"Las declaraciones de Llaitul me dan una sensación de hipocresía, porque dice una cosa
El abogado, que lleva 27 días en el cargo, asegura que no se puede dialogar con comunidades que ejercen la violencia. Contó que esta semana se prepararon 15 medidas en materia de seguridad para enfrentar la violencia rural y que se darán a conocer en los próximos días.
Por Alma Canales Silva alma.canales@diarioelsur.cl
"Ahora vivo en La Araucanía y permanentemente viajo a la Provincia de Arauco, a las coordinaciones con el fiscal Yáñez, las policías, el jefe de la Defensa para profundizar y reforzar la seguridad en las rutas respectivas, la P-70 y P-72. Voy a Santiago para las reuniones con el Presidente, los ministros y los distintos actores que pueden influir en la Macrozona Sur".
Esa es la nueva vida del abogado Pablo Urquízar Muñoz, quien hoy cumple 27 días como coordinador de la macrozona sur, que abarca desde la Provincia de Arauco hasta la Región de Los Lagos. Su misión es atender la seguridad en estos territorios que se han visto afectados por la denominada violencia rural.
Antes de llegar al puesto trabajaba en el Ministerio de Defensa. Esa cercanía con las Fuerzas Armadas fue un punto a favor para designarlo, considerando que su antecesor, Cristian Barra, salió del cargo por cuestionar el rol de los uniformados en el combate a la violencia.
-¿En qué pie están hoy con las Fuerzas Armadas? ¿Cómo es el trabajo?
-En las distintas regiones que he visitado he visto un equipo multidisciplinario cohesionado con un solo objetivo: la seguridad de las personas. En eso, las Fuerzas Armadas, Carabineros, PDI y el Gobierno están trabajando arduamente. En específico, en la Región del Biobío tengo la mejor relación con el almirante (Jorge) Parga, que es el jefe de la defensa, también con el jefe de Carabineros de la Macrozona Sur, que es el general (Carlos) González, también con el general (Juan Pablo) Caneo, que está a cargo de Biobío, y también con la PDI. Es un equipo que está haciendo su mejor esfuerzo para buscar la seguridad de las personas.
-Vi que se ha reunido con víctimas, supongo que también con personas de la zona. ¿Qué sensación tuvo después de haber conversado con ellas?
-Me reuní con víctimas mapuches y no mapuches de la zona de Quidico y de Tirúa y son tres cosas las que piden. Primero, seguridad, que se refuerce para que puedan vivir y estar tranquilos con sus familias en sus hogares. Lo segundo es que el Estado esté más presente, desde la perspectiva social, económica y cultural. También es muy importante tener oportunidades para que las personas puedan desarrollarse en aquellos lugares donde se necesita más presencia del Estado.
-¿Y eso cómo se está abordando?
-La seguridad se está abordando a través de las cuatro líneas, que son persecución penal, prevención, coordinación con la comunidad y el apoyo a las víctimas a través de los distintos programas, y obviamente lo que dice relación con lo económico y social es parte de otros ministerios, como el de Desarrollo Social y Economía.
-¿Cómo se canaliza eso para que también pueda atenderse?
-La seguridad es extremadamente importante y la vulneración, extremadamente compleja. Esa pata de la mesa tiene que ir acompañada de otros elementos importantes, como lo relacionado con lo social, lo económico, lo laboral y es el Estado en su conjunto el que tiene que hacerse presente.
-En lo personal, ¿qué percepción se lleva de esto, de ir a los lugares de los atentados, comunicarse con las víctimas? Estar ahí debe generar algo.
-Acá la prioridad tiene que ser la seguridad de las personas, en especial las víctimas, sean mapuches o no. Hay mucho por hacer, por trabajar y aportar para que logremos la paz social y la seguridad de las personas. He escuchado historias, pero por respeto a esas personas me lo guardo.
Declaraciones
-En su recorrido por las rutas, ¿qué impresión tiene? Hemos escuchado que a la gente le da miedo movilizarse.
-Las rutas principales de la provincia, que van entre Cañete y Contulmo, y Cañete y Tirúa, que son la P-70 y P-72, son rutas donde han ocurrido casos de violencia rural realizados por organizaciones extremistas, violentistas, que se adjudican esos atentados. A mí no me ha ocurrido nada, pero hay personas que han visto vulnerada su seguridad, su integridad física y síquica.
-¿Cuál es la intensidad de los controles mixtos (Fuerzas Armadas y policías)? La comunidad ha dicho que no ha visto mucho control.
-Los controles mixtos forman parte de la estrategia del jefe de la Defensa y por tanto, de la seguridad del lugar. Los datos muestran que entre el martes 31 de marzo y el 7 de abril, en la Provincia de Arauco se han fiscalizado 7 mil 625 personas, con un total de 102 detenidos. Los patrullajes se están haciendo en el marco de la pandemia y la seguridad de la Macrozona Sur.
-¿Los controles mixtos tienen un carácter distinto, disuasivo, para darle seguridad a la gente?
-Por supuesto que sí. En el cruce Peleco están todo el día y lo que hacen es llevar un contingente superior a las 60 personas, vinculados a infantes de Marina, Carabineros, de la PDI y lo que se hace en específico es hacer un control preventivo de manera de velar por la seguridad de las personas, controlar el lugar. Esto es en el marco del estado constitucional de catástrofe que dice relación con la pandemia.
-¿Esa cifra es superior a las fiscalizaciones que se hacían hace tres meses atrás, por ejemplo?
-No tengo esa información.
-Sobre los grupos violentistas, ¿qué ha podido observar? ¿Qué fenómenos ha podido determinar?
-Dentro de la macrozona sur existen al menos cuatro grupos reconocidos: la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), la Weichan Auca Mapu (WAM), Resistencia Mapuche Malleco y Resistencia Mapuche Lakquenche. Esta última es la que opera en todas las causas que dicen relación con la ruta P-72, a las que se suman la WAM y la CAM que se incorporan en la P-60 y la P-72.
-Hay grupos que afirman que se trata de "montajes" para "criminalizar" la denominada causa mapuche. ¿Qué responde?
-No son montajes. Las mismas organizaciones se las adjudican. Tenemos a Héctor Llaitul, que ha salido en distintos medios, donde ha señalado expresamente como líder de la CAM que han realizado atentados desde 1997. Esos atentados han cobrado la vida y la propiedad de muchas personas, además de su integridad física y síquica y desde esa perspectiva no me parece para nada que sea un montaje. Al revés, son actos violentistas que tienen incluso el carácter de terrorista y eso hay que detenerlo, suprimirlo, condenarlo y buscar a los responsables.
-Llaitul hizo declaraciones y dijo que estaban disponibles para el diálogo, pero tenían que participar observadores internacionales. ¿Cómo reciben esto? ¿Están disponibles, cree que es una buena señal?
-Las declaraciones de Llaitul me dan una sensación de hipocresía, porque por un lado dice una cosa y al mismo tiempo hace otra. Lo digo porque así como en la noche, en un programa de televisión señaló que ellos como CAM querían abrirse al diálogo, a las pocas horas después, en Toltén, hubo un atentado a ocho maquinarias que se adjudicó la propia CAM. Entonces, no se puede conversar con quien ejerce violencia. El piso mínimo para solucionar cualquier problema es que se condene la violencia, venga de donde venga, y no se la legitime como método de acción política y la CAM no califica con ello.
-¿Por qué cree que recurren a la violencia? ¿Por qué hay comunidades que sí pueden trabajar y llegar a acuerdos para conseguir tierras y otras no? Porque en algunos casos las demandas son similares, de tierras, que les entreguen reconocimiento...
-En conversaciones, personas mapuches de Tirúa y Quidico me manifestaron que creen en la recuperación territorial, pero no en la violencia como método de acción política. Ellos creen en el diálogo y ahí está toda la diferencia, donde hay un grupo de personas que a través de la vía pacífica, del diálogo, el trabajo, el esfuerzo, consigue resultados positivos, mientras que otro grupo de personas cree y quiere imponer por la fuerza sus convicciones. Eso no sólo va en contra de la integridad y vida de las personas, sino también de la democracia y el estado de derecho. Además, hay que recordar que detrás de estas legítimas peticiones ancestrales se esconde delincuencia pura y dura a través de narcotráfico, robo de armas, tráfico de armas, robo de vehículos, así que es evidente que esas personas que delinquen y cometen atentados van a preferir el camino fácil.
Refuerzo
-Han fortalecido los equipos de abogados en las intendencias para hacerse cargo de las querellas. ¿Ya hay resultados? La idea era apoyar a la Fiscalía.
-No es que apoyemos a la Fiscalía, sino que el gobierno ejerce la acción penal para buscar a los responsables por graves atentados y delitos contra las personas. Desde esa perspectiva es que existe un equipo de abogados en la Macrozona Ssur y que están divididos en las cuatro regiones. En todas estas regiones, entre 2019 y 2021, se han presentado 525 querellas. En ellas, 113 personas han sido formalizadas por delitos vinculados a la violencia rural. Si uno va a los detenidos, entre julio de 2020 y abril de 221 se verificaron 323 detenidos. De ellos, el 15% quedó en prisión preventiva, el 57% en libertad y el resto en otras medidas cautelares, como arresto domiciliario. ¿Se puede mejorar? Por supuesto, y se pueden ir perfeccionando las acciones necesarias para tomar más detenidos y que ellos cumplan las penas que establece la ley.
-Es que se presentan varias querellas, pero después no existe mucha información sobre qué pasó. Acoforag dice que los condenados son nada en relación a la cantidad de episodios.
-El trabajo se está haciendo y coordinando. El Presidente designó a la abogada Loreto Silva para ver todo lo jurídico en el ámbito de la persecución penal. Esa visión global se ha materializado en una serie de hechos, como la querella vinculada al equipo de TVN que sufrió un grave atentado. En la querella se hicieron una serie de peticiones, como que fuera a declarar Héctor Llaitul, porque tiene información relevante que es necesaria para esclarecer el hecho y buscar a los responsables. Además se pidieron una serie de medidas vinculadas a información satelital, a las empresas forestales.
-Usted ha recorrido el territorio y se ha reunido con las víctimas. ¿Algo de lo que ha visto se ha traducido en algún ajuste?
-Por supuesto. Vengo de una reunión con el Presidente (el jueves) donde se hizo un plan específico con 15 medidas concretas que se van a ir dando a conocer en las distintas regiones de la Macrozona Sur. Son desde la perspectiva mía, que es la seguridad y van a impactar fuertemente en el resguardo y la seguridad de las personas. Se van a dar a conocer pronto.
y hace otra"
-A propósito del ataque al equipo de TVN, el esposo de Elodia Aguayo, quien falleció en 2019 luego que atacaron su vivienda, dijo que había generado harto revuelo ese caso, pero que las personas que sufrían violencia a diario no tenían la misma cobertura o tratamiento. ¿Qué les diría?
-El Gobierno hace todo el esfuerzo a través de la persecución penal, la prevención, la reparación de las víctimas y la coordinación con las comunidades, sin distinción. Acá hay un equipo multidisciplinario que está a cargo de la seguridad de las personas, pero siempre se puede mejorar, perfeccionar los procedimientos. Además, las formas en que estas organizaciones actúan van cambiando. Es necesario irse adecuando, renovando tecnológica y logísticamente y también desde la perspectiva de la planificación y su materialización.
-¿Se está llegando tarde? Tal vez se podrían haber tomado medidas antes.
-Siempre se tiene que ir mejorando. Pero reitero que las circunstancias cambian, los modos de operar, de atentar, por eso siempre se tiene que estar más presente, redoblar los esfuerzos y hacer todas las acciones que se necesitan como Estado, ya sea las policías, las Fuerzas Armadas, el gobierno, el Congreso nacional y el Poder Judicial.
-Qué rol le asigna a los privados, a las mismas forestales, a quienes se les culpa del problema? Deberían participar del diálogo? ¿Tienen realmente que cumplir un rol importante?
-Hay que hacer una distinción entre la violencia y una serie de demandas legítimas de reconocimiento cultural, económico y territorial. En este segundo aspecto por cierto que la sociedad civil en su conjunto puede colaborar. Los diálogos y reuniones que he tenido en las distintas regiones dan cuenta de una cosa: que venga de donde venga la violencia, afecta indiscriminadamente a personas mapuches y no mapuches.
-¿Pero las forestales en particular? Se las culpa de generar un modelo económico que ha empobrecido a las comunidades y que eso genera el malestar.
-Por cierto que los privados tienen un rol importante en la solución y la paz social. Tenemos a Juan Sutil, que a través de la CPC hizo una propuesta de 40 medidas que las hemos analizado y van, a nuestro juicio, en la línea correcta de entender el problema como del país, no de ciertos territorios. Es la sociedad civil en su conjunto la que tiene que entender la dimensión de este problema y desde sus competencias aportar a su solución.
Víctimas y otros actores relevantes
Antes de ser nombrado en su cargo actual, el abogado trabajó en el Ministerio de Defensa. Laboró en distintas carteras de gobierno y asesoró a parlamentarios.