Contraloría detecta anomalías en la entrega de ayudas por parte de Gobierno Regional y municipios
El documento detalla sobreprecios en la compra de cámaras térmicas por $55 millones desde la Intendencia, y el pago de $180 millones por la instalación de las cámaras, que fue incompleta.
La Unidad de Control Externo de la Contraloría Regional del Biobío evacuó un informe final donde, tras una auditoría, se detectaron irregularidades en la ejecución de recursos de emergencia por parte del Gobierno Regional, entre mayo y diciembre del año pasado.
El documento -emitido el 12 de abril pasado- analizó los gastos realizados con $2.897 millones de los $3.018 millones -parte de los recursos traspasados por convenio al Gobierno Regional el año pasado-, utilizados para la compra de kits de emergencia y cajas de alimentos.
Entre las anomalías que detectó el órgano contralor se encontró que casi 900 personas beneficiarias de cajas de alimentos estaban fallecidas -de un universo de 30 mil-, además de que más de 400 personas recibieron más de un kit de emergencia, a los que se suman cuatro funcionarios de distintas reparticiones que recibieron el beneficio sin comprobarse su situación de necesidad.
El informe entrega responsabilidades en los actos tanto al Gobierno Regional, como las gobernaciones y los municipios en torno a las irregularidades en el armado de listas, chequeo de situación socioeconómica de los beneficiarios y la entrega de lineamientos distintos a los del nivel central.
En el caso de los primeros, también se detalla que existió sobreprecio en la compra de once cámaras térmicas por $55 millones, que representó un pago total de $180 millones, las cuales no se instalaron en su totalidad.
Consultados por el informe, tanto la Intendencia Regional como la Asociación Regional de Municipalidades declinaron entregar declaraciones, a la espera de conocer en profundidad el contenido del documento del órgano fiscalizador.
ENTREGA DE BENEFICIOS
El documento detalla en sus principales conclusiones que los listados de beneficiarios fueron mal confeccionados, lo que derivó en que se incluyeran 899 personas fallecidas y cinco domicilios desactualizados.
"Las entidades comunales de Alto Biobío, Chiguayante, Contulmo, Coronel, Florida, Lota, Nacimiento, Penco, Quilaco, Talcahuano, Tucapel, Los Álamos y San Pedro de la Paz, procurar en futuras instancias, efectuar el debido control que permita garantizar que la información con la cual se trabaje, sea fiable, completa y exacta", recomienda el documento, junto con que la Intendencia Regional investigue las responsabilidades para que se apliquen las sanciones correspondientes.
El informe también detalla que al menos 409 beneficiarios recibieron más de un kit de emergencia, y la existencia de, al menos cuatro funcionarios públicos de planta profesional -uno de la dirección regional de Aguas, otro de la Junji, uno de la Municipalidad de Coronel y otro de la Seremi de Educación-, los cuales recibieron el beneficio, sin que se acreditara su condición socioeconómica.
"Corresponde que la Intendencia en conjunto con las entidades comunales de Contulmo, Coronel, Lota, Nacimiento, Chiguayante, Florida, Penco, Talcahuano, Alto Biobío, Arauco, Cabrero, Los Álamos y San Pedro de la Paz, efectúe un análisis e informe respecto de los 409 beneficiarios que recibieron más de un kit familiar de emergencia, debiendo adjuntar toda la documentación de respaldo que así lo acredite", solicita el documento.
Otras situaciones detectadas por el órgano contralor son la disparidad de cifras que entregó Intendencia, las gobernaciones y alcaldías respecto a la entrega de cajas de alimentos, conteo que en el caso de las gobernaciones considera cinco mil cajas menos entregadas respecto a los cálculos hechos por Intendencia y los municipios.
COMPRA DE CÁMARAS
El documento emitido por la Contraloría, con las principales conclusiones de la investigación también detalla que, en la compra de once cámaras térmicas, modelo "Hik Visión DS2TD2617B-6/PA, y modelo Hik Visión DS2TD2617B-3/PA", se pagaron sobreprecios de un 110% y 71% respectivamente, equivalentes a $55 millones.
"El ente auditado señala que, los bienes adquiridos por la administración activa para enfrentar la actual pandemia, durante los meses de marzo a mayo de 2020, claramente presentan alzas de precios considerables en razón de la escasez de bienes muebles en relación a la demanda existente en aquella época, y que a lo anterior se debe considerar necesariamente el riesgo de trabajar con exposición a un eventual contagio, costos que incorporaron los proveedores a sus insumos y productos ofertados en dicho momento", afirma el documento.
Respecto al pago de casi $180 millones a la empresa KMI Security SpA por la compra de las cámaras, la Contraloría detectó que estas "no habían sido instaladas en su totalidad, debiendo dicha Intendencia, en lo sucesivo, adoptar las medidas con el fin de resguardar debidamente los recursos e intereses del servicio y dar estricto cumplimiento al principio de eficiencia".