MOP aún no ingresa el decreto por Puente Industrial y surgen dudas sobre inicio de obras
Según exautoridades y expertos, el documento podría tardar otro par de meses en ser analizado por completo en la Contraloría.
"Esto será una cosa que, probablemente, va a estar iniciando obras en junio próximo, pero depende de los pasos. Lo importante es que se ha destrabado el elemento central". Estas declaraciones corresponden al ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, y fueron entregadas a EL SUR solo horas después de que el Panel Técnico de Concesiones diera a conocer su decisión favorable respecto al acuerdo alcanzado entre la cartera y Aleatica, concesionaria a cargo del Puente Industrial, en el marco de las modificaciones presupuestarias por nuevos requerimientos.
Por medio del anuncio expuesto la segunda semana de abril, el secretario de Estado quiso poner paños fríos a la presión que en ese entonces generaron gremios y organismos empresariales de la zona, a fin de contar con una fecha de inicio específica y apresurar la construcción de la emblemática obra que busca mejorar la conectividad vial del Gran Concepción. Sin embargo, a cuatro días de que comience junio, el Ministerio todavía está elaborando el decreto supremo que debe ser enviado a la Contraloría General de la República para su toma de razón, según confirmaron desde el MOP.
Contraloría es, justamente, una de las últimas etapas internas que debe enfrentar el Ejecutivo para dar luz verde definitiva a los trabajos. Eso sí, al no existir tampoco una fecha de ingreso estimada -pues el equipo del MOP evitó precisar ese punto- vuelve la incertidumbre sobre cuándo partirán las tan esperadas faenas, entendiendo además que el órgano fiscalizador puede tomar un período extenso para analizar el decreto respectivo.
PROCESO EN CONTRALORÍA
Según René Carvajal, exseremi de Obras Públicas en el gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet, este tipo de trámites al interior de Contraloría "demora un par de meses" por lo general.
"La revisión y posterior toma de razón no tiene una mayor dificultad, ya que Contraloría tiene la experiencia suficiente para hacer estos análisis y evacuar los informes, más allá del tamaño de los proyectos o la calidad de las iniciativas (…) No hay un plazo definido, pero normalmente queda evacuado luego de unos dos meses de ser ingresado", explicó Carvajal.
La exautoridad agregó que la velocidad de esta fase dependerá de la gestión que logre proyectar el Ministerio. "Ahí es muy importante el trabajo en equipo y la coordinación entre los grupos profesionales del MOP y la Contraloría, porque a veces hay antecedentes o documentos que se requieren y que no estaban incorporados, lo que hace que esto vaya de acá para allá. Cuando hay un contacto adecuado, la cosa funciona rápido, pero depende de la agilidad y preocupación del Ministerio", puntualizó.
Marcelo San Martín, profesor de Derecho Administrativo de la Escuela de Derecho de la Universidad de Concepción, sostuvo que cuando se trata de planes importantes en los que hay altos presupuestos involucrados, "naturalmente habrá más complejidad y, eventualmente, pudiese extenderse (la tramitación) hasta un plazo de 30 días, si es que no hay inconvenientes".
En ese último caso, sobre todo si se observan errores o vicios que no se puedan subsanar, advirtió que el proceso deberá recomenzar de cero, situación que retrasará aún más el análisis de la Contraloría.
CONSEJO DE CONCESIONES
Casi de forma inmediata después de haber obtenido el pronunciamiento positivo y decisivo del Panel Técnico, la cartera debió recurrir al Consejo de Concesiones para tener una opinión consultiva sobre el acuerdo alcanzado. Tras ser visto por este último órgano, se emitió un "informe de conveniencia" para la contratación de las obras adicionales con el mismo concesionario.
Según el acta ordinaria de la sesión celebrada el 13 de abril, la entidad realizó también una serie de comentarios, entre los que destaca su preocupación "por el atraso y aumento de costo de una obra tan relevante, cualquiera sea su causa, porque ello pone en cuestión las bases del sistema de concesión de obra pública".
Se añadió que "resulta claro que la solución propuesta, no siendo la óptima a la que se hubiera podido aspirar retrospectivamente, es más conveniente que las alternativas legales de solución efectivamente disponibles (…) Ello, especialmente considerando el retraso ya producido y la urgente necesidad regional de contar con el puente".
Pese a todo, el Consejo estableció como cumplidos los dos requisitos de base exigidos por la norma: las modificaciones al contrato que se relacionan con la seguridad sísmica de las estructuras y el aumento de presupuesto en 36,8%.
La concesión Puente Industrial plantea el desarrollo de una nueva vía de 6,4 kilómetros de extensión, con dos pistas por sentido que unirán a las comunas de Hualpén y San Pedro de la Paz. En el trazado se desarrollará un nuevo puente sobre el río Bíobío de 2,5 kilómetros con ciclovía y acera peatonal. El plan también abarca dos enlaces desnivelados y un área de atención de emergencia, entre otras estructuras.
Se espera que la construcción de la iniciativa contribuya a la reactivación económica de la Región. Solo en 2022 se prevé que los puestos laborales que serán abiertos alcancen los 2.300, mientras que para 2023 se requerirían 1.500. Los recursos totales del proyecto ascienden a más de 6 millones de UF.