Biobío registra 144 procedimientos por "quiebras" este año
Entre enero y marzo se concretaron 106 procesos relacionados con la liquidación por parte de personas y 38 de empresas deudoras. Expertos calificaron el escenario como "una mala noticia".
Según el último boletín estadístico sobre procedimientos concursales de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, a nivel nacional entre enero y marzo de este año se registraron un total de 1.585 trámites asociados a la materia. De ellos, 1.073 corresponden a liquidaciones de personas y 440 a empresas deudoras, respectivamente, mientras que el resto a renegociaciones y reorganizaciones.
El informe del organismo dependiente del Ministerio de Economía da cuenta de la cantidad de procesos judiciales terminados este primer trimestre para liquidar de manera rápida y eficiente bienes o activos, a fin de propender al pago de acreedores en el marco de quiebras. Esta instancia puede ser voluntaria o forzosa y se caracteriza, por ejemplo, por el remate o enajenación de vehículos, inmuebles, participación en sociedades, entre otros.
El análisis muestra además que Biobío es la segunda región del país con los dígitos más altos, luego de la Metropolitana (ver gráfico). Así, la suma de procedimientos por liquidación de empresas que durante el último tiempo vieron mermado su patrimonio y que recurrieron a este trámite alcanza los 38, aunque en el caso de las personas este número llega a los 106, es decir, solo en estos ítems se contabilizaron 144.
La ley 20.720, que se publicó en 2014, estableció una nueva nomenclatura, de tal modo de que el concepto de "liquidación" reemplazara a lo que comúnmente se conoce como "quiebra".
MALAS NOTICIAS
"Cuando nos referimos a un procedimiento concursal, y en concreto al de liquidación, que es más grave, estamos hablando de patrimonios en crisis. Por lo tanto, esto quiere decir que somos la segunda región con más patrimonios en crisis que requieren de este tipo de mecanismos. La noticia es mala y habla de una mala realidad de los patrimonios en nuestra zona", subrayó Maximiliano Escobar, profesor de Derecho Comercial de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción (UdeC).
Junto con la variable demográfica, el académico agregó que los números locales manifiestan también los resultados propios de la pandemia, emergencia que afecta la economía de gran parte de la población.
En relación al mismo período de 2020, los procedimientos de liquidación asociados a empresas deudoras crecieron en 3%. Eso sí, en el otro aspecto analizado este porcentaje exhibió una clara diferencia al presentar una baja de 38%, es decir, de 170 cayeron a 106.
Pedro Eguiguren, socio de Eguiguren Abogados, sostuvo que lo más probable es que el actual boletín expuesto por la Superintendencia no demuestre el panorama en su totalidad, ya sea por las medidas de ayuda otorgadas por el Ejecutivo en este último tiempo -que desmotivan en cierta forma las quiebras- o por las restricciones a las libertades de desplazamiento.
"Cuando hay restricciones como las que se están ejecutando en varias comunas, lógicamente, si hay dos permisos para desplazarse, yo optaré por el permiso para ir a comprar pan, en vez de empezar a investigar sobre un procedimiento muy específico", explicó el profesional.
Dentro de este análisis, y en base a una percepción personal, el experto de la UdeC añadió que es factible que la alta cantidad de procedimientos contabilizados entre enero y marzo del año pasado respecto a personas deudoras se deba al estallido social, "pues eso provocó una sensación distinta a la crisis del covid-19. Hubo más miedo e incertidumbre".
CAMBIOS NECESARIOS
Bajo este contexto, el profesor de Derecho Concursal de la Universidad San Sebastián (USS), sede Concepción, Diego Rodríguez, planteó que para impedir la gran cantidad de procedimientos en la Región del Biobío hubiese sito útil generar de manera rápida medidas transitorias a través de la ley de insolvencia, a modo de retener la consecuencia que trae consigo el hecho de no poder pagar las deudas.
"Hoy ya está en el Senado el proyecto de reforma a la ley de insolvencia, que toma dentro de sus consideraciones las situaciones que estamos experimentando a propósito de la pandemia. Uno podría esperar que existan otros procedimientos de reestructuración patrimonial de más fácil acceso y que aplaquen los efectos de la insolvencia", comentó.
Puntualizó que este problema no se soluciona con la quiebra o la liquidación, sino que con otras vías como la negociación administrativa o judicial.