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Pros y contras
Ignacio Irarrázaval, director del Centro de Políticas Públicas UC, cree que lo más complejo de la instalación, considerando las normativas vigentes, es la relación que tendrá el gobernador con las reparticiones que seguirán dependiendo del poder central, que son todas las secretarías regionales ministeriales y los servicios vinculados, pues dependerán del delegado presidencial, aunque en muchas ocasiones los planes que ejecuten estén definidos por la Gobernación Regional. Esto se agudizará cuando convivan gobernadores de distinto signo político a la administración del país, agrega.
Esto, porque si bien será el Gobierno Regional quien fije criterios para, por ejemplo, asignar el presupuesto de los programas del Fosis y Sercotec, quien administre y asigne esos recursos será el Ministerio de Economía a través de estos dos servicios.
Algo similar ocurre con el plan de ordenamiento territorial. "El gobernador regional presenta la propuesta del Plan Regional de Ordenamiento Territorial, Prot, pero es sólo la propuesta, no es quien define la estrategia", complementa.
Para la diputada Joanna Pérez, integrante de la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara, la instalación del gobernador regional no será tan compleja en el ámbito político, en el sentido que será una autoridad legitimada por la ciudadanía a través de la elección, pero asumirá con pocas herramientas, pues hay normativas pendientes y el proceso de aprobación de leyes vinculadas a la descentralización han avanzado muy lento.
"El Gobierno tenía anuncios en materia de descentralización, pero han sido deficientes. Tenía vacíos en la ley que había que llenar, por lo que se comprometió a ingresar nuevos proyectos. En 2020 ingresó uno sobre las competencias y otro de presupuesto, aunque había comprometido uno de rentas regionales", expresa.
La ley para implementar adecuadamente el proceso de descentralización del país, ingresada en octubre del año pasado, se encuentra en segundo trámite constitucional, mientras que la normativa que fortalece la descentralización financiera de los Gobiernos Regionales (ingresada en septiembre del año pasado) está en su primer trámite constitucional en el Senado.
La diputada por el Distrito 21 plantea que es posible trabajar con celeridad para que ambas iniciativas estén aprobadas cuando asuman los gobernadores, pero eso dependerá de las urgencias y de la prioridad que le dé el Senado a lo que están trabajando.
Preparación del traspaso
A nivel central, para que se concrete el traspaso de competencias, cada una es trabajada a través de decretos que se hacen efectivos una vez que la Contraloría les da el visto bueno.
Jaime Aravena, seremi de Transportes y Telecomunicaciones, detalla que de las siete competencias que su cartera entregará a la nueva autoridad regional, ya hay dos asignadas, las que fueron traspasadas el 26 de mayo de este año. Una es la relacionada a la prohibición de circulación de vehículos y la otra, la coordinación en materia de seguridad.
"La prohibición de circulación incluye el corte de calles, pero excluye las rutas interurbanas y las pistas sólo bus. Ahora la tramitación de los permisos, por ejemplo, para realizar una maratón y que requieran corte de calle, se tendrá que hacer en la Gobernación Regional, aunque igual ellos tendrán que consultarlo con la Seremi", explica Aravena.
Sobre la otra competencia, indica que se están haciendo ajustes, pues la coordinación de seguridad considera a Carabineros, institución que a partir del 14 de julio dependerá del delegado presidencial.
Respecto a las otras competencias, indica que están en tramitación. Sobre ellas, detalla que ahora el gobernador estará a cargo de la licitación y adjudicación de las plantas de revisión técnica, aunque la elaboración de las bases y la fiscalización seguirá en manos de la Seremi. También faltan tres competencias vinculadas al ámbito de las telecomunicaciones y que se vinculan con las autorizaciones de radios comunitarias y la revisión de zonas con problemas de conectividad.
En el caso de Economía, el seremi Mauricio Gutiérrez comenta que como Biobío fue una de las tres regiones del país donde se instaló el piloto del Comité de Desarrollo Regional, ya hay trabajo avanzado. En este comité participan Corfo y Sercotec, que son los servicios considerados para el traspaso de competencias y producto de la pandemia, se han generado programas de ayuda focalizados en los sectores más golpeados por la crisis.
"El Comité de Desarrollo Regional es un instrumento diseñado y probado, así que el gobernador o gobernadora regional debería pelear para que se mantenga", indica, pues la figura desaparecerá con la llegada de la nueva autoridad.
Desde Vivienda, son siete las competencias que se traspasarán. El seremi Sebastián Abudoj explica que estas tienen relación con la planificación intercomunal. Aclara que cuando asuma, el gobernador no tendrá estas competencias cuando asuma pues el reglamento no ha sido aprobado.
Ignacio Irarrázaval, director del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica, advierte que la instalación de los gobernadores y el aumento en las cuotas de poder será un proceso de largo aliento que, además requerirá ajustes: "En España la consolidación de las autonomías ha tomado más de 25 años. Si allí tomó tiempo, acá también va a demorar en aquilatarse".