Mínimos comunes: oposición entregó propuesta de renta básica de hasta 604 mil pesos por familia
El Gobierno se comprometió a analizar este plan y el de Chile Vamos antes de presentar un proyecto.
La oposición entregó oficialmente al Gobierno el documento que elaboró con una propuesta para la denominado "Agenda de mínimos comunes", en la que acordarán con el Ejecutivo formas de avanzar en ayudas para la ciudadanía en el marco de la pandemia de covid-19.
El texto de 13 páginas tiene cuatro puntos, cuyo financiamiento tendría un costo de 4.000 millones de dólares al mes para el Estado: "Propuesta sobre Renta Básica Universal de Emergencia", "Plan de Recuperación para las Mipymes y sectores postergados", "Fortalecimiento de medidas sanitarias" y "Fuentes de financiamiento para la emergencia y el mediano plazo".
Este documento fue elaborado durante una reunión encabezada por la presidenta del Senado, Yasna Provoste (DC), y ayer fue expuesto a través de Zoom a los interlocutores oficiales del Gobierno: los ministros de la Segpres y Hacienda, Juan José Ossa y Rodrigo Cerda.
RENTA BÁSICA UNIVERSAL
La oposición apuesta a avanzar en una Renta Básica Universal (RBU): se plantea un aporte 30% superior a la línea de la pobreza por persona a todas las familias que estén el Registro Social de Hogares, aunque exceptuando a los de más altos ingresos "a partir de la información sobre ingresos que conste en otros registros administrativos, por ejemplo, con apoyo del Servicio de Impuestos Internos".
Esto se traduce en que una persona recibiría 229 mil pesos y se hará un cálculo progresivo que llega hasta los 604 mil pesos para una familia de cuatro personas, por los meses de junio, julio, agosto y septiembre.
PYMES POR REGIÓN
En cuanto a la recuperación de las pequeñas empresas afectadas económicamente por la pandemia, se propone otorgar a las mipymes subsidios directos por un monto total de 3.000 millones de dólares para empresas con ventas de hasta 25 mil UF.
"Estas transferencias deben ser funcionales a las especificidades de cada sector, subsector y considerar la compleja situación en las diversas regiones del país", explica el documento, que también plantea la "suspensión de los pagos de patentes y eliminación de multas por incumplimiento tributario de años 2020 y 2021, sin condición de pago parcial". A esto se suma la suspensión de remates, condonación o suspensión de pagos de contribuciones, eliminación de multas o intereses moratorios y facilidades para deudores del Fogape.
FINANCAMIENTO
Para fortalecer el combate al covid-19, se buscará incluir la gratuidad universal del examen PCR y transferir recursos a la atención primaria para testeo, trazabilidad y aislamiento.
Se plantea "implementar 30 trazadores por cada 100.000 habitantes, uno por cada 3.333 habitantes, además de gestores de casos, gestores del cuidado y trabajadores de atención primaria suficientes en todos los territorios". Se propone una remuneración bruta de entre 800 mil pesos a un millón de pesos.
El último punto es sobre el financiamiento de las iniciativas, para lo que se propone dar mayores recursos al SII para acceder a información bancaria y mejorar sus herramientas ante la elusión de impuestos. También, quitar la exención de IVA a constructoras, eliminar la exención a la ganancia de capital en mercados regulados o aumentar recaudación proveniente de la extracción de recursos minerales, a través del royalty y revisión de la tributación minera.
GOBIERNO RESPONDIÓ
El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, dijo que "siempre lo que debe primar es el diálogo y así lo hemos manifestado. Algunos ya enviaron sus propuestas, tuvieron conversaciones, otros las propuestas estarán llegando el día de hoy (ayer)" como la de Chile Vamos.
Enfatizó además que "el Gobierno no es solo un ente que está esperando minutas; nosotros hemos sido bastante proactivos durante este tiempo".
PROVOSTE: "LOS RECURSOS ESTÁN"
Luego de entregar su plan al Ejecutivo, la presidenta del Senado, Yasna Provoste afirmó en Twitter que "hemos hecho el trabajo que debió hacer el Gobierno: consensuar las necesidades a cubrir y las propuestas con los actores sociales, hacer los cálculos técnicos que garanticen políticas públicas de emergencia sostenibles y eficaces y generar condiciones políticas para avanzar. Llamamos nuevamente al Gobierno y a la derecha a dejar atrás la lógica de que las familias paguen la crisis con sus ahorros individuales de AFP o cesantía. Chile puede entregar un aporte fiscal suficiente. Los recursos están y falta sólo la decisión política del Gobierno".