POR LORENZO PARRA RAMÍREZ

Un total de 19 gendarmes y 47 internos del Penal Biobío de Concepción, además de siete funcionarios del Hospital Regional de Concepción, quedaron en cuarentena preventiva tras confirmarse que un convicto de dicho recinto penitenciario que fue atendido en el centro asistencial dio positivo al examen PCR (Reacción en Cadena de la Polimerasa que detecta coronavirus (covid-19).

De acuerdo a lo informado por el Seremi de Salud, Héctor Muñoz, el caso que activó los protocolos en la cárcel penquista no se identificó por síntomas respiratorios asociados a la enfermedad, sino en el momento que era atendido por una lesión grave en el cuello en la UCI (Unidad de Cuidados Intensivos) del recinto asistencial, hasta donde llegó producto de una riña. Actualmente se encuentra hospitalizado.

"Él fue ingresado grave y el hospital tiene como protocolo realizar PCR a los que ingresan a la UCI, por lo que ahí se detectó como positivo", explicó la autoridad de Salud.

Tras esa confirmación se activó el protocolo para detectar los contactos estrechos del caso y así aislarlos de forma preventiva. En este trabajo, la Autoridad Sanitaria definió 70 contactos estrechos, entre los que se encuentran 47 internos, los que fueron aislados al interior del recinto.

"Se encuentran en un área en el que se pueden aislar dentro del penal y así poder hacer un seguimiento por si presentan sintomatología", sostuvo Muñoz.

A estos internos se sumaron 19 gendarmes y siete funcionarios del Hospital Regional que atendieron al caso positivo.

TRAZABILIDAD

En cuanto a cómo se habría originado el contagio, el seremi de Salud declaró que está en investigación, pero clarificó que este caso por el momento no es parte de un brote en recintos penitenciarios, ya que no existiría un nexo con el caso del gendarme positivo -otros once funcionarios están en cuarentena- informado hace unos días atrás en la cárcel el Manzano. Esto último centro se encuentra contiguo al Penal Biobío.

"Son personas que no tenían ninguna relación entre los dos, pero eso puede cambiar si encontramos algún nexo epidemiológico entre las dos personas y por eso los consideramos como casos aislados. Si encontramos el nexo, obviamente, lo consideraríamos un brote en ese lugar", precisó el seremi de Salud.

La autoridad asimismo, detalló que el interno positivo tampoco había recibido visita del exterior en los últimos días, por lo que aún no tienen certeza la fuente del contagio, ya que al no tener síntomas, ni tampoco los contactos estrechos es difícil determinar el un posible día de contagio.

"Es un caso atípico, por eso le realizaremos un segundo examen a PCR, para ver si es un falso positivo, porque ya hemos tenido algunos. Cuando no tenemos condiciones epidemiológicas que determinen un caso, hacemos una segunda nuestra e incluso una tercera si es necesario", comentó Muñoz.

En su visita a la zona de ayer, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, aseguró que lo ocurrido en el penal generó una respuesta inmediata, ya que se hicieron testeos a funcionarios y se informó a los internos de la situación.

"Hemos trabajado en protocolos para atacar la pandemia en los distintos centros penales del país", añadió el secretario de Estado.

CRÍTICA

Preocupación causó en la Asociación de Funcionarios Penitenciarios del Biobío la confirmación del caso positivo de covid-19 en un interno. El vocero del gremio, Benito Saravia, expresó que pese a ese sentimiento los trabajadores de Gendarmería siguen cumpliendo su labor, aunque acusó que la concesionaria del Penal Biobío y otras concesionarias de cárceles en el país no han entregado los insumos suficientes de prevención para enfrentar la pandemia.

"No hemos visto la disponibilidad de parte de ellos poder aportar en materia de prevención y realizar una inversión suficiente para que este tipo de contagios no lleguen al interior de estos penales concesionadas", sostuvo el vocero de la entidad.

El dirigente gremial expresó que el esfuerzo en esa materia ha sido realizado por Gendarmería y los sindicatos de funcionarios.

Opiniones divididas ha generado el aumento de facultades de fiscalización de los municipios en el marco de la emergencia sanitaria, que informó este jueves el Presidente Piñera tras una reunión con representantes de los alcaldes. En particular, el decreto presidencial permitirá que los funcionarios municipales puedan fiscalizar cuarentenas, toques de queda y cultos religiosos, entre otros aspectos, cuestión que fue valorada por los municipios, pese a que existen reparos respecto al parámetro bajo el cual actuarán estos funcionarios.

Audito Retamal, alcalde de San Pedro de la Paz y presidente de la Asociación Regional de Municipalidades de Biobío, manifestó tras una reunión donde se abordó la situación con el intendente Sergio Giacaman que la medida permite atender un mayor volumen de reclamos que se reciben a diario, pero "debemos pensar que las atribuciones que teníamos antes se definieron en un contexto de normalidad. Hoy estamos en un escenario distinto con muchas complicaciones, por lo que deben aumentar las atribuciones de fiscalización, permitiendo ordenar algunas situaciones".

Además, la autoridad comunal expuso que vecinos han realizado reclamos porque "no se ha cumplido toques de queda, cuarentenas y respetados los cordones sanitarios. Viene bien esta medida, hay que usar bien esta disposición y ojalá que los vecinos la reciban con la misma seriedad, para poder bajar las tasas de contagio. Hay que saber aplicar estas medidas con la sabiduría que siempre hemos trabajado".

FACULTADES

El alcalde de Talcahuano y presidente de la comisión de seguridad de la Asociación Chilena de Municipalidades, Henry Campos, explicó que el decreto contempla varios aspectos, entre los cuales está "primero que todo el ponernos a disposición del jefe de Defensa y a las estrategias que se adopten, generando una colaboración más estrecha con los municipios en la labor de fiscalización de cuarentenas, cordones sanitarios, toques de queda y permitirá controlar salvoconductos y a aquellas personas que pudiesen infringir la cuarentena al ser casos positivos, lo que tendremos que informar a la autoridad sanitaria, sin perjuicio de las facultades que ellos tienen".

El jefe comunal chorero también hizo énfasis en que el decreto permitirá "la detección de flagrancia de delitos, y la autoriza en este contexto, respecto a las normas establecidas en el código procesal penal, permitiendo que nuestros funcionarios de seguridad ciudadana realicen detenciones y entreguen a las policías a aquellas personas que infrinjan la ley dentro de esta pandemia. Se ha señalado que dentro de esta ampliación de facultades, está el colaborar con las policías en sus labores con nuestros vehículos de seguridad".

Campos valoró los esfuerzos del Ejecutivo y dijo que "hoy en día todo es beneficioso para garantizar la seguridad, ya que ha habido un aumento en el número de delitos en la región y el país. Muchas denuncias de los vecinos se trasladaron a los municipios y desde allí llegó el planteamiento al Ejecutivo, reforzando la labor fiscalizadora de los municipios".

El alcalde de Concepción, Álvaro Ortiz, se mostró conforme con la medida, indicando que "por fin el gobierno escuchó lo que hace mucho tiempo veníamos solicitando los municipios en todo el país, y desde ayer se nos comienza a ver como aliados (...) si esta coordinación con los municipios hubiese estado desde el comienzo a lo mejor no tendríamos tal cantidad de denuncias ni irían aumentando como en los últimos meses".

PREOCUPACIÓN

Además, el jefe comunal penquista aclaró que "lo que no vamos a hacer es transformar a nuestros equipos de seguridad pública en policías comunales; lo que debemos hacer es una labor preventiva, decir a quien corresponda desde donde nos llegan más denuncias y colaborar. La disposición ha estado siempre, y ahora mucho más que nos consideran".

En la misma línea, Henry Campos apuntó a que "hay cosas que no podremos cumplir, no expondremos a nuestros funcionarios públicos frente a un delito, ya que no están habilitados para el porte de armas y repeler un asalto o un hecho de violencia, más bien estamos habilitados para realizar funciones fiscalizadoras, que muchos municipios ya realizaban como el control de tránsito. El decreto viene a confirmar las funciones que ya se realizaban e incorporar otras".

Con la suma del aporte del Fondo Solidario, el intendente Sergio Giacaman anunció junto a un grupo de alcaldes la inyección de poco más de $17 mil millones en recursos para los municipios, en el marco del combate del coronavirus.

El aporte corresponde a fondos del Ministerio de Salud, Subdere, Gobierno Regional y Fondo Solidario. el monto es un apoyo ante la disminución de ingresos debido a medidas de contingencia como la postergación del pago de los permisos de circulación y de contribuciones, las que han tenido un impacto significativo en los recursos municipales, que se estima disminuirán un 50% en mayo.

"El Gobierno hoy ha querido comprometer recursos para las arcas municipales, generando instancias que van a permitir que puedan pasar este momento difícil desde el punto de vista financiero", dijo el encargado regional de la Subdere, Julio Rodríguez.