Durante las últimas semanas los medios de comunicación han destacado algunos hechos que ponen en duda el respeto con que deben tratarse las autoridades, los personajes públicos, especialmente los parlamentarios y dirigentes políticos, y sobre todo la consideración que se debe tener con quienes están investidos de la autoridad.

Con el paso de los años se ha visto que el debate de ideas fundamentadas que deberían tener quienes ejercen cargos de representación popular se ha ido reemplazando por una verdadera guerrilla verbal y por acciones que no enaltecen a quienes han sido elegidos o designados para impulsar el avance del país, de la mejor manera posible para los ciudadanos y sin anteponer sus intereses personales o proselitistas. El debate en torno al denominado "estallido social" de fines del año pasado acentuó esas diferencias, con andanadas de diatribas. En tanto, el Congreso Nacional, que debería ser el centro de los debates de ideas, ha dado paso a acciones propias de un show de la farándula, donde predomina la chabacanería.

Asimismo, se ven otros hechos preocupantes. Los espacios dados por los medios de comunicación -y mayormente por las redes sociales- se han convertido en campo de batalla para cualquier tema. El asunto se ve aún más profundizado cuando se desatan toda clase comentarios injuriosos. La descalificación mutua no le hace bien al país, que ve que la guerra de trincheras se sigue imponiendo como la forma de hacer política, donde abundan los comentarios destemplados y hasta mal intencionados. Hay un deterioro en la forma de comunicarnos, en especial, la clase política, llamada a ser modelo de comportamiento para el resto de la sociedad.

No se trata de pretender una regulación sobre el tema, sino apelar a que el diálogo y -mejor aún- la conversación, sea respetuosa, democrática, con argumentos de fondo y con ánimo de escucharse, de ponerse genuinamente en el lugar del otro, con el fin de enriquecer nuestras propias vidas. La necesidad de cuidar y respetar el lenguaje y la forma de actuar es una urgencia y prioridad de manera permanente. Así construimos la realidad, así nos comunicamos, coordinamos y cotejamos acciones de las personas. Una vez más es necesario insistir en que no es bueno seguir dividiendo a nuestra sociedad y continuar deteriorando las relaciones humanas. La ciudadanía espera de sus representantes soluciones a sus problemas y no la ya inconducente guerrilla verbal.

Hay que considerar que todas las autoridades, los entes públicos y los partidos políticos son sometidos continuamente a evaluación. De allí, surge la necesidad de estar atentos para detectar las necesidades de la población y contribuir a atender las demandas ciudadanas, más que pensar en sacar provecho de esos cargos que, bien es sabido, ha llevado al ya conocido descrédito de la clase política. El resentimiento contra las élites políticas y gobernantes es evidente y surge en cada conversación. El fenómeno es palpable en el país. La desigualdad, más que la pobreza, parece explicar buena parte del malestar con quienes ostentan poder. También tiene que ver con la percepción de la élite como una comunidad cerrada, basada en la procedencia y las conexiones por encima de la educación y los logros. Y finalmente, se percibe a las superestructuras como aprovechadoras de los recursos fiscales, para beneficio personal. De ahí la creencia bastante generalizada de que buena parte de quienes acceden a los cargos no van a servir en el poder sino a servirse de él.

Para construir el futuro se debe tener presente que la legitimidad es clave. La autoridad está vestida de honorabilidad, pero no basta decirlo, sino que debe ser real. Cuando eso no sucede, la legitimidad retrocede, el terreno cambia y pasa a ser material fecundo para los populismos, por el deterioro del debate y de la democracia. Los ciudadanos esperan hoy soluciones reales a los problemas diarios que enfrentan y no seguir acentuando las diferencias.

La descalificación mutua no le hace bien al país, que ve que la guerra verbal se sigue imponiendo como la forma de hacer política, con comentarios destemplados y mal intencionados. Hay un deterioro en la forma de comunicarnos, en especial, la clase política, llamada a ser modelo de comportamiento.

Mientras todo el mundo está preocupado por los avances de la actual pandemia, el confinamiento forzado al que se nos ha obligado por su causa, o a la grave crisis económica ya presente y sobre todo futura como resultado de todo lo anterior, diversos proyectos de ley, de alto y polémico contenido valórico, siguen avanzando sigilosamente en el Congreso. En este sentido, el actual inmovilismo que afecta a nuestras sociedades, ha venido como anillo al dedo para los partidarios de estos proyectos, puesto que la ciudadanía no puede expresar su malestar como en tiempos normales, o al menos, generar la legítima y pacífica presión que es de la esencia de cualquier verdadera democracia.

Según se comentaba en nuestra columna anterior, el proyecto de Educación Sexual Integral (ESI) busca que se imponga de manera global y al margen del querer de los padres, una determinada forma de entender la sexualidad a nuestros niños, desde la más tierna infancia. De esta manera, además de sexualizarlos de forma casi patológica, de aprobarse este proyecto, surgirán muchísimos problemas, tanto entre los padres y el Estado por medio de las entidades educacionales, como entre estos padres y sus propios hijos, pues como se ha dicho, se pretende adoctrinarlos de acuerdo a la perspectiva de género, de acuerdo a la cual, la sexualidad es una realidad completamente plástica y cambiable. Y sobre esta base impuesta, se buscará otorgarles una completa libertad y autonomía para llevarla a la práctica.

Así, solo por poner algunos problemas sobre la mesa, ¿se imagina alguien las consecuencias que podría tener para las próximas generaciones haber sido empujados a dar rienda suelta con su sexualidad desde párvulo y experimentar con ella a más no poder, probando todas las formas posibles a su respecto? ¿Existe algún estudio que advierta sobre las posibles secuelas que lo anterior podría tener para nuestros niños, secuelas que sin duda los afectarán durante toda su vida? O para mencionar problemas más concretos y medibles, ¿se imagina alguien la proliferación de enfermedades de transmisión sexual que podría producirse, fruto de forzar a ejercer una sexualidad sin límites? ¿O los abusos de que podrían ser objeto los niños, al postular su tempranísima "autonomía progresiva" en este ámbito?

Lo anterior, sin perjuicio de la delicada pregunta de si el Estado tiene realmente el derecho de imponer su visión en esta materia, haciendo tabula rasa con las concepciones y la libertad de los padres. Ello, pues lo anterior equivale a un auténtico secuestro de nuestros niños, cuya formación pasa a depender casi exclusivamente del Estado. Mas, ¿por qué habría que preferir a un funcionario público en vez de la familia natural para la formación de nuestros niños y jóvenes? ¿Es que los padres van a perder la tuición de sus propios hijos si no están de acuerdo con estas políticas? Incluso, ¿tienen los padres alguna función respecto de sus hijos o solo deben comportarse como obedientes borregos en lo que a su formación atañe, según los dictados del Estado?

En fin, las preguntas e inquietudes pueden seguir acumulándose hasta el infinito. Sin embargo, un aspecto que pocas veces se señala, es que parece absolutamente contradictoria una legislación totalitaria como esta, dentro de un sistema democrático. De ahí que surjan razonables dudas de si realmente seguimos viviendo en un régimen semejante.

"¿El Estado tiene realmente el derecho de imponer su visión en esta materia, la educación sexual, haciendo tabula rasa con las concepciones y la libertad de los padres?"

Regresivo

El proyecto de ley que permite el retiro de parte de los fondos destinados a pensiones es claramente regresivo. Por ejemplo, probablemente todos los diputados y senadores podrían retirar 150 UF, los que posteriormente serían restituidos por el Estado y sus empleadores. ¿Tiene sentido gastar recursos públicos en personas que están trabajando y recibiendo altas remuneraciones, más aún cuando se pretende justificar el proyecto de ley como una ayuda por los efectos de la pandemia? Realmente no tiene una explicación.

Francisco javier leiva

Arriendos

Una vez que pase la pandemia y el país retome el ritmo que venía mostrando en los últimos años, veremos un crecimiento importante en el mercado del arriendo. Esto responde a que gran parte de los futuros compradores serán más cautos al momento de tomar un compromiso de inversión a largo plazo y optará por arrendar su vivienda, lo que se sumará a la disminución en la oferta de ventas producto de los proyectos detenidos y los que no partirán en el corto o mediano plazo. Sin embargo, es importante aclarar que es esperable que la demanda sea la misma, ya que los hogares no dejarán de crecer. Con respecto a los precios, hay zonas conflictivas en que los precios difícilmente volverán a la normalidad prontamente, pero en otros sectores tranquilos y con buenos accesos, los valores probablemente repunten en el corto plazo y, seguramente, esta alza sea muy rápida debido a la baja oferta entrante.

Carlos O`Rian

Otro impuesto

Ningún ciudadano ha dejado de pagar impuestos en estos meses de crisis. Sin embargo, los políticos, que viven a cuerpo de rey gracias a esos impuestos, se vanaglorian de lo considerados que son por ayudar a los ciudadanos, impulsándolos a usar sus ahorros previsionales para sortear el embate económico del covid 19. Si somos honestos, sacar los ahorros de las pensiones es otro impuesto que nos impone la clase política en el contexto de la pandemia. Pero bajo la idea de que es nuestra plata. En realidad, están disponiendo de esa plata como si fuera de ellos para decir: ven, los ayudamos. Lo que hoy se vende como una solución, sacar el 10%, es en términos estrictos que la clase política le dice a la clase productiva: en esta situación no usaremos lo que ustedes nos dan permanentemente, mejor use sus propios recursos, sus ahorros.

Jorge gómez

Costos políticos

Históricamente la centroizquierda ha criticado el sistema de pensiones administrado por las AFP, por lo que el proyecto de reforma constitucional de retiro del 10% de los fondos previsionales, con 83% de aprobación ciudadana según la Cadem, para los parlamentarios de este sector político les es muy cómodo y fácil de votar. Sin embargo, el problema está en la derecha y sus parlamentarios, quienes por una parte deben lidiar con los oscuros intereses economicistas de su Gobierno, y por otra, con los anhelos de la mayoría de los ciudadanos, ya que es muy probable que las votaciones por el retiro del 10% en el Congreso sean recordadas por estos últimos y se transformen en votos castigo en las próximas elecciones. Es tiempo de sacar cuentas. El 2021 es un intenso año electoral, por lo que cargar con costos políticos no es rentable. Entonces, será interesante ver actualmente en la derecha qué candidatos están dispuestos a pasar por los tribunales supremos de sus partidos sin renunciar antes a sus colectividades, todo para mantener sus posibilidades en una siguiente elección.

Rodrigo Venegas Ruiz

Estallido

Durante las últimas noches se han registrado hechos de violencia que muchos han interpretado como el inicio del denominado "estallido social 2.0". No podemos hacer vista ciega a que desde hace meses cientos de pobladores en el país han manifestado de diferentes maneras que están pasando hambre, que pasan frío, que ven a sus adultos mayores sufrir, solos, en casas pequeñas, sin recibir ayuda efectiva ante la crisis. No nos sorprendamos que extremen sus reclamos. Desde ningún punto de vista avalo la violencia, pero si sus representantes no los escuchan, ellos buscarán hacerse oír.

Jaime Monjes Farías

Previsión

En la discusión previsional de los últimos años, hemos visto distintas visiones de cómo mejorar las pensiones de nuestro país, con múltiples propuestas, algunas buenas y otras malas, pero siempre con una intención de mejorar las pensiones futuras. Los conglomerados políticos y sus parlamentarios tienen sus propios expertos que lideran sus propuestas previsionales, pero hoy vemos un fenómeno nunca antes visto en democracia, y es que todos los expertos serios, de manera transversal, son contrarios al retiro del 10% de ahorro previsional. Nuestra clase política no está a la altura de los desafíos como país, renuncian a sus expertos previsionales, y le es indiferente si el perjuicio futuro es mayor al beneficio presente. Total, no será su problema.

Eduardo Jerez Sanhueza

Auditorías

La doctora Sichel, presidenta del Colegio Médico, pide que se auditen los datos del doctor Paris, ministro de Salud. ¿Y por qué no presenta también los suyos y se hace una auditoría independiente a ambos? Si la discusión no fuera así de transparente, la crítica sería gratuita, sin ningún riesgo de equivocarse, lo cual no parece justo. Respecto al plan de desconfinamiento, ¿por qué tendría que entrar el Colegio a discutir indicadores y los niveles aceptables de los mismos si la responsabilidad es del Ministerio, que junto a sus asesores saben tanto o más que el Colegio Médico? ¿Y a los ciudadanos preocupados tanto de los muertos como de los cesantes con hambre, quién nos representaría en esas discusiones?

José Luis Hernández Vidal

Contentos

Se entiende el jolgorio de los diputados que en forma efusiva celebraban la aprobación de retiro del 10% de los fondos previsionales. Con seguridad, todos ellos podrán retirar el tope de 150 UF, unos 4 millones de pesos, con cargo al Estado empleador. Nada mal.

Javier espinoza J.

La anunciada reforma al Código Civil para obtener la plena capacidad civil de la mujer casada es -después de 113 años - una materia de trascendencia y constituye un avance notorio en el proceso de modificaciones. La iniciativa fue enviada al Congreso y, de aprobarse, modificará 95 artículos y suprimirá otros 90, aboliendo la protestad marital, que implica ahora el sometimiento de la mujer al marido, al obligar a solicitarle asentimiento específico.

Asimismo, se le entregará a la madre la total administración y representación del hijo natural.

Un incremento de personas en tratamiento de Virus de Inmunodeficiencia, VIH/Sida -el que incluso es mayor a la cantidad de casos diagnosticados en el mismo periodo- registró la Región del Biobío en el segundo semestre de 2018. Según cifras de la Seremi de Salud, de las 2.678 personas con VIH detectadas en la zona al 31 de diciembre de 2018, un total de 2.578 se encontraban en tratamiento antirretroviral. Esta cifra equivale a 586 más que en el primer semestre del año pasado, donde se contabilizaban 1.992 pacientes.

En seis meses, los enfermos con VIH que reciben tratamiento en Biobío crecieron en un 29%. La Seremi de Salud atribuye este incremento de controlados a la aplicación de test rápidos de VIH. El inmunólogo Gonzalo Espinoza cree que la cifra responde a un cambio en el procedimiento de los tratamientos.