POR NICOLÁS ÁLVAREZ ARRAU

Mediante distintas vías, el Estado aporta recursos para financiar las áreas públicas de salud y educación del país. Sin embargo, los municipios también llevan a cabo altos aportes monetarios, de tal manera de cubrir los sueldos, los gastos operacionales o el mantenimiento de la infraestructura de los consultorios y colegios que administran.

Según cifras del Sistema Nacional de Información Municipal (Sinim) de la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere), en 2019 las municipalidades de Chile realizaron un aporte de $325.204 millones en ambos ítems. Del total, la Región del Biobío asignó el 6% de los recursos, es decir, $20.043 millones. Este monto fue 0,6% más bajo que el de hace dos años.

Dentro del aporte local, salud fue el área más beneficiada por parte de los municipios con $10.851 millones, mientras que educación recibió un total de $9.192 millones.

En el caso del primer ítem, las comunas que más dinero otorgaron fueron Concepción, Talcahuano, Coronel, San Pedro de la Paz y Chiguayante. En tanto, en educación, la lista es liderada por Concepción, Talcahuano, Lota, Yumbel y Tomé (ver tablas).

El presidente de la Asociación de Municipalidades del Biobío y alcalde de San Pedro de la Paz, Audito Retamal, explicó que a través de estos fondos lo que hacen los municipios es "subsidiar al Estado" en una serie de aspectos relacionados, por ejemplo, al mejoramiento de horas médicas, a la compra de combustible, equipamiento o medicamentos, al fortalecimiento de las escuelas, a la mantención de personal de limpieza, a la reparación de cámaras, por nombrar algunos puntos.

"Eso es una tónica bastante clara que el Gobierno no contempla, porque la unidad de recursos que nos llega a través del per cápita es insuficiente y, generalmente, tenemos nosotros que subsidiar esa parte", planteó el alcalde.

ROL DEL ESTADO

Según la información del Sinim, Concepción y Talcahuano mantuvieron los aportes más altos durante el año pasado. El alcalde de la ciudad chorera, Henry Campos, puntualizó que los aportes en cuestión se originan, principalmente, por deudas de arrastre presentes en ambas materias y que se acarrean por años en las municipalidades, "por lo que, necesariamente, tenemos que hacer contribuciones extraordinarias a las que ya ingresan por vías ministeriales".

De lo contrario, agregó Campos, el déficit de los municipios se expandiría y se provocaría una situación en que los servicios de salud y educación no podrían ser entregados. "En ese caso, el tema de salud es muy complejo, porque cuando faltan medicamentos o profesionales, una persona puede terminar gravemente dañada en su salud, por eso es importante que nosotros realicemos estos aportes".

Desde los municipios, sin embargo, creen que estas ayudas deben ir disminuyendo con el paso de los años, pues no debería ser responsabilidad de las administraciones locales cubrir los déficits.

"Nosotros siempre esperamos que el Estado se haga cargo, quizá no en términos de prestarnos el dinero, sino que cambiar, por ejemplo, el sistema de subvención en el caso de la educación. Hoy estamos ante un sistema de voucher y queremos que mañana la subvención se entregue de acuerdo a matrícula y no a través de asistencia", remarcó Jorge Díaz, director del Departamento de Educación de Yumbel.

Actualmente, está en curso la Nueva Educación Pública, ley promulgada en 2017 que establece una nueva institucionalidad y en donde los establecimientos educacionales que son administrados por los municipios pasan a formar parte, gradualmente, de los servicios locales de educación pública creados por esta legislación.

Así como debiese disminuir la carga financiera en términos educacionales gracias al proceso de desmunicipalización, los jefes comunales también sostuvieron que es necesario que ocurra algo similar en el área de salud. Eso sí, plantearon que esa es una tarea que debe partir con los legisladores locales, a través de la creación de una nueva modalidad legal que favorezca a los municipios.

EMERGENCIA

El alcalde de Concepción, Álvaro Ortiz, precisó que el actual Estado de Emergencia será relevante a la hora de solicitar más fondos al nivel central, como una manera de cubrir los déficits provocados por el covid-19.

"Hoy este nuevo escenario, con menos ingresos de recursos municipales y más gastos, nos obliga a exigir más recursos al Gobierno para apalear parte de los gastos que esta crisis sanitaria está provocando en nuestras comunidades" enfatizó.

A partir de las 22:00 horas de ayer el Gobierno hizo efectiva una cuarentena obligatoria para todas las personas mayores de 75 años. La decisión fue anunciada esta semana por el ministro de Salud, Jaime Mañalich, con el objeto de ampliar el aislamiento estipulado para quienes superan los 80 años y evitar la fuerte alza de contagios registrada durante los últimos días. Según cifras de la cartera, más del 25% de los fallecimientos por covid-19 se registran en este rango etario.

Ante este escenario, los diputados locales Jaime Tohá (81), José Pérez (79) y José Miguel Ortiz (78) hicieron un especial llamado a la gente incluida en este nuevo grupo para que se queden en sus casas. Desde marzo, estos legisladores adoptaron medidas para continuar vía remota su labor parlamentaria, en especial luego de que la Cámara Baja autorizara a los trabajadores mayores de 65 años a permanecer en sus hogares.

"Yo soy de esa generación, por eso, de corazón, les pido que nos cuidemos, o si no le vamos a dar una tristeza a nuestras hijos, nietos o a nuestras parejas. Tenemos que hacerlo y entender que estamos en una etapa de la vida en que no nos queda otra cosa más que eso. Así ayudamos a bajar la pandemia", recalcó el diputado demócratacristiano José Miguel Ortiz.

Al igual que su par, el legislador socialista Jaime Tohá coincidió en que esta es una iniciativa necesaria para aplacar los efectos de la emergencia, pero reconoció que es difícil pedir disciplina a la sociedad si el mundo político y las instituciones siguen entrampados en polémicas, tal como en tiempos de normalidad.

Pese a ello, y aunque cree que la naturaleza humana invita a resistirse a los riesgos o a reconocer en qué etapa de la vida se está, puntualizó que "la inmensa mayoría de las personas aceptará esta resolución".

VACÍOS

Si bien destacó la determinación que comenzó a regir desde la noche de ayer, el diputado radical José Pérez advirtió que esta cuarentena no contempla una serie de aspectos asociados a los trámites que deben realizar algunas personas de edad avanzada.

"Se ha decretado una cuarentena general para la gente que tiene más de 75 años, pero la pregunta es ¿qué pasará con aquellos que deben salir a cobrar su pensión? Hay que hacer claridad frente a eso, porque tendrán problemas y necesitan cobrar el beneficio. Se debe pensar en los adultos mayores que, incluso, tendrán que hacer filas, lo que demuestra un vacío bien importante", cuestionó.

Por eso, Pérez planteó que es relevante que el Ejecutivo corrija y dictamine que toda la ciudadanía está autorizada para realizar este tipo de trámites, "porque muchas veces no tienen hijos o tienen el temor de que, si va alguien más, no lleguen los recursos".

Este resquemor fue abordado el jueves por el director nacional del Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama), Octavio Vergara, quien indicó que en aquellos casos en que la persona mayor tenga que realizar alguna diligencia indispensable y no cuente con algún apoyo, "solo debe salir con el permiso correspondiente en el caso de las comunas en cuarentena. Si la comuna no está en cuarentena el llamado es a mantenerse en la casa y solo salir si es estrictamente necesario".

A nivel país, la nueva medida restrictiva considera un universo cercano al millón de personas, siendo las regiones Metropolitana, Valparaíso y Biobío las más impactadas, según información del Senama. De ellos, 183 mil viven solos.