Por Esteban Vega Garrido

Tras participar de una reunión de la macrozona sur, en septiembre del año pasado, el exministro del Interior, Andrés Chadwick, definió una línea de trabajo con las distintas agrupaciones que reúnen a víctimas de violencia rural en la Provincia de Arauco. La idea, explicaron en ese momento, era reparar los daños ocasionados por la seguidilla de ataques en esa zona.

A casi seis meses del último encuentro en la palacio de La Moneda, las mismas organizaciones acusaron un estancamiento del trabajo con los afectados. Situación que se vio incrementada, luego de la salida de Chadwick desde dicho ministerio en medio del estallido social.

Los representantes de Paz y Diálogo en Biobío reconocieron que existieron avances respecto a los catastros de afectados, tanto en Arauco y La Araucanía. Sin embargo, indicaron, no han existido avances en propuestas como la compra de terrenos, para familias que desean salir del territorio, pensiones y otros beneficios comprometidos en un primer momento.

Desde el Gobierno precisaron que hasta desde el 2010 y hasta el 30 de junio de este año se contabilizan 236 víctimas de violencia de rural, que se encuentran ingresadas en los instrumentos de recolección de información. A eso sumaron que existe un equipo multidisplinario en Cañete para la atención psicosocial de los afectados y que a la fecha suma 190 atenciones.

ESTANCAMIENTO

La Agrupación Paz y Diálogo enfatizó que los planes y el trabajo que se venía desarrollando se encuentra detenido desde hace algunos. Entre ellas, agregaron, quienes han perdido bienes inmuebles producto de los ataques incendiarios.

"Esas personas se ofreció una tratamiento especial para recuperar lo perdido. Se recogió la información a través de la gobernación y se hizo el llamado a postulaciones, pero no sabemos si tendrán o no el beneficio. No sabemos si tendrán alguna calidad especial en el tratamiento", señalaron.

Una situación similar a la que viven cerca de 30 familias que han planteado la inquietud de vender sus predios para salir de la zona. "El intendente se mostró interesado, pero con el tiempo se fue desinflando. Hemos ido encontrando más obstrucciones que soluciones. Para cada solución que propusimos, había 10 problemas. Hoy hay cerca de 30 familias que viven en la zona y que necesitan salir porque están en riesgo de morir", señalaron.

Sin embargo, desde la organización que reúne a la víctima reconocieron que existen algunos avances, tales como los catastros y en materia de pensiones para viudas o familiares de personas que han perdido a cercanos producto de ataques.

"Se hizo un catastro de algunas personas y la asistente social hizo las fichas para ver a quién correspondía y a quién finalmente se le daría ese beneficio. Pese a ello, aun no llegan después de varios años de espera en algunos casos", afirmaron.

Respecto a las situaciones de pequeñas y medianas empresas, la agrupación manifestó que también existe incertidumbre. "A esas personas se les ofreció, a través de Corfo, ingresar a distintos proyectos de levantamiento de Pymes y optar a créditos blandos, donde este mismo organismo funcionaría como un aval pero han sido tantos los atentados, que algunos han optado por no volver a invertir", señalaron.

Las últimas semanas, Paz y Diálogo criticó la falta de medidas de resguardo en la zona, sobre todo tras los fallidos patrullajes militares en la zona. "Muchos han determinado que no volverán a invertir en la zona a menos que existan las medidas de seguridad que se requiere y que justifiquen la inversión. De lo contrario es imposible", insisten.

HAY AVANCES

Mariela Fonseca, coordinadora regional del Programa de Víctimas de Violencia Rural, quien asumió recientemente en el cargo, precisó que el trabajo se ha retomado de forma paulatina y que ya existen avances en distintas materias.

"Se han generado avances en los catastros y la generación de plataformas para la incorporación de las víctimas. Hoy lo que nos falta es articular el trabajo entre las gobernaciones y las posibles derivaciones a instituciones. A eso se suma el hacer seguimientos, para así devolver información a la gente", indicó.

Fonseca explicó que existen tres categorías para agrupar a las víctimas: personas jurídicas, organizaciones sociales y personas naturales. Este último tiene la mayor cantidad de ingresos con 181 casos.

"Otro de los aspectos que estamos trabajando es en zanjar algunas excepcionalidades, para ampliar los programas a otros personas y que actualmente no califican por no estar dentro de los grupos de mayor vulnerabilidad", indicó.

La coordinadora detalló que a la fecha son distintos los beneficios entregados a través de las distintas organizaciones que participan. "En materia de pensiones gracia ya se han asignado dos y tenemos 10 postulaciones en espera. Los montos equivalen a dos ingresos mínimos", cerró.

Al menos tres derrumbes de tierra y lodo se registraron durante la madrugada de ayer en la Ruta de la Madera producto de las últimas precipitaciones en la zona.

De acuerdo al reporte de la Oficina Nacional de Emergencias (Onemi), los deslizamientos se registraron en los kilómetros 18, 30 y 33, hasta donde se trasladó personal de Carabineros para resguardar la zona.

El alcalde de Santa Juana, Ángel Castro, manifestó preocupación por la reiteración de estos episodios en dicho camino.

"Desde el 2006 estamos insistiendo reiteradamente ante los distintos gobiernos la necesidad de una nueva ruta, con nuevos estándares de seguridad, cosa que hasta la fecha no se ha cumplido".

A eso agregó que "vamos a insistir ante las autoridades de gobierno para que los compromisos se cumplan y para que quienes usan la Ruta de la Madera, tengan la seguridad que corresponda ya que estamos todos arriesgando la vida de seguir los derrumbes", añadió.

La Onemi precisó además que el sistema frontal provocó situaciones complejas en otras zonas del Biobío. "Las estaciones hidrométricas de la Dirección General de Aguas (DGA) han informado el aumento de caudal de los ríos Curanilahue y Butamalal, sin registrarse al momento situaciones de emergencia asociadas a éste".

En Alto Biobío, en tanto, se informó que los caminos de la comuna se encuentran habilitados para vehículos 4x4 debido a la acumulación de nieve.

En prisión preventiva fue dejado un hombre que habría agredido y violado a su madre, de 82 años, el pasado domingo en Los Ángeles.

El individuo, identificado con las iniciales J.D.V.O. fue formalizado como autor de los delitos consumados de violación y desacato, en contexto de violencia intrafamiliar.

Según los antecedentes expuestos por el Ministerio Público, alrededor de las 16 horas del domingo 5 julio, en un inmueble ubicado en el sector Chacayal Sur, en dicha comuna, el imputado sostuvo una discusión con la víctima, su madre de 82 años, a quien propinó golpes en el rostro, para luego apretar su cuello, tirarla al suelo y violarla.

Además, el imputado no dio cumplimiento a las medidas cautelares decretadas en causa diversa, por violencia intrafamiliar, de abandonar el hogar que compartía con su progenitora y la prohibición de acercarse a la víctima, hogar o lugar de trabajo.

En la audiencia de formalización de la investigación, el magistrado Carlos Poblete González ordenó el ingreso del imputado en la unidad penal que determine Gendarmería, por considerar que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad y de la víctima. Además, fijó un plazo de investigación de dos meses.

SEGUNDO CASO

Un segundo sujeto fue formalizado por su presunta responsabilidad en la violación de su sobrina en la misma ciudad. El episodio ocurrió el mismo día del caso anterior.

Según se indicó, el imputado se habría abalanzado en contra de la víctima, a quien amenazó de muerte con un cuchillo la mañana del domingo 5 de julio. Tras la denuncia, el individuo fue arrestado por la policía.

El magistrado Leonardo Llanos Lagos acogió la solicitud de la Fiscalía y ordenó la prisión preventiva. Se decretaron cuatro meses para investigar.