La Seremi de Transportes estimó en 80 mil los clientes de la Región afectados por la interrupción del servicio de telefonía fija y móvil, más internet, ocurrido la tarde del martes.

Este problema se registró a partir de las 18 horas y afectó a clientes de Wom, Movistar, VTR y Mundo a causa de un incendio que provocó el corte de la fibra óptica. Esto afectó instalaciones en la Región de O'Higgins y causó la interrupción de las telecomunicaciones hasta la Región de Aysén.

Aravena informó que la Subsecretaría de Telecomunicaciones, Subtel, ya solicitó de manera formal un informe sobre posibles medidas compensatorias a los clientes involucrados.

"La afectación superó los 80 mil clientes, lo que sin duda provoca un problema para quienes cuentan con estos servicios, no tanto para su uso personal, sino que también laboral e incluso para emergencias", planteó.

La autoridad agregó que es necesario generar un sistema paralelo en el caso de emergencias, ya que varios cuerpos de bomberos de la Región quedaron sin comunicación telefónica a causa de esta falla masiva.

"Quizás se pueda revisar una fórmula de generar un número que siempre quede conectado, como se hace con la luz cuando hay cortes y se puede mantener el servicio con generadores", dijo.

La Corte de Apelaciones aún no ha dictado sentencia en relación al recurso de protección que el 17 de septiembre presentaron el senador Alejandro Navarro y el alcalde de Santa Juana, Ángel Castro, para obligar al Ministerio de Obras Públicas a adoptar medidas para mejorar la seguridad de la Ruta de la Madera.

Eso, sin embargo, no implica que el tema esté olvidado. De hecho, tal como puede verse en el expediente a través del portal del Poder Judicial, la última actividad registrada corresponde a un escrito emitido por el Ministerio de Transportes que aborda las peticiones realizadas por el jefe comunal y el legislador. Fue ingresado este martes 4 de febrero.

En el recurso ingresado el año pasado, ambos solicitaron que se apliquen las siguientes medidas: regular y establecer horarios de restricción de circulación de camiones en la ruta 156, con el objeto de disminuir el riesgo de accidentes; instalar cámaras de vigilancia y que a la brevedad se modernice la ruta, dotándola de un estándar de seguridad de autopista de doble vía, con los atraviesos y puntos de comunicación que esto implica.

El informe de Transportes no es muy alentador respecto a lo requerido, ya que desestima los requerimientos hechos por las autoridades.

Argumentos

El documento enviado por Transportes, firmado por Alejandro Arriagada, subsecretario subrogante de Transportes, planteó que "no es posible por ahora establecer una restricción de circulación de camiones, ya que (...) nuestra área técnica ha informado que para adoptar una medida de esa naturaleza se requiere más información". Esto, complementaron, pasa porque no hay claridad respecto a si la restricción debería aplicarse a todo el transporte de carga o solo a algunos, ni si abarcaría algunas horas o días a la semana.

En base a información aportada por Carabineros, el 32% de los vehículos que circulan por la ruta son de carga y según el subsecretario, "al no existir rutas alternativas y suponiendo que se proponga una restricción horaria, de acuerdo a su duración se generaría una importante acumulación de camiones esperando circular en horario fuera de restricción, lo que lleva a un incremento en horas previas y posteriores a la restricción aumentando el riesgo de accidente durante estos periodos de tiempo".

Agregaron que la ruta no cuenta con espacios para que los camiones aparquen, y no pueden desviarse a otras rutas, como la 160, que ya está saturada.

Sobre la instalación de cámaras mencionaron que esto es competencia del MOP, aunque de todas formas estas no permiten ver ni la velocidad ni la estiba de la carga.

Con estos antecedentes, ahora la Corte deberá fallar respecto a si procede implementar las medidas solicitadas o si, tal como sugiere el informe, no es posible darles cumplimiento.

La Mesa del Agua entregó el martes al Presidente un documento que contiene medidas a corto, mediano y largo plazo. Uno de los ejes del trabajo será garantizar el abastecimiento de agua, con prioridad en el consumo humano. Los sectores rurales son los más afectados con este tema y para revertir la situación se han instalado sistemas de Agua Potable Rural, APR.

Pese a que en los últimos el años el Ministerio de Obras Públicas (MOP), a través de la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH), ha avanzado en la construcción de estos sistemas, el alcalde de Santa Juana y presidente de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Asociación de Municipalidades del Biobío, Ángel Castro, cree que la sequía no ha sido abordada como debería por los gobiernos.

El principal problema, según Castro, es la lentitud del proceso, pese a la urgencia que existe: "La velocidad de la Dirección de Obras Hidráulicas sigue siendo lenta (…) En Santa Juana se hizo hace seis años un pozo profundo (sondaje) y aún no sale la etapa de diseño e ingeniería. Entonces la gente se desespera, porque son proyectos que son importantes y necesarios".

REGISTRO DE APR

Un levantamiento hecho en 2014 por el MOP, en el marco del programa de Agua Potable Rural, identificó la necesidad de construir APR en 82 localidades concentradas (densidad habitacional que sobrepasa las 15 viviendas por kilómetro de red) y semiconcentradas (entre 8 y 14 viviendas por kilómetro de red) de la Región.

La directora de la DOH, Javiera Contreras, detalló que a la fecha han abordado la necesidad en el 70% de estas localidades. Eso sí, el estado de las iniciativas comprende desde el inicio del proceso, que va desde la construcción del pozo profundo, hasta el diseño, la ejecución de la obra y su posterior puesta en marcha.

"Lo más probable es que este catastro sea actualizado. Las localidades han crecido y lo otro es que hemos detectado dentro de ese registro interno, zonas que fueron levantadas como semiconcentradas y no lo son", contó Contreras.

En total el programa del MOP tiene un registro de 113 sistemas vigentes construidos desde la década del 60. No obstante, la autoridad regional detalló que en la región hay más APR, pues en el catastro no están considerados los desarrollados por particulares o municipios con recursos de la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere), Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL) u otros.

"Estamos intentando generar un catastro de los APR externos (al programa MOP) y hasta ahora , con información que le hemos pedido a cada uno de los municipios de la Región, tenemos catastrados 260. Estos se suman a los 113 que tenemos", contó la directora.

Este catastro global de los sistema de agua potable rural se está desarrollando para tener información cuando entre en vigencia la Ley de Servicio Sanitario Rural, que regulará a todos los APR de la Región, ya sean los construidos por el MOP, los municipios o por un privado.

INVERSIONES

Para este año, se tiene considerado una inversión de $7.000 millones para construcción de obras, pero también para diseños de ingeniería, obras de conservación, mantención y ampliación de servicios APR. Actualmente hay cuatro proyectos ejecutándose y hay un quinto que logró la Recomendación Satisfactoria (RS) que debería iniciar obras este año.

"Uno ve la inauguraciones de los sistemas nuevos, pero también hay un gasto adicional en inversión, para poder conservar y acompañar a los sistemas", sostuvo la autoridad.

Para el 2021 se tiene proyectando un monto de inversión de $8.200 millones, en donde se proyecta beneficiar a las comunas de Laja, Nacimiento, Santa Juana, Tomé, Tirúa, Cañete, los Ángeles, Florida Curanilahue, entre otras.

Una de las principales dificultades que presentan estas iniciativas, aseguró el alcalde Ángel Castro, es el tiempo que toma al MOP ejecutar un APR. Esto puede tardar alrededor de una década entre que nace la idea y la puesta operación.

Según la información que entregó la DOH, los proyectos de los servicios de APR debieran considerar un tiempo general de cuatro años para lograr su concreción, aunque reconocieron que pueden haber situaciones que retrasen ese proceso.

La ministra(s) de Desarrollo Social, Carol Bown, se reunió en Talcahuano con adultos mayores del programa "Vínculos", que es ejecutado por la Municipalidad de Talcahuano en convenio con el Ministerio de Desarrollo Social y el Servicio Nacional del Adulto Mayor.

El alcalde Henry Campos recordó que el programa lleva 12 años en la comuna y su objetivo es brindar seguridades y oportunidades a las personas mayores de 65 años que están en situación de vulnerabilidad, quienes pueden acceder a diversos beneficios.

Carol Bown aprovechó la jornada para hablar sobre la reforma a las pensiones que impulsó el gobierno.