Briones, tras solicitud de datos del retiro de 10%: "La privacidad no está en riesgo"
Ministro, que fue increpado en la calle, dijo que la petición de la cartera a la Superintendencia de Pensiones no busca identificar a nadie y responde a una facultad legal. El PPD recurrió a la Contraloría y la DC al Consejo para la Transparencia.
El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, sostuvo que la cartera que dirige tiene facultades para solicitar datos como los que requirió a la Superintendencia de Pensiones, a la cual pidió el número de RUT de los afiliados que realizaron el retiro del 10% de los ahorros previsionales y el monto girado por cada uno.
Briones dijo que la solicitud tiene "estrictamente fines estadísticos" y no busca acceder a información privada de las personas ni difundirla. "Yo entiendo que esto haya generado preocupación y empatizo con eso, porque todos buscando resguardar nuestra privacidad. Pero quiero dar plena certeza de que esa privacidad no está puesta en riesgo acá. Tampoco hay ningún tipo de cuestionamiento a quienes hayan ejercido su derecho a retirar sus fondos previsionales", aseguró.
El ministro planteó que "este tipo de solicitudes se hacen recurrentemente desde el Estado y en este caso particular está dentro de las facultades del Ministerio de Hacienda y apegado estrictamente a la ley, en particular al artículo 30 de la Ley 20.403". Por ejemplo, sostuvo, desde 2001, Hacienda tiene facultades para acceder a la base de datos de afiliados al Seguro de Cesantía, gracias a lo cual se estimó el costo fiscal de la Ley de Protección al Empleo. "Las bases de datos, y esto es lo que se solicitó en el oficio, son fundamentales para hacer cruces con fines estadísticos. Las políticas públicas se construyen en buena parte en base a datos, a información", recalcó. "
La crítica de que los datos de las distintas reparticiones del Estado no conversan es recurrente y en esta pandemia esto ha quedado en evidencia: requerimos mejores datos para poder llegar a las personas que lo necesitan", argumentó. Sobre el oficio enviado a la SP, aclaró que "no tiene por objeto identificar a nadie en particular".
Briones también dijo que el ministerio eliminará los datos almacenados después de 15 días.
DENUNCIAS
Horas antes de que hablara Briones, la bancada de diputados DC ingresó un escrito al Consejo para la Transparencia para que "investigue, fiscalice y sancione" lo que consideran una "flagrante infracción a la Ley de protección de la vida privada". Según el texto, "la petición del señor ministro es inconstitucional e ilegal, toda vez que no se ampara en norma alguna que lo autorice a recabar la información de los millones de chilenos que optaron por retirar su 10% de las AFP. Consecuente con esto, la Superintendencia de Pensiones se encuentra impedida de entregar esa información, bajo riesgo de incurrir en grave infracción y responsabilidad legal". A juicio de los legisladores, la SP sólo podría entregar "una estadística anónima de cifras y montos globales", pero sin nombre, monto y RUT de cada beneficiario.
La bancada de diputados PPD hizo una presentación a la Contraloría para que se pronuncie sobre el oficio de Hacienda. Plantean que la Ley de protección de la vida privada "consagra el principio del secreto en el tratamiento de datos", y que la Constitución "consagra como derecho fundamental el respeto y protección a la vida privada y la honra de la persona y su familia, y, asimismo, la protección de sus datos personales".
Al día de ayer la Contraloría ya estaba analizando cientos de denuncias por la solicitud de información. En tanto, la presidenta del Consejo para la Transparencia, Gloria de la Fuente, confirmó el envío de un oficio a Hacienda para saber si "se ajustó a la norma".
El presidente de RN, Rafael Prohens, se opuso a la petición de la cartera. "No me parece bien que el Ministerio de Hacienda esté pidiendo a la Superintendencia la información. A mi gusto, no puede meterse en la vida privada de la gente", dijo en radio Cooperativa.
COMISIÓN APRUEBA REINTEGRO DE FONDOS
Al cierre de esta edición, la comisión de Constitución de la Cámara de Diputados discutía y votaba las indicaciones al proyecto que permite un segundo retiro del 10%. La instancia aprobó la indicación de un reintegro de los fondos retirados mediante una cotización voluntaria adicional de 5% mensual y que el afiliado podrá suspender o discontinuar, y la que fija que el monto retirado sea renta, salvo para quienes tributen por menos de $2,5 millones al mes y siempre que el retiro supere las 35 UF.
Bancada DC ingresóun escrito al Consejo para la Transparencia para que "investigue, fiscalicey sancione" lo queconsideran una"flagrante infraccióna la Ley de protecciónde la vida privada"