Por Alma Canales Silva / alma.canales@diarioelsur.cl

Terror. Esa es la palabra que mejor describe la sensación que invade a buena parte de las 1.849 personas que, según el Censo de 2017, viven en la caleta Quidico. Por lo mismo, ningún vecino quiere hablar de ello. Aunque en los últimos tres años más de 50 viviendas de la localidad, que pertenece a la comuna de Tirúa, han sido incendiadas, nadie quiere entregar su testimonio, ni siquiera comentar cómo es el día a día en el sector, a excepción de Fernando Fuentealba, presidente del Comité de Seguridad Ciudadana de Quidico. Los mismos residentes dicen: "Pregúntele a don Fernando" o "hable con don Fernando, él nos representa".

En el lugar todos se conocen. Temen que los grupos violentistas -vinculados a las denominadas "organizaciones de resistencia territorial", a quienes responsabilizan de la inseguridad- tomen represalias. Por eso prefieren guardar silencio. Incluso, algunos creen que los teléfonos son intervenidos y afirma que aunque no aparezca el nombre del vecino, estas organizaciones los pueden identificar.

"Por eso la gente está aterrada, porque los que cometen estos actos de terrorismo son personas que viven ahí. Existe un alto grado de desconfianza y hay personas que apoyan para que no les hagan nada. A algunos (de los violentistas) los conocí de chicos, cuando llegué a vivir a Quidico, y ahora se han transformado en personas con las que ni siquiera se puede hablar", afirma Fuentealba.

Suma que ese mismo temor hace que no existan testimonios que permitan llevar a estas personas a juicio. También es complejo para las policías investigar, pues para ir a los sitios del suceso requieren apoyo especial.

"Acá existe una compañía de Bomberos, pero esperan que terminen los disparos para ir. Como las casas son de material ligero, llegan a apagar las cenizas", asegura Fuentealba.

Desde 2019 a la fecha, de acuerdo al registro que lleva el dirigente, han incendiado 56 casas, entre las que figuran cabañas de veraneo y de los propios habitantes del sector. Están ubicadas en distintos puntos, pero se concentran en la costanera, en el sector de Vista Hermosa y la salida norte.

Según el Censo, la localidad tiene 815 inmuebles, de los cuales 508 están en el área más urbana.

Entre enero de 2020 y abril de este año, la Intendencia ha presentado 24 querellas por al menos seis situaciones vinculadas a delitos: incendio de cabañas, incendio de maquinaria, ataque a retén de Carabineros, abigeato, disparos injustificados y robo o hurto de madera.

A la fecha no hay condenados. Tampoco detenidos.

Contexto 2021

Fuentealba asumió como presidente del comité de seguridad hace casi tres años, cuando los ataques en la localidad comenzaron a aumentar exponencialmente. Primero fue el incendio de cabañas de veraneo y luego se sumaron cortes de ruta. Después llegaron las armas, las que se hacen presentes en gran parte de los atentados.

Ni Carabineros se ha salvado. El retén del sector, instalado en 2019 para mejorar la sensación de inseguridad de la localidad, fue atacado por un grupo de desconocidos, aunque en realidad todos saben quiénes son, asegura Fuentealba.

Agrega que se trata de asociaciones de resistencia territorial, tres o cuatro, que están conformadas por habitantes del sector y personas de otros lugares. Según el dirigente, la mayoría está vinculado al tráfico de drogas y de armas.

El ataque al retén ocurrió el martes 13 de abril, el mismo día que le prendieron fuego a cuatro viviendas deshabitadas, tres de ellas ubicadas en el sector de Vista Hermosa. Integrantes de uno de los grupos que estarían detrás de estos incidentes, conocidos como Los Huelleros, habían intentado, momentos antes, tomarse las casas. Los vecinos opusieron resistencia y en este forcejeo, una persona del grupo violentista resultó herida. Fue trasladada al Cesfam de Tirúa, donde amenazaron al personal de salud para que aceleraran su atención.

Para los trabajadores esta fue la gota que rebalsó el vaso, pues no es el único episodio de violencia al que se han expuesto. Otro incidente grave ocurrió el 26 de enero. Tres funcionarios del Cesfam resultaron heridos cuando el vehículo en el que se trasladaban fue atacado con disparos. Así que iniciaron un paro y el Cecosf de Quidico cerró. Estuvo así las dos semanas que duró la movilización, aunque ya está funcionando.

El Colegio Médico amenazó con retirar a sus asociados de la zona si no se entregaban las condiciones mínimas de seguridad para que pudieran cumplir con sus funciones.

Todos estos hechos han ocurrido sólo este año. Hacia atrás hay más incidentes que también involucran disparos, incendio de propiedades y cortes de ruta.

Fernando Fuentealba indica que los ataques que ha sufrido el personal de salud se repiten en otros rubros. Como ejemplo, cuenta que en el lugar hay un pequeño supermercado, el que ha tenido problemas de abastecimiento, pues los camiones que reparten los insumos también han sido atacados, así que no quieren ir.

"Ya nadie tiene proyección ni en lo laboral o lo familiar. La gente tiene miedo de que le llegue una bala loca. Muchas personas quieren que les den un subsidio especial para irse a otro lado. Ni siquiera pueden vender sus casas, porque nadie va a querer comprar algo ahí", afirma.

No más turismo

Quidico tiene una superficie de 114,2 kilómetros cuadrados y está a 13,2 kilómetros de Tirúa y a 190 de Concepción. Cuenta con un Cecosf, donde trabajan una decena de profesionales, una escuela básica -con matrícula de 120 alumnos-, compañía de Bomberos y un pequeño supermercado local.

La mayoría de los residentes se dedica a la pesca artesanal. El resto trabaja en alguna de las unidades municipales, ya sea en Tirúa o el mismo Quidico.

La costa no es apta para el baño, pero sí para realizar actividades como el surf. El lugar era ideal para negocios vinculados al turismo, como cocinerías o alojamiento. De hecho, en 2015 se terminó la costanera, que abarca 3,2 hectáreas y demandó una inversión sobre los 2 mil 600 millones de pesos.

La ocurrencia de hechos de extrema violencia dañaron ese potencial. Gran parte de las viviendas siniestradas son cabañas. Las que quedan ya no reciben visitantes, por el miedo a sufrir un ataque.

Eso Fernando Fuentealba lo vivió y en más de una ocasión. Es propietario del Hotel Curef, el que ha sido atacado en tres ocasiones, incluso con huéspedes adentro. Hace dos años que lo tiene botado y ya no puede trabajarlo ni tampoco venderlo. Al igual que con el resto de propiedades de Quidico, nadie se lo va a comprar, afirma.

Respuesta con medidas

Roberto Coloma, coordinador regional de la Macrozona Sur, reconoce que hay una compleja situación en la localidad, lo que genera una preocupación permanente al Gobierno.

Comenta que a inicios de año trazaron un plan para mejorar la seguridad de todo el cono sur de la Provincia de Arauco, que es el sector que se ve afectado por la violencia. Específicamente, en las comunas de Cañete, Contulmo y Tirúa, a donde pertenece Quidico.

Dentro de ese plan, en las últimas semanas se reforzó el personal de seguridad en el retén de la localidad, incluido personal del Grupo de Operaciones Especiales, GOPE, y además se instaló, de forma permanente, un vehículo blindado. Esto ocurrió después del ataque a la unidad policial, pero la estrategia estaba definida con antelación, aseveró el abogado.

También se están implementando cinco puntos de control en la Ruta P-72, que une a Cañete con Tirúa, los que son coordinados por Carabineros y participa personal de las Fuerzas Armadas. Uno de los objetivos es desarticular los controles que han generado las propias agrupaciones para vigilar quienes visitan la zona.

Coloma sabe que el avance en las investigaciones es escaso. Reconoce que en ninguna de las 24 querellas presentadas por la Intendencia hay detenidos. Y si bien aclara que es la Fiscalía quien lidera las investigaciones, también está al tanto que es difícil avanzar si los vecinos no aportan información.

"El Ministerio Público obra sobre la base de investigaciones que se inician con la denuncia formal de un hecho constitutivo de delito o de violencia rural. Si esos antecedentes no pasan del rumor y del conocimiento público y no se aporta formalmente a los organismos policiales o la Fiscalía, difícilmente se va a poder generar una orden de detención", plantea.

Por eso, Coloma llama a los vecinos de Quidico a canalizar la información a través de las autoridades, él mismo, las policías o la Fiscalía. "De manera de generar las operaciones policiales permanente", agrega.

Fernando Fuentealba, el presidente del Comité de Seguridad Ciudadana, ya no confía. Dice que después de tanto tiempo con episodios violentos, con tantas autoridades que han sido nombradas para hacerse cargo, hay poca esperanza de que la violencia se termine: "Quidico antes era un paraíso. Pero de ser un lugar donde la gente dejaba las llaves puestas en el auto ahora es un lugar donde la gente está atemorizada. Esto es como una bomba de tiempo".