Por Efe

La Misión Internacional para analizar posibles violaciones de derechos humanos en Venezuela denunció ayer ante Naciones Unidas crímenes contra la humanidad cometidos por parte del Gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, quien a su vez acusó a los investigadores de obedecer los dictados de EE.UU. y el Grupo de Lima.

La portuguesa Marta Valiñas, presidenta de la citada misión, de la que también forman parte el experto chileno Francisco Cox y el británico Paul Seils, presentó ante la 45ª sesión del Consejo de Derechos Humanos un informe que denuncia ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas y otros abusos.

Estas violaciones fueron perpetradas, según la misión, por miembros de las fuerzas de seguridad del Estado y de los servicios de inteligencia venezolanos, tanto civiles como militares. "Nuestro análisis completo y minucioso de 223 casos que hemos investigado (...) nos llevó a tener motivos razonables para creer que estas violaciones fueron cometidas como parte de una línea de conducta generalizada y sistemática, de conformidad con políticas de Estado que, por esa razón, constituyen crímenes de lesa humanidad", concluyó la investigadora portuguesa.

El informe sugiere que tribunales de fuera de Venezuela, incluida la Corte Penal Internacional, juzguen estas violaciones de las libertades fundamentales, aunque Valiñas se limitó en su intervención de hoy a pedir que las autoridades venezolanas garanticen la rendición de cuentas de los responsables.

RESPUESTA

El documento fue contestado contundentemente por la delegación de Venezuela, que actualmente forma parte del propio Consejo de Derechos Humanos y acusó a EE.UU. y al Grupo de Lima de estar detrás del informe.

Según el embajador venezolano en Ginebra, Jorge Valero, la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, encargada de organizar esta misión, "ha desembolsado tres millones de dólares para elaborar el informe desde Panamá por mercenarios".

"La CIA y otros órganos del Gobierno de Estados Unidos han canalizado millones de dólares para posicionarlo internacionalmente" utilizando a "ONGs que han convertido a los derechos humanos en un rentable negocio", añadió en su intervención ante el mismo consejo.

El embajador ligó la presentación del informe con la reciente gira del secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, por varios países vecinos de Venezuela "buscando concertar acciones para derrocar al Gobierno de Maduro, incluso con una invasión militar estadounidense apoyada por los gobiernos títeres de Colombia y Brasil".

DESAFÍO A BACHELET

Valero también advirtió a la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, que dirige la expresidenta chilena Michelle Bachelet, que puede elegir entre proseguir la actual cooperación con el gobierno de Maduro o "mantener una misión fantasma que hace un trabajo a control remoto" y con la que el Grupo de Lima le está "saboteando".

El diplomático venezolano defendió además, frente a las acusaciones de impunidad, que en los últimos tres años se ha imputado a 565 funcionarios de seguridad del Estado por denuncias de violaciones de derechos humanos, 447 siguen privados de libertad y ha habido condenas con sentencia firme contra 127 de ellos.

El informe, de 411 páginas, investigó unas 4.600 muertes a manos de las fuerzas de seguridad venezolanas y más de 3.400 denuncias de detenciones arbitrarias por razones políticas.

La presidenta de la misión defendió la "total independencia e imparcialidad" de su labor y lamentó que el Gobierno venezolano no les haya permitido llevar a cabo investigaciones "in situ" en el país, ni respondiera a ninguno de sus por lo menos seis intentos de comunicación.

La pandemia provocó en el segundo trimestre de 2020 una pérdida de horas de trabajo equivalente a 495 millones de empleos, y entre enero y septiembre los ingresos de los trabajadores cayeron en 3,5 billones de dólares, concluye un estudio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

El nuevo informe sobre los efectos de la pandemia en el mercado laboral global, sexto que elabora la organización con sede en Ginebra, empeora las cifras del anterior estudio de junio, en el que la pérdida de empleos equivalente se había cifrado en 400 millones, siempre comparando con cifras del año anterior.

Los 495 millones ahora calculados, que suponen una pérdida del 17,3% de las horas de trabajo, podrían moderarse en el tercer y cuarto trimestre, pero la OIT aún prevé en esos periodos descensos equivalentes a 345 y 245 millones de empleos respectivamente.

LATINOAMÉRICA

El principal motivo de los cálculos más pesimistas, según la OIT, es la situación de las economías en desarrollo y emergentes, en particular en el sector informal, que se ha visto mucho más afectado por la pandemia que otras actividades económicas.

Por regiones, Latinoamérica es la más afectada en términos relativos, con una pérdida de horas de trabajo en el segundo trimestre del 33,5% (equivalente a 80 millones de empleos) que seguirá siendo alta en el tercero, hasta el 25,6% (60 millones de empleos), según la OIT.

En términos absolutos, la mayor pérdida de horas de trabajo se dio en el sur de Asia, donde equivalió a 170 millones de empleos en el segundo trimestre y aún llegará a 115 millones en el tercero de acuerdo con las previsiones del organismo.

Aunque la OIT no dio información pormenorizada de cada país, sí destacó que la pérdida de horas de empleo en países como Estados Unidos o Brasil llegó al 10% y en muchas naciones latinoamericanas (México, Chile, Ecuador, Colombia, Costa Rica) estuvo en la banda del 20%.

Más dramático fue el caso de Perú, uno de los países con más casos de covid-19 en el planeta y con un alto predominio del empleo informal, donde se calcula que la pérdida interanual de horas de trabajo superó el 50% entre abril y junio.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció nuevas sanciones a Cuba, que prohíben a los estadounidenses alojarse en los hoteles de la isla y comprar tabaco o alcohol para llevar de vuelta a su país, en un intento de conquistar a los votantes latinos del estado clave de Florida.

"Hoy anuncio que el Departamento del Tesoro prohibirá a los viajeros estadounidenses alojarse en propiedades cuyo propietario sea el Gobierno cubano", dijo Trump durante un acto en la Casa Blanca con excombatientes que participaron en 1961 en la fallida invasión de Cuba en la Bahía de Cochinos.

La medida estrangula todavía más el sector turístico de la isla, donde todos los hoteles están vinculados al Gobierno cubano, y deja como única opción a los estadounidenses quedarse en casas particulares.

Hasta ahora, los estadounidenses podían quedarse en muy pocos hoteles de Cuba, puesto que el Gobierno de Trump vetó hace tres años las transacciones con empresas controladas por los servicios militares, de inteligencia y de seguridad de Cuba; y las Fuerzas Armadas controlan muchos de los alojamientos de la isla.

En un comunicado, el Departamento del Tesoro explicó que, a partir de ahora, los estadounidenses tampoco podrán alojarse en ninguna propiedad que el secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, haya "identificado como propiedad o controlada por el Gobierno cubano" o figuras afiliadas a ese Ejecutivo. La medida afecta a 433 hoteles de la isla.

Además, el Departamento del Tesoro prohibió a los estadounidenses que visiten Cuba traer de vuelta ningún "producto de alcohol o tabaco de origen cubano", lo que cancela una orden del expresidente Barack Obama que permitía llevar legalmente en el equipaje esos productos por valor de hasta 100 dólares.

"No levantaremos nuestras sanciones a Cuba hasta que todos los prisioneros políticos sean libres, se respeten las libertades de asamblea y expresión, todos los partidos se legalicen y se programen elecciones libres", dijo Trump.

La ciudad brasileña de Manaos, que meses atrás llegó a tener sus servicios sanitarios y funerarios colapsados por la pandemia del nuevo coronavirus, puede haber alcanzado la inmunidad de rebaño con el 66% de su población infectada, según un estudio.

El informe, obra de un grupo internacional liderado por investigadores de la Universidad de Sao Paulo (USP), apuntó que la capital del estado de Amazonas vivió el pico de la curva a mediados de mayo, cuando alrededor del 46% de sus habitantes ya había contraído el SARS-CoV-2.

En junio aumentó hasta el 65% y en los dos meses siguientes se mantuvo en torno al 66 %, lo que sugiere que la ciudad, que cuenta con una población de unos dos millones de habitantes, puede haber alcanzado la inmunidad colectiva frente al covid-19.

"La exposición al virus en sí provocó una caída en el número de nuevos casos y muertes en Manaos. Sin embargo, nuestros resultados indican una seroprevalencia mucho mayor que la estimada en estudios previos", dijo la profesora de la USP Ester Sabino, coordinadora del estudio.

Los resultados de la investigación, que contó con el apoyo de la Fundación de Amparo a la Pesquisa del Estado de Sao Paulo (Fapesp) y fueron publicados en la plataforma medRxiv, son fruto de la combinación de modelos matemáticos y análisis serológicos realizados entre febrero y agosto a partir de muestras de sangre.

No obstante, los científicos alertaron de que los anticuerpos detectados en los exámenes "decaen rápidamente" y "pocos meses después del contagio", según afirmó Lewis Buss, primer autor del estudio. "Hay que adoptar medidas en serie para entender la evolución de la dolencia", añadió.

En las últimas semanas, se vive un repunte en el número de casos y decesos de covid-19, lo que obligó a volver a la "situación de emergencia".