POR ESTEBAN VEGA GARRIDO

A través de una carta dirigida a distintas autoridades, los vecinos del sector Parque Ecuador Sur, en Concepción, manifestaron su preocupación ante una eventual vulneración de derechos de un grupo de niños y jóvenes de una residencia familiar, que depende del Servicio Nacional de Menores (Sename). Los problemas, señalaron, se arrastrarían desde hace algunas semanas.

El recinto forma parte del nuevo modelo de protección para menores, que implica un cierre progresivo de los tres Centros de Administración Directa de Sename (Cread) en la zona para dar paso a la instalación de residencia familiares. Actualmente la casa de Chacabuco atiende a 15 niños y adolescentes, que hasta marzo pasado se encontraban al Cread Nuevo Amanecer.

En la misiva del pasado 7 de mayo, la junta de vecinos detallaron situaciones que implicarían consumo de alcohol y drogas. A eso se sumarían peleas y tránsito de los menores durante la noche por el sector, situación que implicaría un nulo cumplimiento de los protocolos para este tipo de recintos, según detallaron los dirigentes.

Una vez conocidos los antecedentes, la Corte de Apelaciones de Concepción acogió la carta y la tramitó como recurso de protección por una eventual vulneración de derechos en contra de los niños y adolescentes.

Desde Sename indicaron que la residencia está en proceso de transición, pero con la disponibilidad de realizar los ajustes necesarios.

"no estamos en contra"

Aldo Hernández, integrante de la directiva de la JJ.VV. Parque Ecuador Sur, recordó que los vecinos ya habían advertido de eventuales problemas, previo a la instalación de la residencia en el sector, debido a la cercanía con focos que podrían alterar los procesos de intervención y cuidado.

"La instalación trajo como consecuencia que los jóvenes salgan del hogar sin un mayor control por parte de los funcionarios. Esto acarrea un tránsito durante las noches, consumo de alcohol y drogas y con ello los conflictos para el ingreso a la misma residencia, con terceros o el personal", señaló.

Los continuos reclamos llevaron a los dirigentes a plantear sus reparos a las autoridades, para advertir los eventuales riesgos de esta seguidilla de irregularidades.

"Hay dos cosas concretas a las que hacíamos referencia en esa carta: primeros que la autoridad administrativa evalúe la permanencia de la residencia, en atención a que los focos de conflicto se mantienen y chocan con el proceso de rehabilitación e integración. También solicitamos un contacto más fluido con la institución para abordar el problema y prevenirlos", precisó.

Uno de esos resultados fue la respuesta de la presidente de la Corte Penquista, Vivian Toloza, que tramitó la carta como recurso de protección. "Nos sorprendió la verdad (…)En este momento estamos viendo si pasa los primeros pasos de admisibilidad", acotó.

Hernández manifestó que nunca han estado en contra de los jóvenes y de los procesos de protección. "Los vecinos conocían esta experiencia con el hogar Leonor Mascayano, que funciona en el mismo lugar, entonces no es una realidad extraña para nosotros. El conflicto con la residencia en particular es que no se han abordado de forma correcta los protocolos y nosotros no tenemos claridad de los mismos".

En ajuste

Ximena Morgan, directora regional de Sename, enfatizó que el recinto está en un sector residencial, porque precisamente los niños necesitan tener acceso a los distintos servicios, como colegios, centros de salud y espacios de recreación.

Junto con ello mencionó que el modelo se implementó hace dos meses y está en plena transición. "Estamos realizando todos los esfuerzos para mejorar el modelo de acuerdo a las realidades de ambas residencias. Claramente durante la implementación se irán haciendo ajustes a la realidad y las necesidades de los propios niños que están viviendo", dijo.

Morgan agregó que la crisis sanitaria también ha dificultado el proceso de integración. "Llegamos en un momento, donde tenían que aislarse y encerrarse. Por esto se han reforzado rutinas e intensificado el trabajo, debido a que no se han podido realizar las actividades programadas para todo joven. Esto ha afectado el proceso de desarrollo del programa", concluyó.

El Ministerio Público confirmó la recepción de una nueva denuncia en contra del hogar Nido, en Hualpén, que a inicios de este mes saltó a la luz pública por eventuales casos de abusos sexuales en contra de niños que se encontraban al cuidado de este organismo colaborador del Servicio Nacional de Menores (Sename).

La nueva acusación fue dada a conocer por la directora de la Defensoría de la Niñez, Patricia Muñoz, quien expuso frente a la comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados esta semana. En la exposición, la abogada informó sobre la recepción de antecedentes de eventuales adopciones irregulares que habrían ocurrido en el cuestionado recinto hualpenino.

Los antecedentes fueron puestos a disposición de la Fiscalía Local de Talcahuano y el equipo conformado para llevar adelante la investigación por los presuntos delitos sexuales en contra de dos menores. El caso fue conocido el 14 de abril pasado y a la fecha suma dos querellas en contra de quienes resulten responsables. En paralelo, Sename abrió dos sumarios administrativos para establecer responsabilidades por la falta de fiscalizaciones.

Respecto a la última denuncia por las adopciones, desde Sename aclararon que los procedimientos están establecidos por ley y los tribunales de familia.

Adopciones

Patricia Muñoz detalló que la denuncia que recibieron estaría vinculada a la eventual adopción irregular de una niña que se encontraba en la residencia Nido. "Esperamos que el Ministerio Público realice con la máxima rapidez y profundidad esta investigación, porque la denuncia reviste la máxima gravedad", dijo.

La directora del organismo agregó en ese mismo sentido que "existen otros antecedentes que darían cuenta de otras personas que si bien no han recurrido a la defensoría, estarían denunciando procedimientos irregulares dentro de esa residencia".

Respecto a las denuncias por adopciones irregulares y presuntas desapariciones de niños que se han difundido en redes sociales, desde Sename Biobío declararon que si un niño es declarado susceptible de ser adoptado se proceda a la búsqueda de una familia adoptiva, con el fin de restituir el derecho de ese niño a vivir en familia. Esto luego de distintos procesos de intervención y el eventual fracaso de su reencuentro con la familia de origen.

"Cuando el niño es adoptado se cancela su inscripción civil de origen y se realiza una nueva, por lo que el niño cuenta con un nuevo certificado de nacimiento, como hijo de su familia adoptiva, donde se consigna su nuevo nombre y RUT", indicaron.

Agregaron que "relación con detalles específicos de un caso de adopción, la Ley 19.620 establece que todos los antecedentes del proceso son reservados, y determina incluso sanciones penales para quienes los revelen".

Enfatizaron la necesidad de no difundir las fotografías e identidad de niños, para no vulnerar sus derechos. Actualmente los antecedentes se encuentran en manos de la fiscal Mariana Ramirez y el equipo de trabajo conformado por la Fiscalía Regional del Biobío.

Debido a los graves hechos, ocurridos en el Centro de Cumplimiento Penitenciario Colina 1, desencadenados por un grupo de internos, Gendarmería realizó el traslado de 128 reclusos desde el recinto de la Región Metropolitana a distintas unidades penales del país, 17 de los cuales quedaron recluidos en el Centro de Cumplimiento Penitenciaría Biobio.

La información fue confirmada por el alcaide del recinto penal, coronel Luis López, quien explicó que el procedimiento fue instruido desde el mando central y concluyó con éxito ayer a las 9 horas, con el arribo a Concepción de los internos y posterior ingreso a un área de aislamiento preventivo al interior del recinto durante 14 días.

"Es población penal sana que ingreso al recinto con una epicrisis normal, sin enfermedades de base, pasando a cumplir el resto o parte de su condena en este penal concesionado", explic López.

Añadió que se trata de un procedimiento institucional con el fin de controlar la seguridad del penal Colina 1", acentuó.

De este modo, en las últimas horas, un total de 14 internos fueron trasladados a Alto Hospicio; otros 16 a Antofagasta; 21 a La Serena; 19 a Rancagua; 17 a Concepción; 19 a Valdivia; 20 a Puerto Montt, y dos a la Cárcel de Alta Seguridad ubicada en la Región Metropolitana.

Por segunda semana consecutiva, un grupo de nuevos abogados realizó sus juramentos en la Corte de Apelaciones de Concepción. En total, 35 postulantes fueron parte de la jornada, que este año debió ser modificada a raíz de la emergencia sanitaria.

La ceremonia se realizó a través de videoconferencia con la Corte Suprema, en donde se encontraban el presidente Guillermo Silva Gundelach y el secretario Jorge Sáez. El ministro, Claudio Gutiérrez, encabezó en la zona la jornada de juramentos.

Tras el proceso de juramento, Gutiérrez declaró que "se nos exige (a los abogados) la buena fe, es decir, se exige lealtad, honestidad y también probidad, valores infalibles y que son el factor primordial para todo profesional de excelencia, como lo exige hoy nuestra sociedad".

Desde antes de las 7:30 de la mañana, los jóvenes se reunieron en el Palacio de Tribunales, siendo recibidos por la guardia de Gendarmería de Chile, cuyo personal luego de controlar la temperatura corporal, corroborar su presencia en el listado oficial de participantes y el correcto uso de mascarilla, les permitió acceder al lugar de la ceremonia.

Camila Escobar, abogada que prestó su juramento, valoró los esfuerzos para el desarrollo de la ceremonia. "Cuando uno entra a la universidad siempre sueña con este momento, pero uno nunca se imaginó que lo iba a hacer de esta manera", cerró.