Por AP

Dos estados claves que seguían en disputa, Wisconsin y Arizona, certificaron sus resultados de las elecciones presidenciales a favor de Joe Biden, aun cuando el equipo legal del presidente Donald Trump continúa disputando los resultados.

La victoria de Biden en Wisconsin fue certificada después de un recuento parcial que sólo añadió a su margen 20.600 votos sobre Trump, quien prometió presentar una demanda para invalidar los resultados.

WISCONSIN PARA BIDEN

El gobernador Tony Evers, demócrata, firmó un certificado que completó el proceso después de que el informe de escrutinio que mostraba a Biden como ganador tras el recuento, fuera aprobado por la presidenta de la bipartidista Comisión Electoral de Wisconsin.

La firma de Evers fue requerida por ley y es un paso del procedimiento que por lo general recibe poca atención. "Hoy cumplí con mi deber de certificar las elecciones del 3 de noviembre", dijo Evers.

"Quiero agradecer a nuestros oficinistas, administradores electorales y trabajadores electorales en todo nuestro estado por trabajar incansablemente para asegurar que tuvimos una elección segura, justa y eficiente. Gracias por todo su buen trabajo", añadió.

Tras su firma, ayer comenzó un plazo de cinco días para que Trump presente una demanda. El mandatario está montando un largo intento para anular los resultados, tratando de descalificar hasta 238.000 votos. Los abogados de Trump alegan sin pruebas que hubo fraude generalizado y actividad ilegal electoral.

La campaña demócrata se respaldó en el recuento y se hizo eco de la victoria de Biden en Wisconsin, asegurando que no hubo fraude. Incluso si Trump hubiera tenido éxito en Wisconsin, los 10 votos del Colegio Electoral del estado no serían suficientes para deshacer la victoria general de Biden.

En paralelo, el secretario de Justicia de EE.UU., William Barr, declaró que su departamento no encontró evidencia alguna de un fraude que pueda cambiar el resultado de las elecciones. "No hemos visto fraude de una magnitud que pueda llevar a un diferente resultado electoral", indicó Barr.

ARIZONA SORPRENDE

Ayer también, funcionarios de Arizona certificaron la estrecha victoria de Biden en ese estado de tradición republicana.

La Secretaria de Estado, demócrata, Katie Hobbs y el gobernador republicano Doug Ducey, avalaron la integridad de la elección antes de firmar los resultados. "Aquí en Arizona hacemos bien las elecciones. El sistema es fuerte", aseguró Ducey.

No se refirió directamente a las denuncias de irregularidades de Trump, pero dijo que el estado logró una elección exitosa con una mezcla de votación en persona y por correo.

Hobbs dijo que los votantes de Arizona deben saber que la elección "se llevó a cabo con transparencia, exactitud y equidad de acuerdo con las leyes y procedimientos electorales de Arizona, a pesar de las numerosas afirmaciones infundadas en sentido contrario".

Biden es sólo el segundo demócrata en 70 años que gana en Arizona. En el recuento final, venció a Trump por 10.457 votos, o el 0,3% de los casi 3,4 millones de votos emitidos. Incluso cuando el fiscal general y el presidente del Tribunal Supremo del estado certificaron los resultados, las abogadas de Trump, Rudy Giuliani y Jenna Ellis pretenden impugnarlos.

20.600 votos añadió Biden a su victoria sobre Trump en el estado clave de Wisconsin tras el recuento.

10.457 votos dieron por ganador a Biden en Arizona, es decir, 0,3%. La tendencia en el estado es republicana.

El presidente Trump está realizando un largo intento para anular los resultados, tratando de descalificar hasta 238.000 votos.

Diputados de Chile Vamos buscan remover a la defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, dado que en una canción y video que es parte de la campaña de derechos 2020 de la entidad que ella dirige, se dice "siento que debes empoderarte y volar, saltarse todos los torniquetes".

Tomás Fuentes, Miguel Mellado y Camila Flores, de RN, y Álvaro Carter, de la UDI, iniciaron las gestiones para reunir las firmas de un tercio de los miembros de la Cámara en orden a presentar ante la Corte Suprema un requerimiento de remoción de Muñoz. Esto "se basa en la negligencia manifiesta e inexcusable de la defensora de la Niñez en el ejercicio de sus funciones, porque realiza proselitismo político en menores de edad, lo que está prohibido", aseguró Fuentes. "No podemos permitir que desde su cargo siga promoviendo odio y violencia", publicó en Twitter. Criticó que en el registro "se llama a una revolución y rebelión, a saltarse torniquetes, a abandonar una 'falsa moral', como si su estándar moral fuera el correcto y el que debieran seguir los menores".

Mientras, el abogado Mario Esquivel Lizondo presentó una querella criminal por Ley de Seguridad del Estado contra la Defensoría y Patricia Muñoz, ante el 8º Juzgado de Garantía de Santiago, debido a lo que él considera "conspiración y proposición para cometer un crimen o un simple delito".

Desde el Gobierno, el ministro Jaime Bellolio afirmó que "saltarse el torniquete, en el contexto en el que estamos hoy, es una mala metáfora, porque le están diciendo a los niños, niñas y adolescentes que hay que saltarse las regla". Indicó que la Contraloría solicitó información a la Defensoría de la Niñez "para ver si es que se justificaba el uso de los recursos" en el registro.

HABLA LA DEFENSORÍA

La Defensoría dijo que "lamenta profundamente que se haya malinterpretado" el contenido del video y canción "El llamado de la naturaleza", y que "la intención de esta pieza musical está centrada en visibilizar los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes".

Expuso que la campaña busca tener "contenidos y formatos atractivos", y que "se enmarca plenamente dentro del rol y funciones de la Defensoría". Sobre la canción, dijo que, "como toda expresión del género, se utilizan simbolismos y otros recursos para visualizar cómo los niños, niñas y adolescentes deben superar barreras y obstáculos en la defensa de sus derechos, entre otras situaciones descritas". Y agregó: "Jamás hemos llamado a la violencia ni lo haremos".

La Sala de la Cámara de Diputados rechazó, por 68 votos a favor, 69 en contra y cinco abstenciones, la censura presentada por cuatro legisladores opositores a la mesa de la corporación, por lo que Diego Paulsen (presidente, RN), Francisco Undurraga (vicepresidente, Evópoli) y Rodrigo González (vicepresidente, PPD) mantienen su titularidad.

La reclamación, tercer intento para la remoción, fue presentada por Giorgio Jackson (RD), Camila Vallejo (PC), Claudia Mix (Comunes) y Alexis Sepúlveda (PR).

El punto objetado fue que en una sesión no se dejó votar a Vallejo y a Cristóbal Urruticoechea (RN). Para defender dicha postura, intervino Gonzalo Winter (Convergencia Social), quien sostuvo que además se consideró la representatividad de la mesa frente a la mayoría política de la Cámara, que es de oposición. "La corporación tiene derecho a optar por una mesa que los represente", expresó Winter.

Diego Paulsen agradeció la confianza en la mesa, la que -a su juicio- ha estado "a la altura de las circunstancias y de lo que nos exigía el país".

Clave en que no prosperara la censura fue la abstención de los opositores Renato Garín (independiente), Félix González (ecologista), Jenny Álvarez (socialista), y Pamela Jiles y Raúl Alarcón (humanistas). "No había argumentos de fondo, primero se sostuvo que la mesa había vulnerado el derecho a voto de dos diputados, cuestión que es falsa. Y luego se dijo que era una censura política, lo que equivale a decir 'censuramos porque queremos", comentó Garín.