Por Nicolás Álvarez Arrau

Con nuevos apoyos en el Congreso y en sectores de la ciudadanía, la idea de avanzar en un segundo proyecto para hacer retiro de un 10% de los ahorros previsionales, en el contexto de la crisis financiera ocasionada por la pandemia, también genera rechazo y preocupación. En particular, el Gobierno y las administradoras de fondos de pensiones (AFP) han advertido una clara afectación a las pensiones futuras de los chilenos, tal como se planteó en la discusión de la vigente reforma.

Desde la Asociación de AFP enfatizan que, de concretarse otra medida de estas características, cerca de 4 millones de personas a nivel nacional quedarán sin ahorros en sus cuentas. A nivel regional, el gremio cifra la posible afectación en 291.261, es decir, el 35% de la totalidad de afiliados que hay en Biobío.

Este número, comentan, considera a las más de 147 mil ciudadanos locales que ya retiraron el 100% de sus montos durante el actual proceso.

Fernando Larraín, gerente del organismo, asegura a Diario El Sur que la profundización de una segunda iniciativa se torna preocupante, "porque agudizaría la desigualdad y disminuiría las aún bajas pensiones, afectando de mayor manera a las mujeres y a la gran mayoría de trabajadores y trabajadoras que tienen ingresos menores al millón de pesos".

Justamente, el cálculo de las AFP muestra que ante un eventual segundo retiro de fondos 134 mil hombres y 156 mil mujeres de la Región verían completamente disminuidas sus arcas individuales.

"Los afiliados tienen claro que este ahorro les pertenece, y lamentamos que sean ellos, una vez más, los que con sus ahorros tengan que asumir las consecuencias de la crisis y no el Estado con políticas ágiles y eficientes para ir en ayuda de los que más lo necesiten. Este proyecto solo agravará la desigualdad en el país", puntualiza Larraín.

ANÁLISIS ACADÉMICO

Desde el mundo académico regional coinciden con el análisis expuesto por el gerente de la Asociación de AFP. Expertos de la Universidad San Sebastián (USS), sede Concepción, y la Universidad del Bío-Bío (UBB) sostienen que se trata de una alternativa peligrosa ante el ahorro previsional y una opción que no tendrá efectos a la hora de amortiguar la crisis, sobre todo en aquellos que utilizaron gran parte de sus montos.

"Creo que es una idea que hay que analizar, pero la siento una alternativa peligrosa para todas las personas que, en el fondo, tienen pocos ingresos y una cuenta de capitalización muy baja. Habría que preguntarse, por ejemplo, qué pasó con toda la gente que hoy está sin fondos o qué pasará en el futuro. Esto hay que verlo a largo plazo", plantea Karin Bravo, directora de Posgrados y Desarrollo Profesional USS Concepción.

En tanto, el académico UBB y asesor de Corbiobío, Ariel Yévenes, agrega que un nuevo proyecto de este tipo "no tendría hoy, en ningún caso el mismo impacto que la primera vez, pues el 80% de la población ya hizo ese primer retiro y gran parte ya usó todo, es decir, las personas que más necesitan no podrían contar con algún recurso adicional".

Ambos profesionales aconsejan que, en vez de tomar este camino, sea el Gobierno quien profundice sus políticas y mecanismos de ayuda, pero con un claro enfoque territorial y una descentralización de los recursos, de tal forma de considerar la realidad particular de cada una de las localidades.

PERFILES

Según el penúltimo balance de la Superintendencia de Pensiones -con información hasta el 10 de septiembre-, más de 726 mil trabajadores en Biobío han realizado su solicitud. En base a este documento, la Asociación de AFP muestra que un 45% de los afiliados retiró un porcentaje superior al 10% de sus fondos, debido al mínimo de referencia de $1 millón (35 UF), mientras que el 31% hizo uso del 10% de su saldo y un 6% sacó menos del 10%, a raíz del tope máximo de $4,3 millones (150 UF).

Junto con lo anterior, el gremio revela que del total de ciudadanos de la zona que han gestionado sus solicitudes, el 55% corresponde a hombres y el 45% a mujeres, quienes han recibido un promedio de $1,6 millones y $1,2 millones, respectivamente (ver infografía).

Respecto a la variable edad, añaden que los más jóvenes cobraron montos más bajos, que representan una mayor proporción de sus ahorros. Al contrario, los más cercanos a pensionarse retiraron una mayor cantidad de dinero, que representa una menor proporción de sus ahorros. La edad promedio de los solicitantes es de 41 años.

El último informe de la Superintendencia de Pensiones fue publicado recién esta semana y contiene datos hasta el 21 de septiembre. En la Región, 742.268 han efectuado el proceso de solicitud y 699.948 obtuvieron su dinero. Según el organismo estatal, el promedio alcanza los $1,2 millones.

Un duro escenario expuso ayer la sexta versión de la Encuesta de Microemprendimiento (EME) 2019, instrumento comandado por el Ministerio de Economía y el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). La herramienta bienal es la medición oficial que utiliza el país para caracterizar profundamente el contexto de los pequeños emprendimientos nacionales, ya sean formales o informales.

Según el documento, en la zona existen 128.983 personas microemprendedoras, de las cuales el 19,7% corresponde a empleadores y el 80,3% a trabajadores por cuenta propia. Este último porcentaje ubica a Biobío como la segunda región con menor cantidad de trabajadores por cuenta propia, siendo solo superada por Magallanes (75,4%).

En su conjunto, la encuesta muestra un complejo escenario local, ya que la mayoría de personas dedicadas a estas actividades no cotiza en salud ni ahorra para futuras pensiones. Específicamente, el 66,2% y el 75,2% de los microemprendedores regionales no ha podido o ha evitado acceder a estas prestaciones sociales, respectivamente. El primer ítem supera por más de 12 puntos porcentuales el promedio del país.

"Hay que mejorar esto a futuro, pero primero quiero rescatar el impulso emprendedor de la gente en la Región. Eso es lo primero, independiente de que tengan precariedad en términos de leyes o prestaciones sociales, o de bancarización. Después viene la formalización con las ayudas que el Estado les pueda dar", sostuvo el seremi de Economía, Mauricio Gutiérrez.

CAPACITACIONES

Otro de los aspectos que expone la EME 2019 dice relación con el nivel de capacitación. Según demuestra el informe, solo el 27,5% de los encuestados dijo haberse capacitado en algún momento para la actividad económica que desarrolla. Las razones, apuntaron, tienen que ver fundamentalmente con la falta de interés y el no saber dónde acudir.

Sobre el punto, el seremi Gutiérrez reconoció que el porcentaje es bastante bajo, pero puntualizó que junto al Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) Biobío el Gobierno ha efectuado "una agenda muy ambiciosa de capacitación" que consideran diversos programas.

"También es la obligación de la gente acercarse a estas instancias. Nosotros la ofrecemos y la promocionamos, pero no podemos obligar a nadie. Ellos deben darse cuenta que con mayor capacitación y preparación pueden entrar al complejo mundo del emprendimiento y con mejores armas", dijo.

La encuesta informó también que, del total de los participantes, menos de la mitad (48,6%) tiene iniciadas actividades en el Servicio de Impuestos Internos (SII), que solo el 15,7% posee educación superior o universitaria y que el 59,3% inició su actividad únicamente con ahorros o recursos propios.