La respuesta global al covid-19 y su crisis económica, la creciente rivalidad entre EE.UU. y China, el choque en torno al acuerdo nuclear iraní y la crisis climática son algunos de los asuntos que marcarán los debates de la Asamblea General de la ONU.

La semana de la diplomacia internacional comienza la próxima semana y por primera vez se celebra de forma principalmente virtual por la pandemia del coronavirus. Se espera que el covid-19 sea el eje de los discursos de muchos de los líderes por las consecuencias sanitarias, económicas y sociales de la crisis mundial que desató.

Hasta ahora, la respuesta al coronavirus ha estado fuertemente fragmentada, con las autoridades nacionales al mando y sin demasiada coordinación a través de organismos como Naciones Unidas, además de las amplias críticas al papel de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Las discusiones sobre cómo se distribuirá una futura vacuna y las medidas de apoyo económico para los países más vulnerables serán los puntos clave de la discusión en la ONU, según fuentes diplomáticas.

Por otra parte, está la intensa fractura entre EE.UU. y China. Hace un año, a raíz del conflicto entre ambos, el secretario general de la ONU, António Guterres, utilizó su discurso ante la Asamblea para alertar del riesgo de una "gran factura" que divida al mundo en dos sistemas. Desde entonces, en lugar de apaciguarse, el conflicto no ha hecho más que crecer con guerra comercial, sanciones mutuas y duros choques en torno a Hong Kong y la pandemia. Por primera vez, Donald Trump y Xi Jinping intervendrán ante la misma Asamblea, tras las ausencias del presidente chino en los últimos años.

Mientras que tras abandonar el acuerdo nuclear con Irán sellado en 2015, en los últimos meses EE.UU. endureció su acometida contra ese pacto, que la Unión Europea, Rusia y China tratan de mantener con vida. La última batalla se está librando precisamente en la ONU, donde EE.UU., invocó una cláusula del acuerdo nuclear para pedir restablecer las sanciones internacionales levantadas tras el pacto.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó a los republicanos a cubrir "sin demora" la vacante dejada en el Tribunal Supremo tras la muerte de la jueza progresista Ruth Bader Ginsburg, a los 87 años.

Dirigiéndose al Partido Republicano, Trump escribió en Twitter: "Se nos ha puesto en una posición de poder e importancia para tomar decisiones por la gente que nos eligió con orgullo, de las que la más importante ha sido considerada durante largo tiempo la selección de los jueces del Tribunal Supremo de EE.UU. ¡Tenemos esta obligación, sin demora!".

La muerte de Ginsburg ocurrida el viernes, desató un pulso entre republicanos y demócratas sobre la búsqueda de un sustituto, un asunto que cambiará radicalmente la dinámica de la campaña para las elecciones presidenciales del 3 de noviembre. Trump, reaccionó de manera respetuosa a la muerte de Ginsburg, usando palabras que habría empleado cualquier otro de sus antecesores y sin mostrar aversión política.

"¿Acaba de morir? ¡Oh! No lo sabía, me lo estás diciendo por primera vez", dijo Trump en respuesta a preguntas de la prensa después de un mitin en Minesota. A continuación, el mandatario declaró: "Ella tuvo una vida increíble, ¿qué más puedo decir? Tanto si estabas de acuerdo, como si no. Ella era una mujer increíble que tuvo una vida increíble. De hecho, estoy triste por oír eso, estoy triste".

El Tribunal Supremo de EE.UU. está compuesto por nueve magistrados con puestos vitalicios que tienen el poder de cambiar las leyes del país durante décadas. En concreto, juegan un papel crucial en temas como el aborto, los derechos de los migrantes, la privacidad, la pena de muerte y la tenencia de armas.

Los magistrados son nombrados por el presidente y tienen que ser confirmados por el Senado. Para la derecha cristiana, el Tribunal Supremo es un asunto central y, por eso, este mismo mes Trump renovó su promesa de nombrar a jueces que se opongan al aborto y prometan proteger el derecho a portar armas. Poco después del anuncio de la muerte de Ginsburg, el líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, publicó un comunicado en el que se comprometió a someter a voto al candidato que Trump seleccione para el Tribunal Supremo.

Para confirmar a un nuevo juez, McConnell necesita una mayoría simple, algo que podría conseguir si 53 de los 100 senadores republicanos se mantienen fieles a Trump. No obstante, el proceso de confirmación podría complicarse si hay deserciones entre los senadores republicanos más moderados.

Por su parte, el candidato demócrata, Joe Biden, sugirió que el presidente de EE.UU. que salga electo en noviembre deber ser quien elija a un sustituto de Ginsburg. "Esta noche y, en los próximos días, vamos a estar enfocados en la muerte de la jueza y en su legado imperecedero. Pero para que no haya duda, déjenme ser claro: los votantes deben elegir al presidente y el presidente debe elegir al juez para que el Senado lo considere", afirmó.

Hasta el fallecimiento de la jueza, el alto tribunal contaba con cinco magistrado conservadores y cuatro progresistas. En su primer año como presidente, Trump logró que la mayoría republicana en el Senado diera luz verde a su primer nominado para el Supremo, el juez Neil Gorsuch, y después, el 6 de octubre de 2018, consiguió lo mismo para que Brett Kavanaugh, quien enfrentó acusaciones por abusos sexuales, se pusiera la toga en el alto tribunal.

Por Agencias

El presidente de Perú, Martín Vizcarra, invocó ayer la unidad y pidió "actuar con sensatez y responsabilidad" en su país, luego de que el Congreso rechazó un pedido para que se le destituya por una presunta "incapacidad moral" para seguir en el cargo.

"Los grandes desafíos del Perú nos exigen actuar con sensatez y responsabilidad. Sigamos trabajando todos unidos por lo que realmente importa a los peruanos", señaló Vizcarra en su cuenta en la red social Twitter. Sin mencionar directamente la decisión que tomó el Congreso durante la noche del viernes, el mandatario remarcó que los ejes principales del trabajo en su país son "la lucha contra la pandemia, la reactivación económica, el fortalecimiento de la democracia, el combate a la corrupción". Sostuvo que todo esto permitirá "mejorar la calidad de vida de quienes más lo necesitan".

NIEGAN NEGOCIACIONES

Por su parte, el presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos, negó que el Gobierno haya hecho alguna negociación con líderes de algunos partidos políticos para asegurar la permanencia de Vizcarra en el cargo, tal como señaló el legislador opositor Daniel Urresti.

"Nosotros siempre hemos trabajado transparentemente. No hemos tenido ningún trato debajo de la mesa", remarcó Martos antes de reiterar que el Gobierno apeló "al espíritu democrático" de los parlamentarios y consideró que estos "así lo han entendido". Sin embargo, Martos dijo a la radio local RPP que había conversado con los líderes de tres partidos importantes antes de la votación de destitución. No quiso brindar sus nombres. Tras la votación, el primer ministro agradeció a los congresistas que rechazaron mayoritariamente el pedido de destitución porque, según dijo, "han sobrepuesto su espíritu democrático y han apostado por la estabilidad y el pueblo".

RECHAZO A DESTITUCIÓN

El pleno del Congreso de Perú rechazó el pedido de destitución (vacancia) presentado contra el presidente peruano por sus aparentes intentos de ocultar un caso menor de supuesta corrupción.

En la mañana del viernes, Vizcarra asistió al Congreso y se disculpó por la crisis desatada por audios grabados por su asistente, pero dijo que no cometió ningún delito que justifique destituirlo. El juicio político planteaba que Vizcarra deje el cargo tan solo diez meses antes de terminar su mandato, pero se quedó muy lejos de los 87 votos mínimos que establece la ley peruana para que un jefe de Estado sea removido del cargo, al recibir 78 votos en contra, 32 a favor y 15 abstenciones.

Los audios que complicaron al presidente fueron grabados por su exasistente Karem Rojas, y en ellos se escucha a Vizcarra coordinar con ella y otra funcionaria una estrategia de defensa para aclarar cuántas veces un amigo suyo, el músico Richard Cisneros, lo había visitado. Cisneros está siendo investigado por recibir casi 50.000 dólares por contratos cuestionables.

Los audios fueron difundidos hace un poco más de una semana en el Parlamento por Edgar Alarcón, un legislador investigado por enriquecimiento ilícito, y poco después Vizcarra ya estaba inmerso en un proceso para destituirlo que ha sido criticado por inoportuno en uno de los países más golpeados por la pandemia.

El abogado del presidente, Roberto Pereira, dijo en el Parlamento que aún no habían sido corroboradas las acusaciones de los legisladores de que el mandatario habría mentido en su vinculación con Cisneros o que habría usado el poder del Estado para evitar ser investigado.

Durante el debate varios legisladores exigieron que se forme una comisión investigadora multipartidista. Mientras que otros congresistas dijeron que no podían apoyar el proceso de destitución lleno de defectos, puesto que no se realizó una investigación previa. La capacidad para impulsar la agenda anticorrupción que caracteriza el mandato de Vizcarra podría verse aún más comprometida si se comprueban las acusaciones.