En tiempos de confinamiento y cuarentenas hemos sido testigos de tantas acciones de generosidad y bondad que surge espontáneamente en tantos territorios no sólo desde la coordinación o articulación de organizaciones sociales sino de la comunidad en general que se moviliza para llegar a quienes más lo necesitan; acciones voluntarias que permiten cubrir tantas necesidades. Destacar el trabajo y servicio de tantas redes de voluntariado, tantas agrupaciones y ONGs que promueven bien común y justicia social.

Para el Hogar de Cristo el voluntariado es "una valiosa expresión de solidaridad en acción que por medio de la generación de lazos de confianza a través del encuentro con otros, permite cambiar la mirada acerca de las personas que viven en pobreza para disminuir la exclusión social y fortalecer el desarrollo social".

Cuando hemos tenido emergencias y desastres, principalmente a causa de la naturaleza, se han movilizado centenares de voluntarios y voluntarias, muchas en el anonimato que ponen al servicio su tiempo, conocimientos y energías de forma desinteresada y gratuita, con un tremendo sentido de bien común. En el contexto actual y a pesar de la necesidad de "aislamiento social" hay tanta gente que sigue ayudando, adaptándose a las nuevas modalidades para llegar de forma remota y presencial, en la medida de lo posible, llevando compañía, afecto, esperanza y también insumos básicos. Como no mencionar la activación de tantas ollas solidarias a lo largo de nuestro país, una tremenda acción comunitaria.

Junto con resaltar el trabajo de la comunidad, colegios, instituciones de educación superior y tantos actores que promueven vínculos y articulan acciones con creatividad e innovación quiero hacer mención al trabajo de la Iglesia a través de sus pastorales y; también de RAI, Red Apostólica Ignaciana que todo el año está atenta a las necesidades de los demás dando relevancia a la espiritualidad, como nutrirla constantemente y también poniendo énfasis en tantas realidades y temáticas sociales desde las obras que la componen, aportando a disminuir las brechas de pobreza y de desigualdad.

"Hay más alegría en dar que en recibir", repetía siempre nuestro querido Alberto Hurtado. En este tiempo hay tantos bellos aprendizajes y testimonios de servicio, quiero compartir brevemente algunos comentarios de voluntarios (as) de uno de los proyectos que se involucró con acompañamiento a personas mayores: "A veces pienso que la experiencia de voluntariado me ayudó más a mí que a quien llamé; conversábamos harto, me sacaba de mis preocupaciones y me hacía reír" (Denisse). "Agradezco la oportunidad de ayudar, nos enriqueció a nosotras" (Vanessa). Cierro con un extracto de la bella oración a San Alberto: "Haznos vivir siempre contentos aún en medio de las dificultades. Haz que sepamos vencer el egoísmo y entregar nuestra vida a los hermanos".

Probablemente me quede corto. La primera vez fue Innova Biobío y ahora el Comité de Desarrollo Productivo. Al parecer para Santiago es inconcebible que desde las regiones se puedan tener espacios intermedios de formulación de políticas públicas. Se ha escrito bastante sobre la necesidad de generar capital social para estimular el desarrollo económico de forma tal que la decisión de discontinuar este programa piloto parece ir a contracorriente.

Pero, ¿a qué se puede deber esto?

Al igual que pasó con Innova Biobío, modelo que inspiró a Innova Chile, tenemos un afán refundacional que nos lleva a borrar todo. Algo hay del mito de Sísifo. Se invierte creando una nueva institucionalidad, se sube la colina de las desconfianzas y una vez que se está cerca a la cumbre, arbitrariamente operan fuerzas desconocidas que derrumban todo y que nos obligan a volver a comenzar.

El desarrollar confianzas locales con redes variadas y complejas es la única forma de generar innovación desde el territorio para estimular el empleo y la calidad de vida de la población. Sin embargo la generación del capital social no es medible en una planilla Excel y esto no les gusta a los "tomadores de decisiones" en Santiago.

La generación de capital social es de largo plazo, tiene incertidumbre, es difícil de medir y peor aún no se traduce en "aplausos apropiables" por un actor político en particular. Lamentablemente desde las regiones no hemos sido capaces de defender este tipo de institucionalidad, no hemos sido lo suficientemente hábiles para hacer tangible los resultados, para bajar la ansiedad del actor político y para hacer evolucionar lo existente de manera tal que no se cuestione su aporte adicional.

Pero hay un elemento ideológico más profundo.

Todavía hay algunos creen que el mercado por si solo traerá el desarrollo. Todavía hay personas que piensan que el mercado es un fin en sí mismo y que este flota en el aire, incorruptible, lejos de presiones y de fallos. Están muy equivocados. Los mercados son construcciones sociales y el Estado debe invertir para crear redes socioproductivas que estimulen la innovación en el territorio.

El Estado no reemplaza al mercado sino que lo complementa, lo corrige y le da inteligencia.

Entonces, corrijamos los errores mediante una nueva forma de organización dentro de lo existente. La Cuarta Revolución Industrial viene con fuerza y nos estamos quedando atrás. Es la hora de tomar decisiones que nos permitan dar saltos hacia adelante y no retroceder dudando si recién comenzaremos como Región a andar el camino.

A más de dos años de la publicación en el Diario Oficial de la ley N°21.091 sobre Educación Superior, la que está en plena implementación, se han visibilizado algunos aspectos de esta ley que requieren un mayor análisis y discusión: el financiamiento y la calidad de las instituciones de Educación Superior, entre otros.

A pesar de que Chile ha hecho grandes esfuerzos en materia de educación terciaria, invirtiendo un 5.4% del gasto público, el más alto de los países miembro de la OECD, es necesario reconocer que en el proceso de evaluación y monitoreo de programas gubernamentales de la Dirección de Presupuesto y el Ministerio de Desarrollo Social, se han identificado programas con mal desempeño como, por ejemplo, la Beca Arancel Vocación de Profesor.

Por lo tanto, no basta con una inversión alta, sino que también se requiere de una buena gestión de estos recursos.

La pérdida del beneficio de gratuidad de los estudiantes que exceden el tiempo de permanencia, ha sido uno de los problemas en la implementación de la nueva ley de Educación Superior, lo que se agravará puesto que solo el 16% de los estudiantes terminan su carrera en la duración formal de esta. Otro problema ha sido el cálculo del valor del arancel regulado, ya que el modelo propuesto de fijación de aranceles se efectuó en base a costos históricos y no reconoce la inequidad geográfica, ni la diversidad de los proyectos educativos.

La calidad de la Educación se discute poco abiertamente. En noviembre de 2019 se publicó en el Diario Oficial la ley Nª 21.186, la llamada Ley Corta, que modifica las normas del sistema nacional de aseguramiento de la calidad de la educación superior aplazando, hasta septiembre de 2020, la publicación de los nuevos criterios y estándares de acreditación de instituciones de educación superior y, hasta octubre de 2022, su entrada en vigencia.

Con los problemas de financiamiento y los nuevos criterios de acreditación, es hora de reflexionar sobre la calidad de las Instituciones de Educación Superior, de instalar algunas bases que soporten este concepto, tales como; la atracción, retención y concentración de talento, un apropiado régimen económico y de gestión institucional y un modelo de gobernanza ágil, flexible y transparente que promueva la participación y la colaboración. En base a estos cimientos, es imprescindible repensar los criterios de acreditación, con una visión sistémica e integrada, que incluya el diseño de nuevos instrumentos tales como un Índice de Sustentabilidad y un Índice de Equidad e Inclusión para Universidades, para identificar brechas, proponer metas y definir estrategias para alcanzarlas.

En un escenario volátil, incierto, complejo y ambiguo, las Universidades deberán asumir un nuevo rol en la sociedad, adaptarse a las demandas sociales, convertirse en la reserva ética, ser protagonistas y verdaderos agentes dinamizadores del desarrollo social, económico y cultural del país: ese es el desafío de una verdadera universidad de excelencia.

Martes 15 de septiembre: Una rotunda defensa de Jaime Mañalich por la gestión que hizo frente a la pandemia de coronavirus hizo ayer el Gobierno, a raíz de la acusación constitucional presentada en su contra por diez diputados de oposición. En el libelo, lo acusan de colocar en riesgo la vida y la salud de la población, y de ocultar datos de forma deliberada y cometer faltas a la probidad. Ayer el ministro de Salud, Enrique Paris, dio un giro y afirmó lo siguiente: "Quiero hacer una defensa cerrada de lo que hizo Jaime Mañalich: una gran labor en el tema de la pandemia inicial, fue un visionario".

Miércoles 16 de septiembre: Permitir el retiro de dos millones de pesos al jubilar y de cinco millones a quienes retrasen su edad de jubilación en un año, es una de las propuestas previsionales que hizo la bancada de diputados y que buscan "mejorar las pensiones y dar alivio a las personas".La líder del partido, Jacqueline van Rysselberghe, reforzó los planteamientos en cita con los ministros Cristián Monckeberg (Segpres) y María José Zaldívar (Trabajo), y con parlamentarios de RN (SebastiánTorrealba) y Evópoli (Luciano Cruz-Coke), toda vez que Chile Vamos apoya las propuestas. La senadora pidió "discusión inmediata" para la reforma previsional.

Jueves 17 de septiembre: El 53,4% de las empresas con trabajadores acogidos a la Ley de Protección al Empleo consideró en julio que en los tres meses siguientes tendrán que despedir trabajadores, mientras que entre las firmas que no se acogieron a la normativa, este porcentaje es de 12,5%. Ese es uno de los resultados del boletín complementario covid-19 de la Encuesta de Remuneraciones y Costo de la Mano de Obra del período abril-julio de 2020, publicados por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). El documento, que en julio recogió antecedentes de 1.493 entidades, registra los cambios provocados por la pandemia.

Jueves 17 de septiembre: El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, sus ministros del Interior y Defensa, y los altos mandos militares, policiales y de inteligencia son considerados entre los responsables de violaciones de los derechos humanos tan graves que, en ciertos casos, constituyen crímenes contra la humanidad. Una misión internacional que recibió de la ONU el encargo de investigar la situación en Venezuela apuntó ayer de manera explícita la responsabilidad de algunos de los más altos cargos políticos del país en violaciones sistemáticas de los derechos humanos.