano y debemos hacernos cargo, aunque pertenezcamos a un lejano rincón del planeta y no aportemos más del 0,26% del CO2 mundial.

Naciones Unidas advirtió que la Tierra podría ser un "infierno inhabitable" ya que en los últimos 20 años se produjeron 7.348 desastres naturales en el mundo, aumentando peligrosamente a un 74,4%. Catástrofe que cobró 2,3 millones de vidas humanas y afectaron a más de 4.200 millones de personas, generando pérdidas económicas por casi US$3 trillones.

En este escenario, y con la instalación de la Convención Constitucional, nos deberemos obligar y exigir, que la nueva Constitución resguarde la convicción de que nuestro gran bien común; nuestro entorno, nuestro ecosistema, nuestra biodiversidad, nuestra naturaleza y medioambiente, son invaluables. Deberemos garantizar el cuidado y protección del lugar donde vivimos y el que queremos entregar a las futuras generaciones. Las dimensiones ecológicas y sociales deben ser un rango de máxima jerarquía en la nueva Carta Magna y un concepto que debe conducir a un equilibrio entre desarrollo económico y sostenibilidad.

Asegurar el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación y preservar la naturaleza, son deberes del Estado, presentes en la actual Constitución. Sin embargo, nuestra historia medio ambiental ha develado que no por ello, la tarea queda resuelta. Afortunadamente, poco a poco la conciencia verde y la instalación de una economía sostenible se está arraigando fuertemente en nuestra sociedad y muy positivamente en el mundo empresarial.

Hay que asentar las bases del respeto por la madre tierra y sus comunidades a través del Estado, y que se consolide transversalmente en todas las áreas y disciplinas. Un cambio cultural clave para el futuro de Chile donde ya se está instalando también el impulsar un sistema financiero orientado a la inversión sostenible que se ocupa del crecimiento económico, del cuidado de la salud de las personas, la reducción de emisiones y el pilar social.

El gran desafío país es aprovechar esta oportunidad histórica para converger e inspirarnos en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que impulsa la Agenda 2030 de la ONU.

Muchos han sido los esfuerzos en Chile y el mundo los últimos años por disminuir las brechas de género existentes en todo ámbito, donde si bien se valoran cada una de las iniciativas desplegadas al respecto, claramente estas aún no son suficientes.

En este sentido, Chile tiene una brecha de género del 72.3%, porcentaje que sitúa a nuestro país en el puesto 57° de acuerdo al ranking mundial elaborado al respecto por el Foro Económico Mundial. Ahora bien, si consideramos que el 2006 estábamos en el puesto 78°, es innegable que algo hemos avanzado.

No obstante, y de acuerdo al último informe del Observatorio del Contexto Económico de la UDP, las cifras entre las personas que decidieron en Chile abandonar el mercado laboral de manera permanente afectan y con mucha más fuerza a las mujeres en comparación con los hombres. Al respecto, en general, se detectó un aumento anual de este indicador en un 18%. Se trata de personas que no han buscado empleo el último mes y tampoco están disponibles para trabajar, vale decir, salieron de la fuerza laboral de forma permanente. Esto de por sí ya es bastante complicado, pues dichas personas no aparecen en las cifras del mercado laboral, no se les puede identificar como desempleados, por lo tanto, la cesantía real en Chile, sin duda, es muchísimo mayor a las cifras que se conocen.

Sin embargo, de mayor preocupación y complejidad resulta que de estos desempleados habituales, el 65% son mujeres, donde además de este mismo grupo, el 35% alude razones familiares permanentes, es decir, se han tenido que quedar forzosamente "en la casa" para cuidar a los niños o asumir labores del hogar, lo que las condiciona negativa y permanentemente para no poder retornar a la fuerza de trabajo. Además, y quizás más alarmante (e injusto) es que un 25% de ellas son jefas de hogar (principal proveedor familiar), lo que a la vez genera aún más graves efectos para sus economías familiares.

Por otro lado, para el caso de los hombres, un 44% reconoce -por ejemplo- razones de estudio, o sea, dice que no busca trabajo ni está disponible para hacerlo porque está estudiando, lo que implica un fortalecimiento de sus potencialidades y como capital humano a través de la educación, lo que no se produce tampoco para el caso de las mujeres. En este sentido, ellas finalmente deben sacrificar estas oportunidades de crecimiento para dedicarse a labores de casa o bien de cuidado de su familia, lo que es clara y abiertamente asimétrico en cuanto a las oportunidades comparativas.

Esta situación debiera encender en cada uno de nosotros luces de alerta, pues si se quiere desde las políticas públicas fomentar la equidad de género, el mercado del trabajo es un tremendo espacio donde poder hacerlo, sin que hasta ahora se haya abordado de manera eficaz y efectiva. Tanto Gobierno, legisladores, el mundo público y privado, estamos llamados a trabajar por disminuir estas brechas, pues hoy en día, la foto de quienes debieron abandonar -sin quererlo- sus posibilidades de trabajar para llevar el pan a casa, en Chile tienen rostro y nombre de mujer.

Hemos sido invitados como gremio a participar en la elaboración del "Plan de Movilidad 2050, por un Gran Concepción Sostenible", que impulsa la Seremi de Transportes. Un Master Plan ambicioso, pero necesario y urgente para una metrópolis que crece aceleradamente en materia de transportes y territorialidad.

Como lo dice su denominación, apunta a desarrollar un conjunto de iniciativas con una visión integrada de transporte en concordancia con un desarrollo urbano, donde el foco sean los habitantes y su calidad de vida.

Valoramos que en la gestación de esta estrategia se convoque a distintos actores de la sociedad. Aplaudimos además que este plan sea el primero a nivel nacional que congregue a quienes habitan y usan la ciudad.

La innovación del modelo de gestión que se pretende aplicar busca mejorar el sistema de transporte, pero también, cambiar la estructura de los espacios públicos con proyectos que permitan consolidar una urbe amigable para los que vivimos en ella. El énfasis no es solamente modernizar el transporte público o "arreglar el tránsito", sino que se entiende la movilidad como un concepto mucho más amplio.

Por esta razón, creemos que es importante considerar algunos factores que incidirán en la ciudad de los próximos 30 años. La nueva realidad estará caracterizada por un notable envejecimiento de la población; una alta tasa de motorización, con más de 400 mil vehículos circulando y una mayor necesidad de viviendas, donde se requerirán cerca de 80 mil en el Gran Concepción.

Uno de los desafíos será materializar las iniciativas que se proyecten en el marco de este plan, más allá de los vaivenes políticos, ya que a través de décadas hemos visto como algunas obras son postergadas por el cambio de autoridades.

Hoy, además existe una enorme oportunidad con la elección del gobernador regional. Entre sus atribuciones, podrá establecer un Plan Regional de Ordenamiento Territorial, surgido de proyectos participativos.

Nuestro deseo es que la autoridad pueda lograr un modelo en sintonía con las demandas locales y con los desafíos aquí planteados, como son una integración y un desarrollo sostenible verdaderos.

Es relevante señalar que la infraestructura asociada al transporte siempre debe aportar al desarrollo de espacios comunitarios, como multicanchas, parques urbanos y sedes vecinales.

Como gremio estamos a disposición para aportar a una temática ineludible para la vida de los ciudadanos. A través de nuestro eje gremial Ciudad y Territorio impulsamos el concepto de una urbe integrada social y territorialmente.

Con comunas conectadas entre sí y que puedan brindar a sus vecinos seguridad, acceso a la salud, educación, servicios básicos y espacios públicos.

Que se configure como una metrópolis de oportunidades, incorporando además el factor digital para facilitar la vida de sus habitantes (Smart City). Todo esto, por cierto, recogiendo la vocación y desarrollo económico del Gran Concepción, caracterizado por su rol de servicios e industrial.

Según lo planteado, la Imagen Objetivo y las propuestas de proyectos deben estar definidas este año. Consideramos que entre ellas deben incluirse los valores mencionados anteriormente, además de potenciar sistemas intermodales de transportes: como el auto, la bicicleta, caminatas, y por supuesto, el metro.

En definitiva, el propósito es redistribuir la ciudad para que todos los modos de transporte convivan de forma segura.

Lunes 28 de junio: El Ministerio Público reveló ayer que busca más datos sobre si existió algún tipo de negligencia en el manejo del primer caso de la variante delta del covid-19 registrado en Chile, ya que la paciente no hizo cuarentena en un hotel como exige la normativa para quienes vienen desde el extranjero, sino que tras una noche en Santiago viajó a su casa en San Javier, Región del Maule, al funeral de su padre, argumento que utilizó -amparada por el Ministerio de Salud- como razón humanitaria. Una hermana de la mujer ya dio positivo al test para coronavirus.

Martes 29 de junio: El Presidente Sebastián Piñera reveló ayer la detección de un segundo caso en Chile de la variante delta del coronavirus, cepa que ha hecho retroceder el desconfinamiento en Europa debido a su alta velocidad de transmisión. Se trata de un chileno que estudiaba en Europa y regresó al país en un vuelo proveniente de Armenia (Asia). Junto a él viajaban 56 personas que, al cierre de esta edición, aún estaban siendo contactadas por la autoridad sanitaria. Paula Daza, agregó que se trata de un "joven chileno que había salido en septiembre del país para estudiar en Europa y regresó el 17 de junio

Miércoles 30 de junio: Hace seis días se cumplió la fecha original en la cual el Ministerio de Salud, de acuerdo con lo informado por el propio ministro Enrique Paris, daría a conocer profundos cambios en el Plan Paso a Paso, la estrategia sanitaria del Gobierno para gestionar la pandemia. Esta herramienta, de acuerdo a expertos y autoridades, requería varios ajustes, tras más de un año de su implementación. Sin embargo, en esos días la temida variante delta del covid-19 hizo su arribo al país, con lo cual el panorama cambió radicalmente, incluyendo un replanteamiento en algunas de las modificaciones.

Jueves 1 de julio: Dentro de los próximos cinco días se podría saber si alguno de los miembros de una familia de San Felipe, que llegó de un viaje en Estados Unidos, podría convertirse en el tercer caso confirmado de la variante delta de covid-19 en el país. Según informaron medios locales, la directora del Servicio de Salud de Aconcagua, Susan Porras, señaló que "hasta el momento no tenemos ningún caso confirmado de en el Valle del Aconcagua". No obstante, admitió que los resultados de los exámenes realizados -entre ellos a un lactante de siete meses- ya fueron enviados al Instituto de Salud Pública (ISP).

Miércoles 30 de junio: Olas de calor "excepcionales y peligrosas" afectan al noroeste de Estados Unidos y el oeste de Canadá, donde las temperaturas incluso superaron los 45 grados Celsius durante más de cinco días seguidos en lugares que están acostumbrados a un clima frío, alertó la Organización Meteorológica Mundial (OMM). "Se han roto tantos récords que es difícil llevar la cuenta", dijo la portavoz de la OMM, Clare Nullis. El organismo especializado de la ONU advirtió que con el cambio climático, eventos excepcionales como las olas de calor se están volviendo más comunes y prolongados, lo que supone una amenaza para la salud.

Jueves 1 de julio: Todos los países de la Unión Europea (UE), salvo Irlanda, están preparados técnicamente para que hoy entre en vigor de manera oficial el certificado covid-19 digital. El documento busca facilitar la movilidad e impulsar el turismo de cara a la campaña de verano en la región, aunque algunos países, como España, ya lo habían empezado a usar antes. El comisario de Justicia de la UE, Didier Reynders, explicó que debido a un ciberataque ocurrido en mayo, Dublín no logró "alcanzar el objetivo" de tener listas "las soluciones técnicas a principios de julio".