"Como institución no hemos sido persecutores de las legítimas manifestaciones"
La cuenta pública de la Fiscalía Regional del Biobío prestó gran atención a los hechos delictuales ocurridos tras el 19 de octubre de 2019 y advirtió una disminución de causas por la pandemia.
La gestión de la Fiscalía Regional del Biobío estuvo marcada el año pasado por las causas ocurridas en el periodo del denominado "estallido social", principalmente las referentes a delitos como saqueos y atentados incendiarios, así como las denuncias por apremios ilegítimos por parte de efectivos policiales.
En su discurso durante la cuenta pública de la institución, la fiscal regional, Marcela Cartagena, esclareció las principales dificultades y desafíos que la Fiscalía debió enfrentar durante el año pasado, las que tuvieron relación con el contexto sanitario que los obligó a cambiar la forma en que operaban habitualmente y todas las indagatorias relacionadas a "los efectos no deseados" de la crisis iniciada a partir de octubre de 2019.
"Nos parece importante declarar que como institución no hemos sido persecutores de este legítimo movimiento. No ha estado en nuestro horizonte frenar, silenciar o demonizar las legítimas manifestaciones, que representan una expresión ciudadana genuina y que han desembocado en un proceso constituyente que, como institución, vemos con interés y respeto", sostuvo Cartagena.
La persecutora se refirió al fenómeno de los saqueos, robos con fuerza, hurtos, receptaciones y atentados incendiarios a inmuebles públicos y privados, además de una serie de delitos contra la propiedad privada en los que, al tener una situación de detención por flagrancia de sus autores, se logró un proceso investigativo más simple y breve, logrando generar 469 acusaciones y requerimientos en relación a 999 imputados.
Por otra parte, sobre los ataques incendiarios que afectaron a infraestructura de Concepción que fueron investigados junto a la unidad BIPE de la PDI, por la alta dificultad de la naturaleza de los ilícitos, prontamente se presentarán las acusaciones contra posibles autores de los siniestros a la Caja de compensación Los Andes y el edificio de la Gobernación Provincial.
APREMIOS ILEGÍTIMOS
De forma complementaria, la Fiscalía recibió más de 700 denuncias sobre la actuación de efectivos policiales, militares y navales en el contexto del control de las manifestaciones y detenciones que se gestaron desde octubre de 2019. La fiscal regional calificó esta situación como "uno de los desafíos más relevantes que ha debido acometer la fiscalía en sus 21 años de historia".
Para esclarecer las causas en curso, la PDI dispuso a un grupo de profesionales de la institución y la colaboración del Servicio Médico Legal para realizar las indagaciones periciales de las víctimas, generando la consolidación de un equipo interdisciplinario que ha acompañado al fiscal designado en materia de Derechos Humanos desde 2019.
Cartagena admitió la preocupación de los denunciantes por la extensión temporal de las indagatorias, para que estas puedan dar resultados certeros. "A todos ellos les decimos que estamos frente a investigaciones muy complejas, donde debemos desentrañar si un deber o una facultad se mantuvieron en sus legítimos contornos o si hubo excesos o abusos", declaró.
En el marco de las denuncias recibidas, la persecutora esclareció que en la gran mayoría no se registraron detenidos por flagrancia, sindicación o indicación de los agresores, por lo cual el trabajo ha debido partir de cero, construyendo la historia de cada uno de los delitos con ayuda de tecnología audiovisual, herramientas físicas y otros elementos científicos y tecnológicos que no siempre tienen a disposición inmediatamente.
Además, en esta materia la fiscal adelantó que el próximo mes se formalizará a ocho funcionarios de Carabineros, entre oficiales y suboficiales por delitos relacionados a apremios ilegítimos, sumándose a los tres casos que ya se encuentran judicializados y que se espera aumenten a partir de marzo.
GESTIÓN ANUAL
Durante el año 2020 la Fiscalía registró una disminución de 2,7% en la recepción de causas, contabilizando 111 mil 93, con una diferencia de casi tres mil casos menos. Un 63% de ellas se concentró en la Provincia de Concepción, seguida por la del Biobío y Arauco, con un 25% y 12% respectivamente. Mientras que cada fiscal y sus equipos generaron el ingreso de mil 800 causas cada uno en promedio.
En materia de delitos, el sistema de justicia penal regional registró que los más frecuentes fueron los denominados "otros delitos", con un 20%, seguidos por los robos no violentos y lesiones, con 11% cada uno, así como los que atentaron contra la libertad e intimidad de las personas, con un 10%.
El 18% de los casos totales de la región tuvieron relación con delitos contra la salud pública, relacionados principalmente a la pandemia. Con esto 34 mil 478 personas fueron imputadas, de las cuales 20 mil 943 ya tienen sus causas terminadas, logrando un 94% de sentencias condenatorias.
A partir de la situación sanitaria del país, la Fiscalía registró la disminución de un 20% en la cantidad de audiencias realizadas contabilizando 52 mil 419. Mientras que se contabilizó el término de 96 mil 633 causas, lo cual equivale a un 18% menos que el año antepasado.
LA VIOLENCIA EN ARAUCO
Durante su discurso, la fiscal Cartagena se refirió brevemente a la situación que se registra en la Provincia de Arauco, la cual ha sido foco de diversos delitos de carácter violento. Al respecto, aseguró que la violencia rural que afecta a la zona es y seguirá siendo una fuente de ocupación y dedicación de la fiscalía durante este año. "Estamos totalmente conscientes que debemos cumplir de la mejor manera posible de la mano de las policías, la labor de investigar cada denuncia recibida procurando identificar a sus autores y reunir pruebas que nos permita presentarlos ante la justicia", agregó.
999 fueron los imputados en la Región por delitos como saqueos, robos con fuerza, receptaciones y ataques incendiarios.