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El Presidente Sebastián Piñera defendió su gestión ante la ola de protestas y de violencia desde el estallido social del 18 de octubre de 2019 que dejó más de 30 muertos, miles de heridos -incluidas 460 personas con lesiones oculares- y denuncias por violaciones a los derechos humanos. "Durante esos meses difíciles y violentos, nuestro Gobierno tomó todas las medidas y todas las precauciones posibles y necesarias para garantizar el respeto a los derechos humanos de todos nuestros compatriotas", dijo el mandatario ante la Asamblea General de la ONU, en un discurso grabado, debido a las restricciones por la pandemia del coronavirus.

Piñera distinguió entre los manifestantes que salieron pacíficamente a la calle para demandar mejores servicios básicos y los "grupos minoritarios que provocaron una enorme explosión de violencia, con incendios, disturbios, destrucción y delincuencia, que no respetaron a nada ni nadie".

El mandatario aseguró que "toda evidencia de abusos o uso excesivo de la fuerza fue puesta a disposición de la Fiscalía" y que su Gobierno hará "todos los esfuerzos para que no haya impunidad, ni para los que vulneran los derechos humanos ni para los violentistas".

De todos modos, reconoció que "no supimos aprovechar con suficiente fuerza las capacidades del crecimiento para disminuir las desigualdades, frenar abusos, avanzar hacia una mayor igualdad de oportunidades y dar servicios de mayor calidad en áreas tan importantes como la educación, la previsión o la salud". Por esto, "ciudadanos de todas las edades y sectores salieron a las calles a demandar mejores pensiones, mejor salud y mejor educación. Y también menores desigualdades, mejor calidad y menor costo de los servicios públicos, mayor igualdad ante la ley y mejor control de conductas abusivas. Todas estas demandas, a pesar del progreso anterior, se venían acumulando desde hacía muchas décadas".

PLEBISCITO

La principal apuesta política para descomprimir la crisis es el plebiscito de octubre. Al respecto, el Presidente Piñera sostuvo que "Chile optó por una salida institucional y pacífica al conflicto a través de una reforma constitucional que dio origen a un proceso que se iniciará este 25 de octubre con un plebiscito ciudadano. Estoy convencido de que la inmensa mayoría de los chilenos queremos perfeccionar, modernizar o cambiar nuestra Constitución. En el plebiscito, los ciudadanos democráticamente escogerán el camino".

A juicio del jefe de Estado, la crisis social en el país "representa una oportunidad para lograr un acuerdo constitucional que permita que nuestra Constitución sea un gran marco de unidad, estabilidad y proyección hacia el futuro. Es también una oportunidad de conectarnos mejor con nuestros ciudadanos y seguir avanzando, con mayor fuerza y urgencia, hacia una sociedad más libre, más justa, con mayor igualdad de oportunidades, donde todos seamos iguales en dignidad e iguales ante la ley, y donde el progreso y el desarrollo sean más inclusivos y sostenibles".

El Gobierno ratificó que no firmará el Acuerdo de Escazú, pacto de América Latina que busca garantizar el acceso a la información, a la participación ciudadana y la justicia en el área ambiental.

La postura fue fundada en un documento de los ministerios de Relaciones Exteriores y de Medio Ambiente, y que el canciller Andrés Allamand se aprestaba a exponer ayer en la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados. Así, el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, no contará entre sus firmantes con uno de los países impulsores cuando se gestó. El pacto ya cuenta con nueve de las 11 ratificaciones.

ARGUMENTOS Y CRÍTICAS

El documento sostiene que para Chile es "inconveniente la suscripción del Acuerdo de Escazú atendida la ambigüedad y amplitud de sus términos, su eventual autoejecutabilidad y la obligatoriedad de sus normas que prevalecerían por sobre la legislación medioambiental interna, todo lo cual generará una creciente judicialización de los procedimientos ambientales y planteará un cuadro global de grave incertidumbre jurídica".

Argumenta que el pacto incluye principios que pasarían a tener una jerarquía superior, modificando y condicionando los que ya reconoce el ordenamiento jurídico chileno; que, al proteger el derecho a vivir en "un medio ambiente sano", generaría controversias con el "derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación", ya contenido en la Constitución chilena, por la discusión en torno al término "sano"; y cuestiona el reconocimiento y la tutela a los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales, pues -para el Gobierno- ello traería implicancias constitucionales y desigualdad ante la ley frente a otras agrupaciones de derechos humanos.

Otro reparo es que el tratado "expone al país a demandas ante tribunales internacionales por problemas de interpretación" de las nuevas regulaciones. En particular, Chile podría ser demandado ante la Corte Internacional de Justicia y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

La ratificación de La Moneda provocó críticas. Heraldo Muñoz, excanciller y líder del PPD, expuso en Twitter: "Chile no firma el Acuerdo de Escazú que lideró el primer Gobierno de (Sebastián) Piñera y que explícitamente apoyó en el actual (mandato). Al argumento sin fundamento de que suscribirlo arriesgaría una demanda de Bolivia, se sumaron otras consideraciones que no son más que excusas. Piñera debió haberse disculpado en el discurso ante la ONU".

Sebastián Benfeld, champion de Escazú por la Cepal y líder de la campaña "Escazú Ahora Chile", lamentó "profundamente" la decisión y dijo que el presidente Piñera "acaba de desmoronar la imagen que quería proyectar al exterior como líder medioambiental y la credibilidad del país cae estrepitosamente".

Uno de los reparos es que el tratado "expone al país a demandas ante tribunales internacionales por problemas de interpretación" de las nuevas regulaciones.

El ministro de Salud, Enrique Paris, informó ayer que se presentaron, en las anteriores 24 horas, 1.054 casos nuevos de coronavirus en Chile, "la cifra más baja desde el 6 de mayo pasado, cuando se registraron 1.032".

La reducida cifra, sin embargo, se da en un contexto muy particular, precisó la presidenta de la Sociedad Chilena de Epidemiología, María Paz Bertoglia. "No es una disminución real sino artificial, por el sesgo de registro del fin de semana", planteó la académica de la Universidad de Chile. Según indicó, "los datos corresponden al sábado 19", es decir, a exámenes aplicados a las personas en esa jornada.

BÚSQUEDA ACTIVA

El ministro también reportó que de los 1.054 casos nuevos, "el 16% se origina por la búsqueda activa de casos (BAC)", y que "un 21% de los notificados son asintomáticos". En la Región Metropolitana, esta registró un 5% por BAC y el 11% de sus casos notificados son asintomáticos.

Entre los 1.054 casos nuevos, 814 corresponden a personas sintomáticas y 219 no presentan síntomas. Además, se registraron 21 test PCR positivos que no fueron notificados.

Entre los contagios nuevos, la cifra más alta, 223, se dio en la Región Metropolitana, seguida de Biobío (146) yMagallanes (137). Las mismas regiones lideran, en el mismo orden, los casos activos en el país.

La cifra total de personas diagnosticadas con covid-19 en el país alcanza a las 448.523. Así, Chile es el décimo segundo país del mundo con más contagios confirmados y el sexto de América Latina, y el séptimo con más casos por millón de habitantes: 23.418.

Hay 13.026 pacientes en la etapa activa del virus. Los casos recuperados son 423.176.

De acuerdo a la información entregada por el Departamento de Estadística e Información de Salud del Minsal, en la última jornada se registraron 23 fallecidos por causas asociadas al coronavirus. El número total de fallecidos asciende a 12.321 en el país.