La gerente general de Irade, Carolina Parada, afirma que el desafío que experimentará el país en materia constitucional será mayúsculo, lo que implica mejorar la discusión política e incorporar visiones de todos los sectores. En ese camino, dice, será también fundamental el rol del área productiva en el debate.

"Las pequeñas, medianas y grandes empresas son parte del engranaje económico y social que resuelve problemas, entrega servicios y genera empleo y bienestar a millones de familias. Por eso, al igual que todos los hogares del país, las empresas también necesitan condiciones mínimas de tranquilidad y seguridad para seguir adelante", precisa.

Parada agrega que, al estar en una coyuntura delicada, los organismos empresariales de la zona se verán obligados a preocuparse mayormente de la necesaria inversión, sobre todo en medio de la etapa que se avecina, a través de acuerdos locales y regionales "que aseguren el adecuado crecimiento productivo y socioeconómico".

Ya en miras de la elaboración de la nueva Carta Magna, Parada plantea la importancia de levantar temas asociados a dar mayores atribuciones a las regiones para la toma de decisiones, la protección a las certezas jurídicas y el resguardo a los derechos humanos. "En la misma línea, debemos buscar mecanismos para generar incentivos, a modo de que las empresas de nivel nacional radiquen sus casas matrices en la Región", remarca la gerente general de Irade.

Ricardo Gouët, presidente de la Cámara de la Producción y del Comercio (CPC) Biobío, asegura que será fundamental que este proceso se desarrolle en un contexto de paz, unidad, orden "y con una mirada de futuro", con el objeto de atender los desafíos de Chile en términos políticos, económicos, sociales y medioambientales. "Es necesario que quienes asuman el rol de constituyentes sean personas cuyas capacidades puedan resolver las diferencias que hoy tenemos, ya que las brechas generadas en la búsqueda de una nueva nación deben ser atendidas sin provocar falsas expectativas", sostiene.

En materia de impacto, puntualiza que, dado que ya se han dejado ver reacciones en la Bolsa de Comercio de Santiago, o en el precio del cobre o el dólar, especialmente tras ganar el Apruebo, este y otros elementos "causarán, seguramente, incertidumbre en las inversiones extranjeras, lo que podría repercutir directamente en el empleo".

En miras de la discusión constitucional, el líder de la CPC deja entre ver la relevancia de abordar el tema de la descentralización, pues la pandemia dejó claro que cada región tiene sus propias realidades. "Estos requerimientos muchas veces no son comprendidos a cabalidad por el nivel central, entonces, junto con dotar a las regiones de autoridades elegidas democrática y representativamente, es necesario que quienes asuman esta tarea posean atribuciones, facultades y recursos para responder a la zona que representan", remarca.

El director del Departamento de Economía de la UdeC, Claudio Parés, plantea que el proceso constitucional no tiene por qué generar grandes impactos en relación al desarrollo económico nacional, menos a nivel regional, a no ser que hubiese reformas asociadas a instaurar un sistema federalista.

"De haber un cambio tendrá que ser a muy largo plazo. Las leyes que se dicten ahora difícilmente van a ser regionalistas, por lo que es muy poco probable que haya un impacto demasiado grande en el desarrollo regional", argumenta.

Dentro de la discusión que liderará la convención constitucional, Parés sostiene que hay que tocar temas centrales relacionados al crecimiento de los territorios, en particular dar mayor autonomía a las regiones en la toma de decisiones.

En segundo lugar, y de acuerdo a este primer aspecto, dice que "hay que compatibilizar esto con un sistema solidario entre las regiones, ya que, si uno le da demasiada autonomía a ciertas zonas, lo que vamos a tener son grandes polos de desarrollo mezclados con grandes polos de pobreza. Por ejemplo, Antofagasta con la minería probablemente se dispararía, pero habría otras como La Araucanía que se quedarán rezagadas,", aventura.

El experto enfatiza que el desafío estará puesto en buscar puntos de entendimiento para evitar nuevas polarizaciones, pero no solo desde el punto de vista económico, sino que también social.

La clave para alcanzar un proceso constitucional exitoso pasa directamente por la capacidad de afrontar la grave crisis económica y de empleabilidad que hoy afecta al país, plantea Helen Martin, presidenta de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) Concepción.

"Nuestro país inicia un proceso histórico que nos llevará a definir las bases de nuestra convivencia, razón por la cual todos debemos hacer nuestros mayores esfuerzos para que la nueva Constitución sea producto del respeto, el diálogo, la colaboración y la construcción de grandes consensos", precisa.

Para evitar impactos mayores, la líder gremial comenta que se hace urgente trabajar mancomunadamente para reactivar la economía y combatir el desempleo, así como avanzar en resolver los complejos problemas sociales que aún aquejan a Chile. Por lo mismo, Martin establece que "hay que recobrar el diálogo y la construcción de acuerdos para dejar atrás la situación de inseguridad y polarización que enfrentamos".

Sobre los ejes locales que debiesen ser analizados, Martin menciona fundamentalmente la descentralización: "Tenemos que ser capaces de generar acuerdos locales que protejan y aseguren el adecuado crecimiento productivo y socioeconómico para los habitantes de la Región del Biobío, ello de la mano de fortalecer la descentralización de los territorios, otorgar mayores atribuciones locales, garantizar la certeza jurídica y el resguardo a los derechos fundamentales".

El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) de la Provincia de Concepción, Eloy Silva, indica que el desafío más grande que deberá asumir el país en materia constitucional tiene que ver con el nuevo rol del empresariado. Según él, los actores del medio deben reagrupar fuerzas, "porque debe haber un empresario que tenga un nuevo enfoque de la economía, más solidaria, justa y equitativa".

"Debe haber una métrica distinta. La economía puede ser la misma que tenemos hoy, o podemos buscar un mercado o una producción mucho más acorde al desarrollo humano", puntualiza.

De acuerdo a los posibles impactos generados por el proceso, el dirigente comenta que estos se profundizarán especialmente en temas asociados a la descentralización y regionalización. "El regionalismo no puede estar a la espera y debe haber propuestas concretas. Si no nos ponemos de acuerdo en eso, lamentablemente las regiones quedarán en una situación de rezago (...) Y la constituyente hace una mirada muy crítica del centralismo", dice.

La idea, remarca, es que el órgano que redactará la Constitución pueda reflejar un regionalismo propio del Biobío, que emerja de una mirada crítica: "De alguna manera tenemos que identificarnos, a modo de que se note que en nuestro territorio existen universidades, el dique de Asmar, o la industria del acero, por ejemplo", sostiene.

A ello suma el resguardo de los derechos humanos y el bienestar de las personas.

Para la directora de Postgrados y Desarrollo Profesional de la Universidad San Sebastián (USS), sede Concepción, Karin Bravo, si ya los recientes resultados del plebiscito "siguen generando incertidumbre en la economía", el hecho de tener una nueva Constitución implica un desconocimiento en la profundidad de los cambios, "lo que generará incertidumbre y posponer decisiones de inversión en esta fase, primero de elección de los constituyentes y, posteriormente, en la discusión del texto final".

Según Bravo, lo que requieren hoy los agentes económicos es operar en escenarios estables y con reglas claras: "El período que se avecina puede afectar sus decisiones".

"Puede producirse una etapa de estancamiento de la generación de nuevas oportunidades de inversión, por la incertidumbre, por no contar aún con las reglas bien definidas y que puedan existir cambios en diversas materias como la autonomía del Banco Central, tributación, o el rol del Estado en materia de fiscalización, por ejemplo, como factores clave al momento de evaluar plazos y decisión de invertir o no", visualiza la académica.

Bravo esgrime que la redacción un nuevo texto pudiese impactar la actual Estrategia Regional de Desarrollo del Biobío, no tanto en cambiar sus objetivos, sino que en establecer nuevas prioridades o reordenar las líneas de acción. "Las materias centrales en las que puede afectar esta nueva Constitución son muy amplias en el ámbito económico y también en educación", advierte.

Cambiar el modelo económico. Ese será el principal desafío que deberá enfrentar el país, según el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Católica de la Santísima Concepción (UCSC), Cristhian Mellado. "Lo principal será sentar las bases de un modelo económico que sea capaz de abordar de mejor forma y en todas sus dimensiones las imperfecciones que tiene el actual modelo económico que, como hemos visto, no ha sido capaz de hacerse cargo de algunos temas fundamentales para nuestro país", explica. Añade que será también importante hacerse cargo de desafíos medioambientales y fomentar una economía sustentable.

A nivel regional, advierte que junto con lo anterior es fundamental mejorar la forma de hacer las cosas, sobre todo en consideración del rol de las regiones. "En la medida que las políticas económicas y de desarrollo económico y social consideren a las regiones, sin duda que este nuevo escenario es el propicio para el crecimiento económico regional", declara.

El decano señala que la nueva fase tiene que ser vista como una oportunidad para el nivel central, a fin de que se atiendan las necesidades o se asignen los recursos para llevar adelante inversiones. "Creo que la oportunidad está en que la nueva Constitución aborde todos los temas que sean necesarios para el desarrollo regional, como una descentralización que le dé autonomía a las regiones en la toma de decisiones", dice.

Diversos líderes y sectores empresariales a nivel nacional valoraron el plebiscito y el contexto en el que se realizó.

El presidente de la Sofofa, Bernardo Larraín Matte, llamó a "partir con esperanza, pero también con los pies puestos en la tierra" tras el resultado de la votación, y dijo que los empresarios deben comprometerse con "ser protagonistas en el debate de los contenidos constitucionales, que sentarán las bases para enfrentar los desafíos propios de la sociedad y de la economía del siglo XXI, que entre otras cosas requieren un Estado moderno".

La Cámara de la Construcción valoró que "nuestro país inicia un proceso histórico, que nos llevará a definir las bases de nuestra convivencia", por lo que una nueva constitución debe responder a "grandes consensos".

Diego Hernández, presidente de la Sonami, sostuvo que el país tiene que "alcanzar un amplio acuerdo respecto de los principios y normas que van a guiar nuestra convivencia", y agregó que esperan que el resultado de esta nueva etapa "no signifique un desequilibrio esencial al ordenamiento normativo que ha permitido grandes avances para el país".

El timonel de la Sociedad Nacional de Agricultura, Ricardo Ariztía, destacó "la gran participación ciudadana" y comentó que "esto recién comienza, será un proceso largo", que debe ser visto "como una oportunidad para rescatar los aspectos positivos de nuestra actual Constitución" y cambiar otros. El líder de la CPC, Juan Sutil, indicó que cree que "Chile va a terminar con una Constitución razonable".

El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, junto con mencionar que está "contento" por el resultado, dijo que "acá hay una señal de esperanza de futuro, una invitación a ver cómo nos proyectamos como país", así como "una invitación clara al diálogo". A su juicio, "los mercados, inversionistas, analistas" tenían internalizada una victoria amplia del Apruebo.

Agencias clasificadoras de riesgos como Moody's y Fitch plantearon que una eventual nueva constitución podría impactar en las perspectivas de los inversionistas, mientras que JPMorgan, en tanto, indicó que la incertidumbre, marginal para los mercados, dependerá del tono del debate constitucional. El IPSA, índice de las principales acciones de la Bolsa de Santiago, anotaba ayer 0,42% de caída, y el peso cerró avanzando 0,15%.