El Gobierno envió el lunes a la Comisión de Trabajo del Senado una treintena de indicaciones al proyecto de reforma previsional que impulsa el mismo Ejecutivo, con lo que se pretende destrabar su discusión en el Congreso. Una de las indicaciones más comentadas ha sido el aumento del pilar solidario, desde un 60% al 80% de la población más pobre.

También se intenta aumentar el monto de las pensiones incluidas en el pilar básico a 177 mil pesos, de manera que todas queden con un monto por sobre la línea de la pobreza. El paquete de indicaciones aumenta el beneficio del Programa de Ahorro Colectivo Solidario de 2,5 UF mensuales a 2,7 UF mensuales, para mujeres que hayan cotizado diez años, entre otras materias. Asimismo, fortalece el pilar contributivo del sistema de pensiones, al incrementar en forma gradual en 6% el aporte del empleador al ahorro previsional de los trabajadores, aunque se ha generado un gran debate entre quienes estiman que ese incremento de cotización debe pasar íntegro a las cuentas individuales de los trabajadores, y quienes estiman que -por el contrario- éste debe ser administrado por el Estado.

El objetivo de la reforma es mejorar las pensiones con elementos de solidaridad en el pilar contributivo, incrementar el ahorro previsional, mejorar la equidad de género, mejorar la regulación del sistema privado y otorgar mayor legitimidad al sistema previsional.

El mecanismo de capitalización individual, a través de las AFP, nació en 1980 por medio del DL 3.500, para reemplazar al antiguo sistema de reparto que operaban las cajas de previsión, que estaba quebrado, tal como hoy lo están los sistemas estatales en muchos países. Fueron los gobiernos de la época los que echaron mano en forma sistemática a los recursos de los trabajadores y lo llevaron a la quiebra.

El mercado laboral ha sufrido fuertes transformaciones en las últimas décadas, lo que ha incidido en que la capitalización de los trabajadores se haga insuficiente para financiar pensiones dignas. Por ejemplo, son cada vez más las personas que trabajan en forma independiente, por cuenta propia, y que no han estado obligadas a cotizar para obtener una pensión de vejez. También las lagunas previsionales se han transformado en una constante mientras, paralelamente, la esperanza de vida de los chilenos ha crecido en forma considerable, respecto a la que existía en 1980, cuando nació el mecanismo previsional. A ello, se han sumado durante los últimos meses los dos retiros del 10% de los ahorros que fueron autorizados para que los cotizantes pudieran enfrentar los gastos derivados en el período de pandemia, lo que ha hecho bajar los fondos ahorrados, en algunos casos hasta dejar en cero las cuentas.

Desde hace décadas que los expertos advertían que se requerían cambios en el sistema que administran las AFP, sugiriendo aumentar la tasa de cotización y extender la edad mínima para pensionarse, pero por diversas razones los gobiernos soslayaron la decisión de abordar el tema, debido a su gran complejidad y porque genera posiciones muy encontradas.

Sin embargo, se ha obviado el tema de aumentar por ley la edad mínima para pensionarse, que es de 60 años en la mujer y 65 años en el hombre, seguramente por la resistencia que habría tenido, especialmente en este período en que la pandemia ha alterado fuertemente el mercado laboral. De acuerdo con cálculos de algunos expertos, una permanencia adicional de cinco años en la fuerza de trabajo permitiría aumentar en alrededor de 40% el monto de la pensión.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), Chile es el país de América Latina con mayor esperanza de vida promedio, alcanzando 80,5 años, lo que convierte en el segundo de todo el continente americano, sólo por detrás de Canadá, cuyo promedio asciende a los 82,2 años. Además, es el único país de la región que supera los 80 años de vida, como promedio. Esto significa que los fondos que acumulan los trabajadores deben durar más años para financiar la jubilación.

El mercado laboral ha sufrido fuertes transformaciones, lo que ha incidido en que la capitalización de los trabajadores se haga insuficiente para financiar pensiones dignas. Son cada vez más las personas que trabajan por cuenta propia, y que no han estado obligadas a cotizar para obtener una pensión de vejez.

Waldo Ansaldi señala en el libro "América Latina Tiempos de Violencias" (2014) que en la apelación a la violencia, muchos hablan de ella, pero pocos piensan en ella, agregando que la literatura ha puesto poca atención a la violencia empleada por los grupos dominantes para transformar el orden en beneficio propio y donde los análisis sobre la violencia política, empleada por estos sectores es bastante limitada.

En contrapartida, la producción historiográfica ha focalizado el estudio en lo que fue el accionar de los grupos y movimientos revolucionarios y populares, de inspiración marxista, los cuales apelaron a la violencia como medio para la transformación histórica. Bajo esta mirada, estos últimos actores han pasado a convertirse, para determinados sectores de la población, en los elementos perversos y perniciosos de un país, donde su único objetivo es causar daño, destrucción, incluso heridos y muertes.

Allí sitúan a comunistas, anarquistas, antisistema, barras bravas, lumpen y un cuanto hay; es decir, una mescolanza de grupos, sectores y fracciones, los cuales incluso no tienen relación unos con otros; sin embargo, el discurso mediático y propagandístico busca situar en una posición binaria a estos grupos como los elementos violentos de una comunidad.

No obstante aquello y siguiendo lo planteado por el citado Ansaldi y otros autores, la violencia no es potestad o propiedad de un solo sector o grupo social, en este caso de la izquierda, o bien la violencia no se reduce a la mera destrucción (o quema) de un lugar físico, sea público o privado. Sobre este punto, generalmente se suele excluir, premeditada o intencionalmente la alusión a otras violencias que, al estar muchas veces naturalizada, no se mencionan o simplemente se asumen como "normales".

Nos estamos refiriendo a la violencia simbólica, cultural o estructural, como la pobreza, marginalidad, exclusión, discriminación, estereotipos caricaturas, uso de un determinado lenguaje, religiones, ideologías entre otras que terminan por legitimar la violencia física que se ejerce por parte de ciertos grupos sociales.

Aquí no se trata de jugar o buscar el empate sobre las violencias o cuál es o sería más peligrosa; todo lo contrario, se trata de señalar que la violencia, sea esta física, cultural, simbólica y estructural, es dañina y condenable, pero antes de señalar aquello se hace necesario poder entender la violencia y los actos violentos.

Por ejemplo, cuando un grupo de personas ocupa un espacio o corta una calle en señal de protesta/enfado es visto de inmediato como un acto violento, calificándolo como una acción amparada por grupos anarquistas o antisistema, cuando en realidad dicha acción puede ser un acto que está representando el hastió y cansancio de años de abuso por parte de autoridades o grupos de poder, que valiéndose de aquello, han impuesto una determinada forma de construir la realidad y donde ese poder no es otra cosa que una forma de violencia que se ejerce contra otros; más aún, cuando la propia institucionalidad se convierte en cómplice de estos grupos o sectores que detentan poder, prestigio y riqueza.

Entonces, antes de caer en las caricaturas, simplificaciones o discursos binarios sobre la violencia, quizás sería pertinente pensar dónde se sitúa (origen de) la violencia, así como qué y quién son realmente los violentos en una sociedad como la nuestra.

"La violencia no es potestad de un solo sector o grupo social, en este caso de la izquierda. La violencia no se reduce a la mera destrucción de un lugar físico, público o privado".

Inseguridad

La inseguridad como fenómeno, llegó para quedarse, la gente lo plantea abiertamente y para hacer pesar su molestia, se manifiestan públicamente, al unísono piden seguridad, y a la vez la palabra que más resuena es " Justicia ", ahora con los últimos hechos de violencia, como es el caso de una bebé de 8 meses herida producto de una balacera en la comuna de El Tabo, pareciera ser que la palabra justicia, se escucha con más fuerza. Sabido es que hoy las bandas delictuales están conformadas principalmente por menores, incluso hasta menores de 12 años, su actuar pareciera ser más violento e irracional. Llegan y disparan, con ello pretenden marcar presencia frente a otros delincuentes, pero su escudo protector es la propia ley, ya que los considera inimputables, es decir, por más grave que sea el delito cometido tienen garantizada su libertad. Y para la ciudadanía es un claro sinónimo de riesgo e inseguridad. ¿No será el momento de adecuar leyes y entender que a los 12 años un niño ya sabe que matar, robar, violar, agredir es malo? Dificulto que a esa edad no diferencie el significado del bien y del mal.

Alberto Contreras Silva

Baquedano

Nuestra sociedad enfermó de miedo por el odio que han propagado aquellos que todos los viernes -azuzados por la izquierda más radical- usan la violencia porque ha sido impune ante la pasividad de las autoridades en restablecer el orden público, profanando a nuestros héroes y destruyendo la convivencia nacional. En ese sentido, es imperativo un Estado fuerte en su función principal: quienes validan el uso de la violencia para fines políticos deben ser rechazados con todo el rigor que otorga la ley para preservar la democracia.

Carlos P. González

Cansancio

Queda poco del verano y continúa el alza de casos covid-19 en la Región del Biobío. La situación se ve compleja. En Los Ángeles los casos no muestran una baja a pesar del tiempo que llevan en cuarentena. El Gran Concepción inició un confinamiento, el tercero en lo que llevamos de pandemia. Entonces, ¿qué ocurre? Es momento de que las autoridades tomen acción. Si bien es positivo lo realizado en el proceso de vacunación contra el virus, no se puede jugar con la vida de nuestras vecinas y vecinos. El covid-19 sigue presente, los microbuses siguen llenos, y el agotamiento por las medidas sanitarias crece a diario. Confío que el futuro será mejor, pero para esto los esfuerzos se deben multiplicar.

Jaime Monjes Farías

Educación cívica

Sin puntajes nacionales en la prueba de Historia y Ciencias Sociales de la PTU 2021 justo en el momento de la mayor transformación de Chile desde la vuelta a la democracia: la redacción de una nueva constitución. Este resultado debiera ser una luz de alerta ya que es consecuencia de una errática política educacional que en 1997 suprime Educación Cívica como asignatura independiente, para pasar sus temáticas como objetivo transversal al currículo escolar. Así surge la propuesta "formación ciudadana", muy interesante en la teoría pero que en la práctica no tenía otra razón que dar más espacio a asignaturas como matemáticas y ciencias. En el primer gobierno de Sebastián Piñera se instauró la inscripción automática y el voto voluntario, con resultados de una tremenda abstención. Lo anterior llevó al Mineduc a repensar la cuestión, instaurándose en 2019 una nueva propuesta curricular para 3° y 4° medio que se define por la electividad y el mejor desarrollo de competencias como ciudadanía, responsabilidad, colaboración, pensamiento crítico y comunicación, cuyos resultados no se verán materializados sino al menos en una década. Un buen desafío se plantea a los profesores de Historia, Geografía y Ciencias Sociales, y especialmente a quienes hoy están en formación: intentar recuperar - en el escaso tiempo de que dispondrán - en sus estudiantes el aprecio por la lectura, la capacidad de análisis y crítica fundada, el diálogo que se construye aún en la diferencia, en una sociedad marcada por la inmediatez y la insoportable levedad de las redes sociales.

Raúl Sánchez Andaur

Cuarentena

La nueva cuarentena demuestra que la señora Pandemia, doña Covid-19, no sale jamás con vacaciones.

René Rojas Salinas

"Jubilazo"

Resulta que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) amplió la querella en contra de exfuncionarios de Gendarmería por el fraude descubierto en el año 2016, para obtener millonarias pensiones cuando se jubilaban, haciendo toda una realidad, el "sueño dorado" de todas las chilenas y chilenos, cuando están a punto de jubilar por el sistema de AFP. Una de las afortunadas con pensiones millonarias fue Myriam Olate, esposa del exdiputado Osvaldo Andrade, cuando jubiló el año 2016 con una pensión de 5,2 millones de pesos. Según la investigación del CDE, la treta consistía en reasignar en puestos privilegiados de alto mando con mayores rentas o agregar "funciones críticas" al puesto que tenía el funcionario, solo algunos meses antes de jubilarse, para que el monto de la pensión fuera más suculento. Muy positivo que el CDE reactive el caso, porque al día de hoy no hay formalizados ni sobreseídos en la causa del "jubilazo", y para que quede muy claro que no hay nadie por encima de la justicia. Imagínese usted, si se supone que jubilarse es un gran motivo de alegría (jubileo), lo que será hacerlo con un millonario "jubilazo".

Luis Soler Milla

Caso Tomás

¿No es deber de un fiscal, cuando en un caso existen informes dispares de organismos prestigiosos como la PDI y Carabineros, solicitar nuevas diligencias o pericias para resolver esas diferencias antes de imputar a un sospechoso, sobre todo en una investigación de tanta difusión como ha sido la de la muerte del pequeño Tomás? Hay que considerar que cualquier determinación llega a oídos de muchos que no siempre obran con cordura. Todo delito es condenable, pero por sobre la urgencia está la justicia responsable y acuciosa.

Fernando Munizaga V.

Anticonceptivo

¿Mamá, tú me quieres? Hijo, tú eres el resultado de un producto defectuoso.

Eduardo cresta Hill

La Secretaría Regional Ministerial de Vivienda rechazó la postergación de permisos para edificar en Concepción, solicitud que hizo el municipio, debido a que no cumplía con los requisitos legales, de acuerdo con ese organismo gubernamental.

El requerimiento fue presentado en enero pasado por la municipalidad penquista, debido a que el proceso de modificación del Plan Regulador Comunal apunta a la limitación de la altura máxima de los edificios en diversos sectores.

La Secretaría Regional Ministerial explicó que la decisión se debe a que los antecedentes aportados no coinciden con los que son exigidos por la normativa. Sin embargo, el alcalde Álvaro Ortiz declinó referirse al tema, a la espera de analizar el documento.