Tras ocho meses de emergencia sanitaria, la pandemia de covid-19 nos está mostrando toda su complejidad. Los rebrotes que han surgido en algunos países europeos develan los riesgos que hay al no contar con una vacuna, por lo que el control de la pandemia requiere necesariamente que la ciudadanía acate las medidas preventivas que en forma reiterada se dan a conocer.

La alta movilidad de las personas que no hacen caso de los persistentes llamados de las autoridades sanitarias para evitar la propagación del virus, ha significado que las cifras de contagiados y de fallecidos sigan subiendo en algunas zonas, de manera que en esos lugares donde la población comete las mayores infracciones, se aleja cada vez más la posibilidad de retomar cierta normalidad. Las personas que andan en la calle sin mascarilla, que organizan fiestas en espacios cerrados en horarios de toque de queda o salen en comunas en cuarentena, pueden ser perseguidas penalmente según el artículo 318 del Código Penal, al poner en peligro la salud pública, lo que se aplica dentro de la excepción constitucional en el que se encuentra el país desde el 18 de marzo del presente año, por el coronavirus.

Hace unos días, la fiscal regional, Marcela Cartagena, ha señalado que la zona acumula 30 mil imputados bajo esta figura penal, asociados a más de 16 mil causas. Si bien en algunos casos se plantean como infracción al orden público, la Fiscalía a nivel nacional estima que quienes contravienen disposiciones como el uso de mascarilla en espacios públicos o la organización de actividades masivas están afectando la salud pública, razón por la cual se les formaliza. La Defensoría Penal Pública plantea, en cambio, que esto no es constitutivo de delito y que debería abordarse como infracción, con multas asociadas, más que como un procedimiento penal, que considera una penalidad de presidio.

Si bien no hay acuerdo respecto de la forma cómo se aborda la situación de los infractores, lo cierto es que hay muchas personas que incumplen deliberadamente las medidas de protección que involucran una responsabilidad con uno mismo y también con la sociedad, porque si las acciones preventivas no se acatan se demora el avance hacia una normalidad.

El mundo nos está mostrando que el covid-19 es extremadamente complejo de manejar y que pese a que llevamos más de ocho meses de emergencia sanitaria, los avances para controlar la pandemia no son suficientes. El comportamiento de la ciudadanía ha sido dispar en el país, por lo cual se han adoptado las restricciones sanitarias que correspondan a cada zona. La cifra de 30 mil imputados por infracciones a la normativa de salud pública en nuestra Región revela que se trata de personas que pese a todos los llamados que se realizan con el fin de respetar las normas de prevención de contagios de coronavirus, se comportan de manera imprudente, poniendo en riesgo a los demás.

En los medios de comunicación y en las redes sociales se dan a conocer casos de personas que infringen medidas como el uso adecuado de mascarillas y el distanciamiento social. Esto se puede ver en las filas que se realizan frente a bancos, locales comerciales, servicios públicos, o al subir y bajar de buses. Pese a todos estos meses de instrucción a las personas, parece que la población relajó las medidas de cuidado, justamente en momentos en que se preveía el auge de contagios. También se han conocido casos de personas que realizan fiestas, reuniones y asisten a funerales masivos sin las mínimas precauciones; la salida a la calle de personas que están contagiadas y que no respetan la cuarentena, u otras que insisten en desplazarse los fines de semana, con el riesgo de contagiar o de ser contagiado.

En consecuencia, es fundamental que las familias entiendan la necesidad de acatar las medidas de prevención y cuidado que se disponen, porque de lo contrario las posibilidades de volver a una relativa normalidad se alejarán cada vez más.

En la zona se ha imputado a unas 30 mil personas este año, por delitos contra la salud. Si bien en algunos casos se plantean como infracción al orden público, la Fiscalía a nivel nacional estima que quienes contravienen estas disposiciones están cometiendo delito y afectando la salud pública.

Sin lugar a dudas, Chile está atravesando por una profunda crisis de confianza. Tanto así que la mayoría de las instituciones han sido cuestionadas. Por nombrar algunas: Los escándalos de corrupción de Carabineros; el "Milicogate"; el "perdonazo" a Penta por parte del Servicio de Impuestos Internos; el sumario contra la Armada por 1,7 millones de dólares en gastos irregulares; la compra de helicópteros Black Hawk de la Fach, entre otros nefastos episodios que ponen en jaque nuestro caminar ético como sociedad chilena.

Hoy poco sirven las justificaciones, pues ya se ha ocasionado un profundo daño a nuestra institucionalidad, lo cual ha ido horadando lo más importante de una nación; su sentido ético. Cierta es la afirmación de que "la confianza es cómo el cristal", vale decir que es tremendamente frágil y que no se debe depositar en cualquier parte; la confianza debiera ser el tesoro más preciado en una sociedad, sobre todo cuando tiene relación con el obrar político-económico.

¿Que caminos tendremos que recorrer? ¿Qué otras verdades saldrán a la luz que pongan en jaque nuestra forma de ver el mundo? Lo cierto es que desde ahora cualquier cosa podrá ser posible, sobre todo porque ha existido lentitud en condenar los nefastos hechos acaecidos, y porque parece ser que ya nos hemos acostumbrado a esta clase de noticias, que pululan cotidianamente de titular en titular. Sin embargo, aún existe cierto rigor crítico en nuestra sociedad, en tanto hay quienes más allá de un "consejo para la transparencia", son capaces de obrar con honestidad, y siguen estando interesados en convertirla en una realidad concreta, pues a fin de cuentas ¿Quién fiscaliza la transparencia de un Consejo para la Transparencia?

En estos días, la realidad supera a la ficción, ya no estamos habitando el mismo mundo de hace unas décadas, la competitividad, el rigor del mercado y la lucha por el lugar más alto se han posicionado como únicas estrategias posibles para el desarrollo. Al respecto, precisar la importancia de formar la conciencia, sobre todo cuando aún se está a tiempo de realizar, y no cuando ya se ha incurrido en falta.

Claro ejemplo fue enviar a unos empresarios a clases de ética, 33 en total, con un costo de 30 millones de pesos y dictadas en la Universidad Adolfo Ibáñez. Suponer que Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano cambiarían su actuar con sesiones de filosofía, ética empresarial y asuntos legales, presume no poder entender dónde estamos situados. Y es que. como señalé con anterioridad, la conciencia se debió haber formado a tiempo, y las instituciones debieron operar de forma eficiente cuando se podían aminorar los daños a terceros, y no cuando la barbarie ya se ha desatado.

En definitiva, la crisis en la cual nos encontramos abrió una ventana al escepticismo, fundamentalmente porque la gente se pregunta ¿Por qué me exigen a mí lo que no le exigen a los demás? O de un modo más claro ¿Por qué un almacenero no tiene los mismos privilegios tributarios que un empresario de Penta? ¿Por qué el ciudadano común, no puede optar a su 10% libre de impuestos, pero sí hay otras entidades que los evaden a diestra y siniestra?

Luces y sombras para un Chile que pretende seguir avanzando, con mirada firme y dispuesta, asumiendo que debe quedar atrás la moralidad superficial y falsa que solo sirve para aparentar frente al mundo algo que no somos en realidad.

"Chile pretende seguir avanzando que debe quedar atrás la moralidad superficial y falsa que solo sirve para aparentar frente al mundo algo que no somos en realidad".

Ciudad caótica

Distintos testimonios en los últimos meses y que han sido destacados por los medios de comunicación de la zona, han puesto en el tapete el absoluto caos que existe en Concepción en materia de respeto a las leyes del tránsito. Hoy es común y corriente el estacionamiento de vehículos en las veredas como también en las distintas calles que, a pesar de estar señalizadas la prohibición de estacionar, nadie respeta esas ordenanzas. Carabineros no puede desconocer que esta labor de control es parte de su quehacer diario y que no puede ser desatendido como tampoco respecto del comercio ambulante que ya copa también las calles a medida que se acerca la Navidad. Carabineros debe recuperar su fe, confianza y su autoestima por el bien de su institución y de nuestra nación.

Tomás Varela H.

Duda constituyente

Soy una viejita de 84 años y ahora tengo una tremenda confusión. Participé en el plebiscito y en la parte donde preguntaban por la Nueva Constitución voté Apruebo, y en la otra papeleta, por la Convención Constituyente, porque no quería nada con los parlamentarios, pero ahora me doy cuenta que cambiaron las cosas y aparecen parlamentarios ocupando espacios en estas convenciones. Es una burla, no tenemos ninguna confianza con ellos pues sólo buscan aprovecharse y llenarse los bolsillos, aunque no se llenan nunca.

Gladys Sims Thomas

Cupos reservados

Expreso todo mi apoyo y defensa para que los pueblos originarios tengan representación garantizada en la Convención Constitucional. Creo que la gran mayoría de quienes votamos Apruebo en el pasado plebiscito querían que así fuese. No obstante esto, he seguido la discusión que se ha dado en el Congreso por el proyecto que establece escaños reservados y lamento decir que discrepo de un sector de la oposición que, por muy buenas intenciones que existan, definir el número de escaños por sobre el número de 155 que todos los chilenos decidimos al votar por la Convención Constitucional. No tengo evidencia para poder decir que quizás el rechazo de la opción Convención Mixta fue el mayor número de representantes, pero probablemente los chilenos y chilenas no queríamos una convención con un número prudente de convencionales. Por lo mismo, me gustaría que los parlamentarios aprobaran la representación garantizada de indígenas en la convención, pero dentro de 155. Ese era el rayado de la cancha, no lo trampeemos por fines electorales.

Ricardo Oyarzún González

Convención

La Convención Constitucional no está facultada para ejercer funciones propias de otros órganos. No obstante, diversas figuras políticas pretenden "correr el cerco" y conseguir que dicha Convención funcione como Asamblea Constituyente, postulando ideas tales como: "Se puede dar el fenómeno de que, dada la capacidad de movilización, los constituyentes se constituyan en la primera reunión y se declaren soberanos; y se acaba todo. Se cierra el Congreso inmediatamente". La materialización de tal aspiración va a depender de las manos en las que esté el verdadero poder: si en las autoridades que lo poseen legítimamente o en "la calle" (poder de jure o poder de facto). Si los gobernantes del Estado (ya sea por lenidad, por el "discurso de los derechos humanos" -usado para quitar legitimidad al uso de la fuerza- u otras razones) renuncian a usar la violencia física legítima del Estado -que por deber de autoridad están obligados en justicia a aplicar para imponer el orden público- el Estado queda indefenso y el verdadero poder lo tendrá "la calle". Cuando el Estado deja de tener el monopolio del uso de la fuerza -que está en la base de su existencia- entra en crisis, no puede garantizar el Estado de Derecho y se convierte en un Estado fallido. Normalmente una minoría organizada, agresiva y violenta se impone sobre una mayoría que no opone resistencia.

Adolfo Paúl Latorre

Votantes

Quiero manifestar y compartir mi apreciación sobre el Servel. Creo que es una chacota, desorden es poco decir, en especial con nosotros los adultos mayores. En la última elección presidencial voté en la Escuela Diego Portales, a tres cuadras de mi hogar. En el plebiscito 2020, en el Liceo Lorenzo Arenas, a varios kilómetros de mi casa. Vivo en el mismo lugar, y ahora los conscientes del Servel, me volvieron a cambiar a la escuela Rebeca Matte. ¿No será mucho Lucho?

delfina moreno jara

Sofismo

Los diversos pasos de la cuarentena nos dividen en lo moral y en lo ético. Lo moral es obligatorio y lo ético es voluntario. Un buen ejemplo es el rojo del semáforo, el paso de cebra y esta odiosa cuarentena que debiera ser una actitud voluntaria de autocuidado. Esta semana amanecí muy sofista. Digo yo.

René tito rojas salinas

Constituyentes

¿Qué grupos deberían tener representación en la Convención Constituyente? ¿Las minorías o las mayorías? ¿Los deportistas o los funcionarios de la salud? Los ejemplos podrían seguir ad infinitum. Uno de los muchos problemas que presenta esta forma de pensar la representación, consiste en que podemos quedar con una Convención compuesta por personas que sólo velen por intereses de grupo, y no por el bienestar de la comunidad entendida como un todo orgánico. Lo último que necesitamos son convencionales cuyo único propósito sea la obtención de beneficios para el clan al cual pertenecen. Esta es una forma grupal de individualismo. Por el contrario, requerimos de gente que sea capaz de ver a Chile como un todo, y no como un conjunto de guetos sociales en permanente conflicto. La Convención ideal sería aquella integrada por personas dispuestas a pensar el diseño de instituciones que faciliten la convivencia entre todos los cuerpos intermedios de la sociedad, por diversos que sean.

Francisco Medina Krause

Nada que ver

La gerente general de la Cámara Chileno-Alemana de Comercio e Industria, aclaró que la partida de Chile de la empresa Beiersdorf, que produce las líneas de cremas Nivea y Eucerin, no tiene nada que ver con la "crema" que quedó con el estallido social.

Luis Enrique Soler

En una costumbre que comenzó a incomodar a los profesores de la U. de Concepción, se han convertido las campañas para recaudar dinero para la elección de Miss Mechona de los Juegos Florales de Primavera. El último sistema aplicado por alumnos de licenciaturas consiste en retirar las placas patentes de los automóviles de los profesores estacionados en el Barrio Universitario, para devolverlas previo pago de cincuenta escudos por parte de los docentes afectados. También se ha recurrido a clausurar las salidas de los establecimientos, cobrando peaje por el paso de automóviles.

La firma constructora Aitue dio a conocer su decisión de cancelar el proyecto denominado Ciudad del Parque y adujo como razón la "incertidumbre profunda". El escenario judicial y los plazos desencadenaron decisión de la compañía, si se considera que la iniciativa se encontraba con orden de no innovar por disposición de Corte de Apelaciones.

El proyecto consideraba la construcción de cinco edificios residenciales y dos de oficinas en la avenida Chacabuco, del centro penquista.

La empresa informó que se desprenderá del 50% del terreno. Las organizaciones que expresaban su rechazo a la construcción -debido a su altura y el impacto que tendría en el entorno- manifestaron su conformidad con la decisión y la calificaron como una "victoria ciudadana".