Por Alma Canales Silva

La crisis económica derivada de la pandemia puede graficarse con indicadores regionales como la caída del 21,4% del desembarque pesquero a junio de este año, en relación a igual mes de 2019, o el desempleo de 10,6% para el trimestre abril-mayo-junio, con un gran incremento de personas que no salen a buscar trabajo por las bajas expectativas respecto al mercado.

El impacto de una actividad económica disminuida puede generar problemas económicos que complican el pago de cuentas o préstamos financieros.

El seremi de Economía, Mauricio Gutiérrez, dijo que desde el estallido social, en octubre de 2019, se vio un aumento en las solicitudes ante la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento (Superir), entidad que supervisa los procesos de renegociación o quiebra.

Según las cifras de la Superir, si a junio de 2019 se tramitaron 354 procedimientos concursales para personas y empresas, este año ya han iniciado 509. No obstante, el gran incremento de trámites se observa en personas más que en las firmas, según las cifras de la Superintendencia.

"Las pérdidas de las empresas producto del estallido social se empezó a sentir en marzo. Las empresas pensaron que podían recuperarse este año, pero la pandemia agudizó las dificultades", mencionó el seremi.

Agregó que los problemas de las empresas derivaron en despidos, lo que ha complicado la situación financiera individual y de agrupaciones.

Dos opciones

La ley 20.720 de Reorganización y Liquidación de Empresas y Personas se promulgó en enero de 2014 y fijó dos tipos de procedimientos para personas y dos para empresas que cumplen con los requisitos fijados por la normativa (ver recuadro).

En el caso de las personas, las opciones son renegociación y liquidación. La primera permite acordar con los acreedores nuevas condiciones para cumplir con los pagos. La segunda considera un proceso judicial para vender los bienes de la persona y con ese dinero saldar las deudas.

Durante el primer semestre de este año 42 personas han pedido una renegociación y 382, la liquidación de sus bienes. La proporción es similar a la del año pasado, aunque las cifras son más bajas: 25 renegociaciones y 254 liquidaciones.

El abogado Alfredo Trentini, del estudio jurídico Estoyenquiebra.cl -que trabaja con este tipo de casos-, reconoció que este año se ha visto una mayor morosidad. Dijo que las consultas se han incrementado en un 20%. Eso sí, aclaró que el aumento ha sido sostenido en los últimos años y que el estallido social y la pandemia lo agudizaron.

Sobre los factores que han incidido en el incremento, además de la crisis económica, el jurista nombró el cambio de actitud que han tenido la banca y el retail: "Antes se priorizaba mucho la propuesta de reprogramación de deuda, pero como las condiciones económicas han cambiado, ahora tienen que hacer una reevaluación de los clientes".

Al igual que las personas, las empresas también tienen dos alternativas: la reorganización y la liquidación. El primer semestre del año pasado, 2 se acogieron al primer procedimiento y 76 al segundo. Hasta junio de 2020, la tendencia es 3 y 82.

En tribunales

La renegociación y reorganización son procedimientos en los que media la Superir. Es distinto lo que ocurre con las liquidaciones, que son procesos donde intervienen los tribunales.

Antonella Farfarello, jueza del Segundo Juzgado Civil de Talcahuano, contó que los procedimientos, en promedio, duran más de un año y que no ha habido atrasos por la pandemia, ya que las audiencias se están haciendo por plataformas digitales.

Agregó que "el liquidador lleva el ritmo de la causa, y en realizar una serie de gestiones que generalmente hacen para determinar los bienes o patrimonio real del deudor y realizarlo, en su caso, es lo que demora".

Difusión

Mauricio Gutiérrez indicó que se han reunido con representantes de varios municipios de la zona para socializar la normativa. No obstante, reconoció que falta mayor difusión.

Sobre el funcionamiento de la oficina regional (ubicada en el edificio de Chile Atiende, en Castellón 435), se ha priorizado el correo electrónico para realizar consultas, aunque la oficina está abierta y atendiendo.

Del total de 11 Áreas de Manejo de Recursos Bentónicos del Biobío y que cuentan con autorización para funcionar el 2020, ocho realizaron faenas extractivas en las últimas semanas, llegando a un total de 36 mil 981 unidades de loco.

De esa cifra, 29 mil 277 unidades corresponden a cosechas desarrolladas en la isla Santa María, lo que equivale a un 80% del total de recurso extraído.

El director regional de Sernapesca, Claudio Báez, explicó que en este periodo de pandemia por covid-19 han readecuado sus procedimientos de fiscalización, implementando acciones presenciales y otras en modalidad en atención remota. No obstante, las cosechas de loco se han fiscalizado de manera presencial, dada la importancia del recurso y de las áreas de manejo y de explotación de recursos bentónicos.

FISCALIZACIÓN

"Como Sernapesca realizamos controles en zonas de extracción, desembarques, verificamos cuota y tamaño mínimo legal de los recursos, y cada vez que recibimos denuncias de robos damos aviso a la autoridad marítima. Aquí el llamado es a aquellos que realizan actividad extractiva sin tener derechos sobre esas áreas de manejo, que sepan bien que no es una infracción menor, se trata de un delito sancionado con la pena de presidio", planteó Báez.

Agregó que, además, "la ley nos faculta para incautar todo el equipo de buceo, embarcaciones y vehículos que detectemos siendo parte de la perpetración del delito de extracción en área de manejo".

El 87% (31 mil 843) del recurso loco extraído fue destinado a plantas de proceso de la comuna de Coronel, mientras que sólo el 12% (4 mil 384) tuvo como destino la venta directa al público. En tanto el 2% (754 unidades) fue para los restaurantes de la zona.

El agricultor del Programa de Desarrollo Local - Prodesal Indap de la comuna de Los Álamos, Pablo Cid Ulloa, vende 500 sacos de papas a la Ilustre Municipalidad de Los Álamos, para que sean entregadas a familias que han visto afectada su calidad de vida, en el marco de los recursos que se han transferido a los municipios para hacer frente a la pandemia del covid-19.

El coordinador del Prodesal Los Álamos, Enrique González, dijo que es la primera vez que un pequeño productor puede realizar una venta directa de esta envergadura y para un fin tan solidario. "Este usuario pudo hacer la comercialización de las papas ya que cumple con los requisitos para poder vender al municipio", precisó.

Cid destacó la labor de Indap, a través del Prodesal, que siempre lo han apoyado en su sistema productivo y lo han motivado a seguir adelante con su emprendimiento. Además, se realizó una segunda transacción asociativa de semillas de papas certificadas de cinco productores locales.