Por Redacción

Las comisiones unidas de Hacienda y Trabajo y Previsión Social del Senado comenzaron la discusión del proyecto que el Ejecutivo presentó para permitir un retiro de fondos previsionales, mientras que el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, afirmó que la iniciativa busca detener el avance de aquella propuesta por legisladores opositores y que se tramita en el Senado en paralelo.

Briones dijo en radio Duna que la propuesta del Gobierno, la cual acota el universo de afiliados que pueden extraer ahorros, apunta a "refrendar que, cualquiera sea el caso, esto se hace por la vía legislativa, y que no corresponde inundar las prerrogativas exclusivas del Presidente de la República en estas tres materias sustantivas: gasto público, seguridad social e impuestos. El día que el Congreso pueda empezar a definir los gastos, los tributos y pueda definir toda materia de seguridad social, naturalmente tenemos un problema institucional grave y eso hay que acotarlo".

El ministro confió en "persuadir" al Congreso y agregó que la idea es detener el avance del proyecto de la oposición, el cual ya avanzó a la Sala del Senado, así como poner límites a los retiros. "Si usted no cierra esta llave, o no hace el intento legítimo por cerrarla, la verdad es que después puede tener un tercer, un cuarto, un quinto o un retiro por el total. Eso creo que hay que verlo en esa perspectiva", declaró Briones, para quien la propuesta del Ejecutivo "acota el daño previsional y eso es a lo que deberíamos apuntar. No olvidemos nunca que la plata de las pensiones no cae de Marte".

Más tarde, ante los senadores de las comisiones de Hacienda y Trabajo, aseguró que el proyecto del Gobierno tendría un costo fiscal máximo de US$2.154 millones a valor presente. "Este es el techo y va a ser condicional al total de montos que se reintegren", precisó.

Briones destacó que el proyecto del Gobierno "no innova en materia de crear exenciones tributarias, como sí lo hace el proyecto de reforma constitucional" de la oposición que habilita un segundo retiro del 10%. "Este efecto tributario de la reforma constitucional, nosotros lo cuantificamos en torno a US$1.000 millones, por la no recaudación de impuesto a la renta, y una segunda 'pata' de exención de invertir los montos en una APV, y tener un beneficio tributario adicional, que es extremadamente regresivo", indicó Briones, quien añadió que esos mil millones de dólares de costo en materia tributaria de la propuesta opositora constituirían "un regalo" a las personas con altas rentas y son "equivalentes a todo lo que retiraría el quintil de menores ingresos del país".

DURANA SE CONVENCIÓ

La propuesta de La Moneda no fue bien recibida en la oposición. "El nivel de restricciones que se introducen hace difícil que esto se apruebe", hizo ver el senador Ricardo Lagos Weber (PPD) en la sesión en la Cámara Alta. Antes, en Cooperativa, su par socialista Carlos Montes la estimó insuficiente y sostuvo que llega "muy tarde y no da cuenta del problema que tienen muchas familias".

En Chile Vamos, algunos la valoraron. "Quiero agradecer este proyecto. Tenemos dos propuestas que apuntan a lo mismo, pero tienen caminos distintos. Uno de ellos está dentro de la legalidad", dijo Ena von Baer (UDI), y José Durana, quien había manifestado su disposición a aprobar el retiro según la iniciativa opositora, expresó sobre la del Ejecutivo: "Me allano al proyecto de ley". Iván Moreira, Juan Castro y Manuel José Ossandón, que también están por aprobar el de la oposición, manifestaron reparos al del Gobierno.

El Ministerio de Educación fijó para el 1 de marzo el inicio del año escolar 2021 y planteó que los propios colegios deben diseñar sus planes de retorno a la actividad presencial.

El anuncio lo hizo ayer el ministro de Educación, Raúl Figueroa, acompañado de representantes de las asociaciones de municipalidades y de colegios particulares subvencionados, entre otros.

"Los esfuerzos del ministerio han estado enfocados en mitigar al máximo los efectos negativos que tiene la suspensión prolongada de clases presenciales, entregando apoyos y recursos educativos a las comunidades para reforzar las clases a distancia. Sin embargo, y a pesar de esos esfuerzos, este año hemos podido constatar con mayor claridad que las clases presenciales son irremplazables", explicó el ministro.

Seguirá vigente la priorización curricular que se trabajó con el Consejo Nacional de Educación, el retorno deberá ir de la mano de un diagnóstico para los alumnos y el foco estará, en los primeros meses de 2021, en el reforzamiento de los escolares "para que puedan recuperar al máximo aquello que, como consecuencia de la pandemia, puedan haber perdido durante este año", dijo el secretario de Estado.

Los planes de retorno deben ser elaborados por los colegios cumpliendo con los protocolos elaborados en conjunto por los ministerios de Educación y de Salud, los cuales deberán ser entregados a más tardar el viernes 8 de enero de 2021, a través de un botón en la web de Sigamos Aprendiendo, que estará disponible desde del 1 de diciembre. Los establecimientos que requieran acompañamiento para hacer su plan podrán solicitar una asesoría personalizada al Ministerio de Educación en la misma web.

El Mineduc, además, recomendó al sistema escolar adoptar un régimen trimestral de organización para planificar en tramos más cortos, los cuales pueden ajustarse con mayor facilidad y permiten monitorear durante tres ciclos completos los avances curriculares.

La Agencia de Calidad de la Educación pondrá a disposición de todos los establecimientos una evaluación diagnóstica para planificar las flexibilizaciones curriculares pertinentes, que deberá hacerse a más tardar el 15 de marzo y podrá ser complementada por evaluaciones propias de las instituciones.

El Senado volverá a tratar la reforma constitucional que reserva 24 escaños para representantes de pueblos indígenas en la Convención Constitucional, luego de que ayer el proyecto no alcanzó el quorum requerido para su aprobación, esto es, 26 sufragios. Sólo tuvo 24.

El proyecto despachado por la comisión de Constitución de la Cámara Alta y que contempla sumar 24 cupos, no es compartido por Chile Vamos, que apuesta por generar 15 dentro de los 155 ya considerados para el órgano constituyente.

La ministra de Desarrollo Social, Karla Rubilar, lamentó que "no hemos sido capaces de llegar a un acuerdo y estamos en lo que se denomina un punto muerto y no podemos darles representatividad a los pueblos indígenas en un proceso que no puede escribiese sin ellos. El Gobierno quiere representación de los pueblos indígenas, de todos, y que se haga dentro del mandato ciudadano de 155 escaños". El senador Álvaro Elizalde (PS) también calificó como "lamentable" la situación y adelantó que la oposición va a insistir "en los próximos pasos, ya sea en tercer trámite o en una comisión mixta".

En la sesión, se rechazó una indicación presentada por el senador José Miguel Durana (UDI), que buscaba reservar un escaño al pueblo afrodescendiente en la Convención.

Hace ocho años, durante el primer gobierno del Presidente Piñera, dimos un paso decisivo a fin de lograr un mercado más abierto, competitivo y pro consumidor: implementamos la ley de Portabilidad Numérica, la cual nos permitió elegir libremente y sin amarres la compañía telefónica que nos ofreciera mejores precios y un mejor servicio, pudiendo conservar nuestro número fijo o móvil. A la fecha, ya son más de 14 millones de números portados entre las distintas compañías, lo que ha generado una reducción de tarifas, mayor competencia y mejores planes. Todos beneficios directos al consumidor.

Bajo ese mismo compromiso, hace poco más de un mes entró en vigencia la ley de Portabilidad Financiera, la cual nos permite cambiar nuestros productos financieros de una institución a otra de manera fácil y rápida, ahorrando costos y tiempo. La portabilidad financiera posibilita que tanto las personas como las mipymes puedan cambiar de proveedor sus respectivas cuentas corrientes, tarjetas de crédito, créditos hipotecarios, créditos de consumo y automotrices, entre otros.

Hoy, el 97% de la población adulta cuenta con algún producto financiero. El sistema financiero cuenta con más de 4,9 millones de cuentas corrientes; 17,5 millones de tarjetas de crédito; 2,6 millones de créditos de consumo y un millón de créditos hipotecarios.

Antes de la vigencia de esta ley, era el cliente quien debía realizar la totalidad de los trámites y gestiones correspondientes al cambio de proveedor financiero. No era fácil ni rápido. Con esta ley es el nuevo proveedor financiero escogido por el cliente quien realiza la mayoría de las gestiones en su representación. De esta manera, para iniciar una solicitud de portabilidad, invitamos a todos los interesados a comparar precios y tasas ingresando a la página web de las distintas instituciones financieras, haciendo uso de la "Solicitud de Portabilidad" que las entidades ofrecen.

Según nuestras estimaciones, la portabilidad permitirá abaratar el costo de los trámites en un 60% y disminuir el tiempo invertido en un 40%. La ley de Portabilidad Financiera incluye no solo a los bancos y compañías de seguros, sino que también a las cooperativas, cajas de compensación, administradoras de mutuos hipotecarios y otras entidades fiscalizadas por la Comisión para el Mercado Financiero.

Los invito a beneficiarse de este gran cambio, comenzando por comparar ofertas, realizar la "Solicitud de Portabilidad" en los distintos proveedores y aceptar, finalmente, la oferta más conveniente. Sigamos poniendo al consumidor en primer lugar.

Francisco Moreno

Subsecretario de Hacienda.