El Comité Policial de la Provincia de Concepción, que encabeza el gobernador Julio Anativia, dio a conocer en su último balance que ha habido un aumento de 42% en los delitos contra la salud pública en el último mes. Se trata de personas que pese a todos los llamados que se realizan con el fin de respetar las normas de prevención de contagios de coronavirus, se comportan de manera imprudente, poniendo en riesgo a los demás.

Desafortunadamente, la alta movilidad de personas que no hacen caso de los persistentes llamados de las autoridades sanitarias para evitar la propagación de la pandemia de covid-19, ha significado que las cifras de contagiados y de fallecidos se hayan disparado. Como consecuencia de ello, una decena de comunas del Gran Concepción se encuentran en cuarentena, lo que significa que alrededor de un millón de habitantes deberán pasar en confinamiento las Fiestas Patrias. La medida está vigente en Concepción, Talcahuano, Chiguayante, Hualpén, Penco, Tomé, Hualqui, y desde anoche se sumaron las comunas de San Pedro de la Paz, Coronel y Lota, debido a la cantidad de casos que han presentado y a la interacción que tienen con los demás territorios que ya estaban en cuarentena.

Las autoridades de Salud han indicado que los contagios se han mantenido por bastante tiempo en esas áreas, por lo que se hace necesario tomar medidas especiales con el fin de evitar una mayor propagación. Es evidente que algunas personas han hecho caso omiso a los llamados de las autoridades para protegerse, quedarse en casa y evitar salir, para no contagiar ni contagiarse. Durante los últimos meses algunos alcaldes habían pedido cuarentenas para sus comunas y se decretaron cordones sanitarios en otras, pero éstas acciones podrían ser poco eficaces si la ciudadanía no internaliza la decisión de cumplirlas y no tratar de burlarlas.

Se ha informado que casi 540 mil personas han sido fiscalizadas en las distintas aduanas sanitarias de la Región del Biobío, desde el inicio de la actual situación de emergencia por covid 19, dando origen a 22 sumarios sanitarios. Del total, la gran mayoría ha sido controlada en los cordones, en los puertos y terminales portuarios, en Carriel Sur y en los terminales de buses.

En las últimas semanas hemos visto cómo ha aumentado el número de casos, porque las medidas estrictas que se han ordenado no se respetan, como el uso adecuado de mascarillas, lavarse bien las manos, y el distanciamiento social. Esto es posible ver en las filas que se realizan frente a bancos, locales comerciales, servicios públicos, o al subir y bajar de buses. Luego de medio año desde que se declaró la emergencia sanitaria, parece que la población ya relajó las medidas de cuidado, justamente en momentos en que se preveía el auge de contagios. También se han conocido a través de los medios de comunicación muchos casos de personas que realizan fiestas y reuniones masivas sin las mínimas precauciones; la salida a la calle de personas que están contagiadas y que no respetan la cuarentena, u otras que insisten en desplazarse los fines de semana, con el riesgo de contagiar o de ser contagiado. También es probable que en las Fiestas Patrias aumenten mucho los casos de delitos contra la salud.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), ha señalado que "la pandemia por covid-19 no está siquiera cerca de terminar. La mayoría de las personas siguen siendo susceptibles, por lo que el virus todavía tiene mucho espacio para moverse. Todos queremos que esto termine y seguir con nuestras vidas, pero la dura realidad es que esto no está ni siquiera cerca de terminar. Aunque muchos países han hecho algunos avances, la pandemia se está acelerando."

Si la población no toma en serio las medidas preventivas que se están aplicando, la lucha contra el covid-19 tomará mucho más tiempo y se podría perder. La ciudadanía debe ser cuidadosa con esto y no descuidar las medidas de prevención.

Ha habido un aumento de 42% en los delitos contra la salud pública en el último mes. Son personas que pese a todos los llamados a respetar las normas de prevención de contagios de coronavirus, se comportan de manera imprudente, poniendo en riesgo a los demás.

La violencia desatada que sufrió el país el 18 de octubre y las semanas que le siguieron, ha sido justificada por ciertos sectores como una respuesta "espontánea" y "comprensible" a las injusticias e inequidades que -según dicen- ha generado en los últimos 30 años el actual sistema político y económico en materia de previsión, salud y educación, entre otros.

La destrucción de las estaciones del metro, el saqueo a tiendas y supermercados, y el vandalismo perpetrado contra señaléticas, paraderos, semáforos y otros, no son más que una reacción lógica -dicen- a esa "rabia" acumulada durante años por cientos de chilenos, por lo que son acciones plenamente justificables, afirman. Lejos de condenar la violencia, se empatiza y solidariza con ella, en una clara muestra de cómo el relativismo busca acomodar los hechos y las circunstancias a intereses particulares.

La indisolubilidad de las justas y atendibles demandas ciudadanas con los sistemáticos y concertados hechos de violencia, representa para estos grupos políticos la única vía posible y válida -según sus concepciones ideológicas- para alcanzar las metas y objetivos, evidenciando un carácter marcadamente antidemocrático en su accionar.

Este mismo proceder se ve reflejado en los hechos de violencia rural que desde hace años afectan al sur de la Provincia de Arauco y parte de la Región de La Araucanía. Los innumerables ataques incendiarios que han afectado a cabañas, escuelas, iglesias y maquinarias forestales y que a estas alturas forman parte de una triste cotidianidad, suelen ser vistos por algunos como una respuesta "natural" a las demandas no satisfechas del pueblo mapuche, y por tanto, comprensiblemente justificables.

El interés estratégico de fusionar las demandas con la violencia parece no perseguir otro fin que el de mantener y exacerbar el conflicto para generar condiciones propicias -mediante el temor- que permitan alcanzar aquellos objetivos escasamente transparentados pero que se presentan envueltos en un supuesto bien común que no es tal, pero que seduce y convence a muchos.

En este sentido, el Estado en su conjunto ha demostrado una incapacidad brutal para evitar que las justas demandas de la población y la violencia vayan de la mano.

¿Cuántos años llevamos hablando de la situación de los pueblos originarios respecto a la falta de reconocimiento y de oportunidades que evidentemente les afecta? ¿Cuántas mesas de diálogo, encuentros y planes de desarrollo hemos visto pasar sin que ninguno logre un éxito sustantivo que acoja y entregue soluciones a las demandas de estos pueblos? ¿Por qué no hay avances reales en temas como las pensiones, el mejoramiento en la salud y la educación pública?

La respuesta a estas preguntas refleja esa incapacidad de las autoridades por buscar y alcanzar acuerdos en aquellos temas complejos pero necesarios y urgentes de resolver, y que implica necesariamente salir de esa trinchera política, esa que solo vela por los intereses inmediatos y particulares, para avanzar en soluciones que incluso puedan significar renunciar a las legítimas visiones que se tengan sobre el tema.

Esa incapacidad, fruto de la excesiva ideologización en la que se está inmerso, es la que en definitiva termina perpetuando el conflicto que suelen aprovechar y alentar ciertos sectores radicalizados para imponer la violencia como método de acción, método donde tampoco el Estado ha sido capaz de erradicar con firmeza y convicción.

"El Estado en su conjunto ha demostrado una incapacidad brutal para evitar que las justas demandas de la población y la violencia vayan de la mano".

Ética

La acusación constitucional contra el ministro Pérez es antojadiza. Los camioneros dejaron al menos una "pista ética" para circular por las carreteras, y los problemas reales fueron mínimos para una movilización de esa envergadura. Se reclamó por alguna ambulancia que tuvo que tomar un desvío pero, hasta dónde se sabe, sin consecuencias. Tampoco tuvieron consecuencias las restricciones de abastecimiento que, al parecer, fueron imprevistas y muy puntuales. Comparemos con los trabajadores de la Salud que, cuando se movilizan, dejan "turnos éticos" pero, quizás involuntariamente, causan miles de viajes perdidos a los centros de salud, miles de horas de atención postergadas y cientos de miles de desviaciones y pérdidas de tiempo en tacos con sus marchas en las ciudades. Son tiempos difíciles, en que ojalá los parlamentarios que insistan en usar su valioso tiempo en acusaciones constitucionales al menos permitan y faciliten a sus colegas, a los que priorizan hacer la pega legislativa, la producción de "leyes éticas" , es decir, de tantas leyes que se necesitan con urgencia.

José Luis Hernández Vidal

Opciones de vida

"Hay dos formas de ver la vida: una creer que no existen los milagros, y la otra es creer que todo es un milagro". No lo digo yo, lo dijo Albert Einstein. ¿Y usted cómo ve la vida? ¿Qué opción elige, cuando está hoy inmerso en una grave crisis sanitaria junto a los suyos, con la vida en riesgo y esperando el descubrimiento de una vacuna?

Luis Enrique Soler Milla

Portabilidad

Comienza a funcionar la nueva ley de portabilidad financiera. Según la Superintendencia de Bancos e Instituciones financieras, el 97% de la población adulta tiene algún producto financiero, y el 97,1% de las pequeñas empresas tienen algún instrumento financiero. Con la nueva ley, se permitirá que las personas puedan cambiarse de manera más fácil, con menos trámites y a un menor costo, de una institución financiera a otra que le ofrezca mejores condiciones. Por ejemplo, se espera que se reduzca a la mitad el costo monetario y el tiempo que demora cambiar un crédito hipotecario, además de reducir los altos costo que se incurre para mejorar la opción actual. Y si bien, las personas no dejarán de endeudarse, con esta ley al menos les permitirá cotizar, reducir sus gastos y en una visión optimista permitirá saldar las deudas con mayor rapidez, otorgando ofertas más convenientes, pero sobre todo entregando más competencia a un mercado que se caracteriza por no entregar opciones flexibles y a la medida del bolsillo de los chilenos.

Francisca Matamala T.

Plebiscitos

El plebiscito del 4-1-1978 fue para consultar por el apoyo o rechazo a la legitimidad del gobierno. El voto tenía impreso "Frente a la agresión internacional desatada en contra del gobierno de nuestra Patria, respaldo al Presidente Pinochet en su defensa de la legitimidad del gobierno de la República para encabezar soberanamente el proceso de institucionalización del país". La forma en que se validó la participación en la actividad fue a través de cortar con tijera la punta del carnet de identidad a quienes votaron. La opción Sí (apoyo) obtuvo 4.177.064 votos (78,7 %) y el No logró 1.131.115 votos (21,3 %). La legitimidad de los resultados fue seriamente cuestionada pues no existían los registros electorales, ni garantías mínimas de transparencia, además de una fuerte censura a los medios de comunicación. El plebiscito del 11-9-1980, con participación obligatoria, la opción Sí (apoyo) obtuvo 4.204.879 votos (67,04 %) y el No logró 1.893.420 votos (30,19 %). Así se aprobó la Constitución de 1980, confirmándose en el cargo de Presidente al general Augusto Pinochet. Los resultados fueron objetados por la oposición, por no existir registros electorales. El ex agente de la Dina y CNI, Jorgelino Vergara, ayudante de Manuel Contreras, detalla en un libro que los uniformados y funcionarios públicos leales al régimen, recibieron orden de concurrir a votar varias veces para lograr aprobar de la Constitución de 1980.

DERICO COFRÉ CATRIL

Delitos

En muchos de los casos delictivos que conocemos cada día, está involucrado más de un extranjero. Lamentablemente con estos hechos, se crea una imagen generalizada y metemos a todos los inmigrantes en un mismo saco. Como en toda sociedad, hay malos y buenos integrantes. Sería importante para la tranquilidad de comunidad, que las autoridades dieran a conocer las medidas que se toman en contra de esas personas.

Jorge Valenzuela Araya

Asilo político

Quienes viven en la Octava y Novena Regiones, y ante la ineptitud e ineficacia de los poderes del Estado para resguardar la integridad física y la propiedad privada de sus ciudadanos, nos mueve una única alternativa para salvar nuestras vidas y patrimonio: elevar una solicitud de asilo político en otra Nación. Es inadmisible e inconcebible que los servicios de inteligencia y las policías no den con los perpetradores de los derechos humanos. Al Presidente le tiembla mano para imponer el orden y el imperio de la ley. Los atentados siguen, y los paseos en helicópteros con las autoridades para ver hechos consumados, es una acción sin sentido y reactiva.

Eduardo Cresta Hill

Uniforme escolar

Estoy totalmente de acuerdo con el lector Javier Labrin Jofré respecto de la inconveniencia de suprimir los uniformes escolares, lo que viene a corroborar la poca información que manejan nuestros distinguidos y onerosos parlamentarios. Fue creado justamente para evitar la discriminación y los gastos de otras tenidas diarias a las familias de menos recursos.

Oscar Riffo R.

Ingreso mínimo

Seguramente el ministro de Economía en algún momento de su vida ha vivido solamente con $ 320.000 y por eso afirma que una persona sola puede mantenerse mensualmente con esa cantidad. Si considera gastos en arriendo, servicios básicos, alimentación, medicamentos y otros, le agradecerá que nos indique su experiencia personal para llegar a fin de mes con ese monto.

Miguel carrasco muñoz

Alumnos del Liceo N° 4 de Concepción denunciaron el peligro que corren a la salida de clases por la falta de vigilancia policial en el sector. La queja es la misma que hicieron los apoderados y la dirección del establecimiento a las autoridades. El centro de alumnos dice que la vega que funciona en calle Caupolicán, entre Las Heras y Martínez de Rozas, agudiza los problemas de delincuencia y de reyertas con cuchillas que se dan en el sector. Sobre todo es peligrosa la salida en la tarde.

El liceo tiene 850 estudiantes, de los cuales cerca de 600 son mujeres.

"Necesitamos aquí y ahora la presencia del ministro del Interior y del Presidente Piñera. No podemos seguir esperando", fue el mensaje que enfatizaron las agrupaciones y víctimas de violencia rural de la Provincia de Arauco durante un encuentro que se concretó ayer en el sector Lanalhue, comuna de Cañete. La reunión se realizó en el mismo lugar donde, la madrugada del martes, fueron quemadas tres viviendas, tras un ataque protagonizado por desconocidos en un predio ubicado a pocos metros del lago Lanalhue. Ahí fue dejado un panfleto alusivo a los presos mapuches.

Luis Domínguez, uno de los tres propietarios afectados, volvió a recorrer el terreno donde se ubicaba su casa. En el lugar solo quedaron cenizas y los escombros de algunos muebles que se encontraban en las viviendas.