Por Karlyng Silva Leal

Cientos de personas se congregaron ayer en la Plaza de Armas de Arauco, tras la convocatoria que realizó la familia materna del menor Tomás Bravo como un llamado para endurecer las leyes y las penas para aquellas personas que vulneran los derechos de los niños, además de mostrar su descontento por la tardanza de las diligencias para esclarecer lo que ocurrió con el niño de tres años y medio.

Adultos mayores, jóvenes, niños y familias completas concurrieron con globos, consignas y lienzos al centro de la comuna de Arauco, tras el llamado de Estefanía Gutiérrez y Elisa Martínez, la madre y abuela del menor, como una medida para ejercer presión a los organismos que están encargados de velar por el cuidado de niños que por diversos motivos han sido vulnerados.

En medio de toda la gente y tras un lienzo con el lema "Descansa en paz Tomasito, siempre te recordaremos", Estefanía Gutiérrez se refirió a la investigación en curso, asegurando que su teoría es que evidentemente existen más personas involucradas en la muerte de su hijo, y que, pese a que no se le ha entregado mayor información, mantiene su confianza en el trabajo de las policías indicando que han actuado con rapidez y discreción.

Cabe destacar que mañana se cumplen dos semanas desde que se produjo el hallazgo del cuerpo sin vida del niño, que fue encontrada tras nueve días de búsqueda a un kilómetros y medio de su hogar.

No obstante, el Servicio Médico Legal continúa trabajando para esclarecer la causa de muerte, ya que hasta la fecha se mantiene indeterminada en estudio a la espera de los resultados forenses, periciales pendientes y la colaboración de peritos extranjeros.

FORTALECER LEYES

El amigo de la familia materna de Tomás que colaboró en la convocatoria a la marcha, así como en los grupos de búsqueda durante los primeros días de la desaparición, Pablo Trujillo, detalló que se trataba de una instancia familiar, con un show de payasitos para los niños y que tras la movilización se trasladarían a Caripilún para realizar una velatón en memoria del menor fallecido.

Además, detalló que la marcha tuvo como propósito que se promueva la creación de una nueva ley que permita asegurar el bienestar de los niños y penalizar con mayor fuerza a quienes cometan actos en contra de ellos.

"Tenemos varios puntos, por ejemplo, que las penas sean más efectivas, más duras para las personas que comentan estos delitos, que no tengan beneficios y que la Defensoría de la niñez se haga cargo de nuestros niños cuando están vivos, no cuando mueren (...), necesitamos que la justicia haga las diligencias mucho más rápido, no como se ha visto aquí que ha estado todo lento y mal", sostuvo Trujillo.

En la misma línea, el mensaje que Estefanía quiso entregar fue a que se escuche su llamado de justicia, ante lo cual señaló que es necesario fortalecer "los protocolos de búsqueda y que también para los niños haya mayor protección, que, para las personas, esos animales, que le quitan la vida a un niño, que violan, que ya no haya más derechos para esas personas, que no salgan sueltos.

DILIGENCIAS PENDIENTES

Durante las últimas semanas, el Laboratorio de Criminalística de Carabineros, Labocar, ha concurrido constantemente al domicilio de la familia materna de Tomás Bravo, en especial el entomólogo Aaron Jara, quien durante la jornada de ayer se mantuvo tomando muestras en el patio de la residencia como parte de las pericias que buscan esclarecer los acontecimientos que provocaron su muerte.

En el contexto de estas diligencias, el día viernes personal policial confirmó el hallazgo de una de las zapatillas que utilizaba el menor al desaparecer, y que fue identificada como tal por Elisa Martínez.

Durante la jornada del martes se habría encontrado otro calzado en un sector aledaño al sitio donde estaba Tomás el 26 de febrero, lo cual permitiría generar una trazabilidad del camino por el cual se habría realizado la movilización hasta dicho lugar.

17 de febrero se extravió el pequeño, quien fue encontrado sin vida 9 días después tras intensos operativos de búsqueda.

En prisión preventiva quedó C.A.H.M. de 28 años como presunto autor del delito consumado de homicidio en abril del año pasado en la comuna de Los Ángeles. El sujeto se encontraba detenido desde el lunes en la misma comuna, pero por un error quedó en libertad, siendo nuevamente aprehendido la tarde del martes.

En la audiencia de formalización de la investigación, la magistrada Cherie Palomera Astroza ordenó que el imputado ingresara al Centro de Cumplimiento Penitenciario Biobío, tras considerar que existe un inminente peligro de fuga. A causa de esto la juez fijó una audiencia de discusión de la caución o fianza para el próximo 17 de marzo, con un plazo de dos meses para las indagatorias.

Según detalló el Ministerio Público, el delito que se le atribuye al sujeto es que el 21 de abril de 2020, alrededor de las 19:30 horas, habría sostenido un altercado con la víctima, Sadis Quintana García, en la vía pública de la población O'Higgins, en la comuna de Los Ángeles.

La discusión habría sido finalizada luego que el sujeto le disparó a la víctima con un arma de fuego que portaba, ocasionándole una herida penetrante torácica que le causó la muerte, pese a recibir atención médica.

PRESUNTA FUGA

Pese a que el sujeto que fue detenido el día lunes, por un error de los funcionarios de la comisaría en la que estaba bajo resguardo policial, se le otorgó su libertad junto al resto de las personas nombradas durante el martes en la mañana.

Al realizar los controles de identidad en los tribunales los uniformados se dieron cuenta de la situación. Al respecto, la defensora penal pública, Vania Villarroel, señaló que nunca se certificó la identidad del imputado con su carnet que mantenía en posesión, por lo que al salir se dirigió a su domicilio.

"Carabineros emitió un parte policial indicando que este había dado el nombre de otra persona al momento de llamarlo y se le dio la orden de libertad formando los documentos respectivos, pero lo cierto es que en la conversación con el imputado y los antecedentes que reunimos, él fue llamado por su nombre, ordenando su libertad y sobreseimiento por artículos legales pertinentes, le dijeron firma acá y él se fue", agregó.

Durante la tarde del martes, detectives de la Brigada de Homicidios de la PDI Los Ángeles detuvieron al sujeto en el domicilio de su hermana, por las órdenes de detención por homicidio y hurto simple. En tanto que desde Carabineros se informó que se realizará un sumario interno para establecer las responsabilidades del caso y de ser así, tomar medidas al respecto.

Preocupación existe en la comunidad de la zona sur de Isla Mocha, debido a la falta de conectividad telefónica y de internet que posee esta parte del territorio, con las consecuencias que ha tenido para la enseñanza on line y su comunidad escolar, y las emergencias.

El alcalde de Lebu, Cristián Peña, indicó que se han presentado diversos requerimientos y oficios a la autoridad fiscalizadora y al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones para que Movistar, única empresa que provee servicios en la zona, solucione los problemas de conectividad de manera definitiva, sin lograr respuestas satisfactorias.

La presidenta de la Junta de Vecinos del sector Sur de Isla Mocha, Lilian Vera, indicó que la situación ya es crítica, pues no cuentan con la conectividad para que los estudiantes puedan asistir a clases. Agregó que los alumnos deben trasladarse diariamente, a unos 10 kilómetros hacía el sector norte de Isla Mocha para lograr la conectividad.

La dirigente explicó que el mal servicio se arrastra desde 2013 y que si bien en noviembre del 2020, se efectuaron algunos arreglos a la antena existente, éstos no perduraron. Precisó que, incluso, las últimas alertas de la Onemi, no han sido recepcionadas en esta parte de la isla.

El alcalde indicó que existe una vulneración a los derechos de las personas y se está infringiendo la ley 18.168, que estipula que toda suspensión de suministro o alteración del mismo por parte de las empresas de telecomunicaciones o de internet, por causa no imputable al usuario y que exceda de seis horas en un día, o en 12 horas continuas o discontinuas mensuales, deberá ser descontada de la tarifa mensual del servicio, asunto que no se está cumpliendo, pues los habitantes de la zona sur de Isla Mocha, siguen cancelando sus consumos de manera normal.