Corte de Apelaciones ha recibido este año 67 recursos de amparo por expulsión de extranjeros
La mayoría son venezolanos que han ingresado por pasos irregulares. Organizaciones que trabajan con migrantes creen que expulsiones son ilegales. Intendencia defendió la medida.
La ley de migración considera varias situaciones por las cuales un extranjero puede ser expulsado de Chile. Una de ellas es encontrarse de manera ilegal en el país (cuando ingresa por pasos no autorizados) o de forma irregular (no contar con la visa apropiada o tener el documento vencido).
Es la Intendencia la que presenta las solicitudes de expulsión. En Biobío ya se han decretado 150 decretos de salida este año y en todo 2020 fueron 65. Plantearon que este incremento está vinculado principalmente al aumento de ingresos por pasos no habilitados, situación que también reconocieron en la Clínica Jurídica de la Universidad de Concepción.
Una forma de revertir esta medida es a través de recursos de amparo ante los tribunales de justicia. La Corte de Apelaciones ha acogido 67 solicitudes este año, de las cuales 15 son de este mes. Los procesos están con distintos avances en su tramitación.
Si bien en Intendencia no tienen el detalle de las nacionalidades de quienes han sido expulsados, en la Clínica Jurídica de la UdeC mencionaron que este año han atendido principalmente a venezolanos, aunque también han llegado cubanos y dominicanos.
"Son las tres principales nacionalidades a las que se les exige visa consular de turismo para ingresar, junto con los haitianos, pero este año no hemos tenido recursos para ellos", detalló Bárbara Silva, abogada de la Clínica.
Las organizaciones que trabajan con los migrantes cuestionaron los procedimientos para concretar las expulsiones y denunciaron que se han hecho con engaños y que son ilegales.
El asesor jurídico de la Intendencia, Sebastián Maldonado, respondió que "hay desinformación de la asociación de migrantes, por cuanto es la ley la que establece el procedimiento, así como los recursos administrativos y judiciales para modificar o revertir tanto la decisión de la autoridad como el no cumplimiento de los requisitos para permanecer de manera regular en el país".
Tristeza
Francia Campos, presidenta de la Organización de Venezolanos (Orve) en Biobío, calificó las expulsiones del último tiempo como una "experiencia triste y dolorosa. La gente llega llena de esperanzas y las expulsiones han sorprendido a todos".
Añadió que antes no habían tenido problemas y los decretos de salida para sus compatriotas se iniciaron hace unos tres meses.
Según Campos, el gobierno ha "engañado" a los migrantes, porque conminó a quienes entraron por pasos no habilitados a autodenunciarse y fijaron un plazo de 180 días para salir sin sanción, pero eso no se ha cumplido.
"No es justo lo que está sucediendo. Estoy de acuerdo con que las personas que tienen antecedentes y que vienen a delinquir sean expulsadas, pero dentro de los expulsados hay personas que no han hecho nada. Creímos en el Presidente cuando dijo que las puertas de Chile estaban abiertas para los venezolanos", afirmó.
Expulsiones
Bárbara Silva es abogada y desde 2016 viene trabajando en temas de migración y refugio en la Clínica Jurídica de la Universidad de Concepción. Reconoció que desde el segundo semestre del año pasado hubo un aumento notorio de las órdenes, lo que se acrecentó cuando se levantó la última cuarentena en Concepción.
"Durante muchos meses las personas migrantes no podían ir a firmar a la PDI. Ahí hubo un aumento exponencial, porque a mucha gente la notificaron en la misma fecha", expuso.
Detalló que este año ya han presentado 25 amparos, aunque sabe que hay muchos más recursos.
Planteó que "el poder Ejecutivo vulnera gravemente los derechos de los migrantes con estas expulsiones, que son ilegales, porque la forma en la que proceden las intendencias para expulsar en el caso de los ingresos por pasos no habilitados no están conforme a la ley".
Complementó que "lo que las intendencias hacen es denunciar a la fiscalía el supuesto delito de ingreso clandestino al país y con eso, según ellos, quedarían habilitados para expulsar, cosa que no es así, porque la ley exige que se les condene. Con eso se vulnera el decreto de ley y también garantías constitucionales, como el debido proceso y la presunción de inocencia".
Sebastián Maldonado, asesor jurídico de la Intendencia, relató que el proceso se inicia cuando el extranjero que ingresó de manera ilegal acude a la PDI, donde hace una declaración voluntaria donde confiesa haber hecho un ingreso de manera clandestina, evadiendo el control migratorio.
"Esos antecedentes se envían a la Intendencia junto al informe policial respectivo y con esos antecedentes se toma la decisión", describió.
Según Bárbara Silva, ahí falla la normativa actual, pues no considera una instancia en la que el migrante pueda exponer por qué incurrió en la conducta irregular.
Procedimiento
Los recursos de amparo, según el Poder Judicial, tienen un tiempo de tramitación de tres días en promedio, desde que ingresan hasta que se fallan. Normalmente las solicitudes vienen con órdenes de no innovar, las que son acogidas regularmente. En este momento hay siete recursos que están en tramitación sin fallo.
Bárbara Silva comentó que hasta 2018, lo que venía después del rechazo de la expulsión era sencillo, pues con la sentencia se generaba la posibilidad de que la persona generar una solicitud de visa.
A partir de 2019, añadió, hay que enviar todos los antecedentes al subsecretario del Interior, incluida la sentencia, para que se otorgue la regularización. "Ya no pueden ser expulsados, pero quedan en un limbo, porque al no estar regularizados, la ley les impide trabajar formalmente. La política migratoria en este país es muy nefasta", cerró.
MESA DE MIGRANTES
Otra institución que ha incorporado la atención a migrantes es la Corporación de Asistencia Judicial (CAJ) de Biobío. Gonzalo Contreras, director (s) del organismo, contó que si bien no tienen una línea especial de atención para extranjeros, "se instaló de forma permanente una mesa de migrantes, cuyo propósito es fijar protocolos para la atención en toda nuestra jurisdicción y de esa forma atender de mejor manera las necesidades jurídicas de estas comunidades". Mauricio Vergara, director jurídico de CAJ Biobío, añadió que en los últimos dos meses han atendido unas 20 consultas, vinculadas a problemas con trámites en Extranjería y con expulsiones. "Hay un incremento en la demanda de consultas", dijo.