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Un año de adaptación. Así definió al 2020 Macarena Cepeda, presidenta de la Asociación de Industriales Pesqueros, Asipes, en Biobío. "La pesca industrial fue definida como una actividad estratégica esencial por ser productora de alimentos. Eso nos desafió a tener que activarnos súper rápido, porque teníamos que mantener la continuidad de nuestras operaciones, pero siempre con un foco muy importante en las personas", mencionó.

Agregó que la pesca industrial es una actividad estratégica, que genera 6.500 empleos y directos y que contribuye a la competitividad de la región, pues genera sinergias y encadenamientos productivos con la pesca artesanal y las pymes. "Hay cerca de 370 pymes que dependen exclusivamente de la pesca industrial, cerca de 4 mil empleos directos en reparadores de redes, hieleras, seguridad", mencionó. Por ello, Cepeda ve con preocupación lo que pueda pasar con algunos cambios que se están analizando a nivel legislativo y vinculado con el sector.

-La pesca siempre está en el ojo del huracán, con discusiones sobre cuotas, manejo de recursos. ¿Cómo ha funcionado eso?

-Desde 2012, con la actual Ley de Pesca, se establecieron organismos técnicos, como el comité científico, los comités de manejo, que son los que definen la cuota anual de pesca en relación a factores de sustentabilidad para asegurar el recurso en los años que siguen. Hemos sido súper respetuosos de eso y además tenemos una actividad muy transparente, porque cuenta con posicionadores satelitales, tenemos cámaras a bordo, lugares de descarga conocidos, hemos implementado el sistema de observadores a bordo que está monitoreando que se cumpla con la ley de pesca y además hemos implementado plataformas voluntarias de transparencia. Ahí está informado tu abastecimiento y cuáles son las líneas de proceso que se destinan y a qué empresas va.

Nos preocupa mucho que hay discusiones legislativas que no están teniendo un foco técnico.

-¿Como la discusión de la derogación de la ley o el arrastre de la merluza?

-Sí, pero antes de eso estaba la Ley de la Jibia. Con eso la Región perdió competitividad. Como sector anunciamos que de aprobarse, iba a tener efectos súper negativos y a un año de entrada en vigencia pudimos constatar que se perdieron mil empleos directos, que la pesca artesanal logró capturar el 30% de su cuota, que son 200 mil toneladas. La Región dejó de exportar 150 millones de dólares porque la jibia quedó en el agua y vimos cómo una flota china estuvo pasando por fuera de nuestra zona de las 200 millas pescando la jibia que aquí no se pescó.

-¿Cómo se explica esto entonces?

Estas son iniciativas que vienen de parlamentarios de otras regiones que desconocen el encadenamiento productivo que se produce en Biobío y que creen que pueden proponer soluciones que destruyen valor y van en desmedro de quienes vivimos acá.

-¿Como el proyecto que prohibe la pesca de arrastre de la merluza?

-Hay discusiones científicas que han establecido que el problema no es el arte con que se captura, sino que no se respeta la cuota porque hay pesca ilegal. El comité de manejo de Maule ha establecido que se captura de cuatro a seis veces la cuota. A nivel nacional tienes 38 mil toneladas y sólo en Maule están sacando 50 mil. Frente a ese nivel de pesca ilegal lo primero que hay que hacer es contenerlo. El llamado es a proteger aquellas actividades estratégicas que entregan empleos formales, que generan estos encadenamientos productivos. En Maule o Valparaíso no existe la industria con la pesca artesanal ni las pymes.

-¿Qué hay que hacer?

-Trabajar en conjunto todos los actores de este ecosistema pesquero en construir un mejor sector que signifique prosperidad para todos y no destruir o debilitar a alguno de los actores pensando que otro se va a ver beneficiado. Eso no pasó con la jibia y es el mejor ejemplo. Tenemos que buscar soluciones, reducir brechas.

-¿Hay relación con los legisladores de la zona? ¿Cuál es la postura de ellos por lo de la merluza?

-La Ley de la Jibia sirvió para que se dieran cuenta que la discusión pesquera tiene que tener un sustento técnico importante, porque están legislando sobre una actividad que opera recursos naturales. Las decisiones no pueden ser políticas o ideológicas. Los parlamentarios de la Región están conscientes que la Ley de la Jibia fue una mala política y que no se puede volver a repetir.

-Da la impresión que en este tipo de discusiones no existen matices...

-Hoy es el momento de revisar cómo mejoramos las condiciones para que todos quienes participan en este ecosistema pesquero se puedan desarrollar de manera próspera. Ver como aquellas empresas que están recién partiendo puedan consolidar sus productos en colaboración con estas empresas que tienen camino recorrido. Lo que nos hace mal es pensar que las soluciones son blanco o negro y en alguno de los extremos está la verdad.

Exportaciones aéreas

-En el aeropuerto se está haciendo un trabajo para exportar. ¿Cómo va el trabajo y cuál es el interés que tienen?

-Hoy el desarrollo de la industria salmonera en la Región ocurre porque está la pesca extractiva, industrial. Eso permitió que se pudiesen instalar plantas procesadoras de salmones en Talcahuano y Tome. En Tomé la pesca industrial significa cerca del 75% de las patentes. En Talcahuano es cerca del 9% y en Coronel el 20% y eso da muestra de un encadenamiento productivo que permite instalar otra industria relacionada con la pesca industrial, que es el salmón. Hoy tenemos envíos de salmón a Estados Unidos con muy buenos resultados y eso le abre la puerta a un montón de otros productos que podrían salir por vía aérea y fortalece la condición de plataforma logística de la Región porque nos permite recibir productos que pueden venir de otros países.

-Cuando esto esté funcionando bien, ¿eso implicaría generar más plantas, ampliarlas?

-Me encantaría decir que sí, pero hoy, con las iniciativas legislativas que se están discutiendo, como el proyecto corto que propone licitar el 100% de la pesca industrial, no se puede proyectar en el tiempo. El Estado entrega concesiones a las empresas que históricamente venían desarrollando esta actividad, que tienen una duración hasta 2032 y en la medida que cumplas con condiciones legales y medioambientales puedes solicitar la renovación. Pero cuando se está proponiendo un proyecto que busca licitar el 100% de eso no tienes forma de proyectar. Un barco tiene una vida útil de 30 años y ahora no voy a comprar uno sin la claridad de si me voy a poder mantener o no. Todo esto genera incertidumbre en el sector y mientras esto siga, no nos podemos proyectar con inversiones a largo plazo.

La molienda de trigo de la Región del Biobío en diciembre del año pasado llegó a 10.543 toneladas lo que representa un retroceso interanual de 36,3%. Esto fue consecuencia del menor procesamiento de productos y subproductos del trigo, informó el Instituto Nacional de Estadísticas, INE:

La institución comunicó que durante 2020 se procesaron 142.907 toneladas de molienda de trigo, que implica una variación negativa de 12,2% comparado con el año 2019, explicado por la menor elaboración de productos y subproductos de trigo.

El INE explicó además que en diciembre se procesaron 8.534 toneladas de productos de trigo a nivel regional, siendo en su totalidad harina de primera, aportando el 80,9% de la molienda regional, nivel que disminuyó 34,9% comparado con diciembre del año anterior.

En el país se procesaron 107.144 toneladas de productos de trigo, exhibiendo un descenso de 16,8% en doce meses, asociado principalmente a la menor producción de harina de primera.

Los principales productos de trigo elaborados en el país en el mes de análisis fueron harina de primera, con una participación de 89,9%, semolín (3,6%) y sémola (2,9%). Además, en 2020 se elaboraron 113.157 toneladas de productos de trigo en la región, mostrando un decrecimiento de 12,4%.

En mismo período se procesaron 1.553.849 toneladas en el país, acumulando un retroceso de 4,3%, explicado principalmente por la menor producción de harina de primera (-5,0%).