Dictan orden de alejamiento a carabinero que disparó a joven
El Juzgado de Garantía de Concepción fijó un plazo de cinco meses de investigación para esclarecer las circunstancias bajo las cuales un joven universitario de 23 años recibió un impacto de bala por parte de un efectivo de Carabineros, la tarde del viernes en el marco de las manifestaciones ocurridas en Plaza Perú, Concepción, luego de la formalización ocurrida ayer luego de que esta hubiese sido pospuesta el sábado pasado, a solicitud de la Fiscalía para recabar más antecedentes.
El Ministerio Público presentó una querella por violencia innecesaria con resultado de lesiones graves, y solicitó tres medidas cautelares, entre ellas arraigo nacional, restricción de uso de armamento y orden de alejamiento a la víctima del disparo, quien se encuentra internado en el Hospital Regional tras el impacto sufrido en su pierna izquierda.
De estas tres medidas solo la última fue considerada, mientras que las otras dos fueron desestimadas y desde Carabineros se informó que el efectivo fue reincorporado a sus funciones durante la tarde de ayer.
El fiscal de la unidad especializada para abordar casos de violaciones a los Derechos Humanos. Nelson Vigueras lamentó que no se consideraran estas medidas y explicó que "es una figura del código de justicia militar. El resultado de las lesiones del joven son graves. Una fractura expuesta en su tibia y eso en concepto del Ministerio Público se produjo debido a un actuar irracional y desproporcionado por parte del funcionario de carabinero quien dispara al joven".
Además dijo que respecto a lo expuesto por la defensa del policía, que dio cuenta de que habría sufrido una agresión con un objeto corto punzante, lo que detonó el disparo, "no hay antecedentes de que compruebe de que el funcionario se estuviese defendiendo de un ataque con un arma corto punzante".
Karen Torres, abogada del Instituto Nacional de Derechos Humanos -que se sumó a la querella por el delito de apremios ilegítimos en contra del funcionario policía- explicó que junto con adherirse a la solicitud que hizo la Fiscalía, considera que "la apreciación que tuvo el juez fue errónea en ese sentido. No coincidimos con aquello. Si es importante mencionar como lo mencioné en la audiencia que el Estado de Chile tiene ciertas obligaciones no solo de respetar sino de garantizar que las violaciones a los Derechos Humanos sean sancionadas y no se repitan".
"Uno de los argumentos que se vertieron en audiencia dicen relación con la no repetición de estos actos y con la necesidad importante de decretar la medida cautelar de prohibición y tenencia de arma de fuego para evitar en definitiva que este tipo de hecho puedan repetirse. Esto fue desechado por el tribunal, pero es una investigación en curso y se pueden incorporar nuevos antecedentes", añadió.
Osvaldo Pizarro, defensor regional del Biobío, por su parte dijo sentir se conforme con la resolución del tribunal ya que "tuvimos una posición bastante racional. En orden a que la propuesta del Ministerio Público de que se estableciera una medida cautelar de prohibición de acercarse de mi cliente a la víctima parece racional. Evidentemente las otras medidas son desproporcionadas".