Fue en el contexto de su cuenta pública que la fiscal regional Marcela Cartagena anunció que en los próximos días, durante el mes de enero, presentará la solicitud de formalización por el caso de la exisapre Masvida.

Aunque dijo que no podía adelantar muchos datos, Cartagena confirmó que se trata de un grupo de personas, las que serán imputadas por varios delitos: "Estamos frente a un delito de estafa y además hay delitos tributarios. Hay una querella del Servicio de Impuestos Internos (SII), lo que nos permite ir por los delitos tributarios. La información de quienes serían me la reservo, pero la van a conocer a la brevedad cuando se realice la petición".

Agregó que dentro de los delitos considerados están los asociados a la información falsa entregada a la Superintendencia de Salud (SIS) respecto a los balances financieros de la aseguradora de salud, entre otros antecedentes.

Si bien Cartagena declinó dar nombres, cuando se dieron a conocer los primeros antecedentes sobre informes financieros alterados de la isapre los dardos apuntaron a Claudio Santander, quien fue presidente de Masvida.

La información salió a la luz durante un proceso de compra de la aseguradora, donde informes externos mostraron problemas financieros, los que no habían sido consignados en los balances de la empresa, los que no solo eran entregados a los socios de la compañía, sino también a organismos gubernamentales, como la Superintendencia de Salud.

Larga data

La indagatoria comenzó en febrero de 2017. La Fiscalía Oriente de la Región Metropolitana comunicó que había iniciado una investigación a la isapre. En esa ocasión el fiscal Manuel Guerra informó que la indagatoria buscaría antecedentes sobre delitos tributarios, entrega de datos falsos al mercado y a la Superintendencia de Valores y Seguros, y utilización de información privilegiada.

La causa quedó en manos del jefe de la Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía Metropolitana Oriente, que en ese entonces era Carlos Gajardo. Sin embargo, el fiscal nacional Jorge Abbott decidió traspasar la causa a la fiscalía regional del Biobío en mayo de 2017, que en ese entonces era encabezada por Julio Contardo.

Sobre el fin de esta etapa, la fiscal regional Marcela Cartagena reconoció ayer que esta fue una investigación compleja. "Se ha trabajado durante dos años. No es que en los últimos dos meses tomamos las carpetas y se nos ocurrió qué hacer. Hay estudios patrimoniales, una cantidad de trabajo anterior que es muy importante", mencionó.

Jorge Abbott, fiscal nacional, agregó que "el caso Masvida es de una enorme magnitud. La cantidad de antecedentes que tiene esta investigación es enorme. El anuncio que ha hecho la fiscal en la cuenta de hoy, de que está próxima a formalizar esa investigación, habla muy bien del trabajo que ha hecho la Fiscalía Regional del Biobío, sus funcionarios".

Cifras destacadas

Durante su presentación, que duró poco más de una hora y se realizó en uno de los salones del Club Concepción, la fiscal Cartagena destacó que durante 2019 ingresaron a la Fiscalía del Biobío un total de 114.115 causas, lo que representa un aumento de 11,95%, comparado con el año anterior, que fue de 101.936 causas.

Además se terminaron 117.189 causas, lo que equivale a un 4,6% más que el período anterior. De total de causas terminadas, un 34% de ellas finalizó por la vía judicial, mientras que el 66% concluyó mediante las facultades que el Código Procesal Penal otorga a la Fiscalía, como archivo provisional.

En cuanto a las audiencias, el año pasado se realizaron 65.849, lo que implica un promedio de 263 audiencias diarias.

La Fiscalía formalizó el año pasado a un total de 13.323 imputados, lo que es un 9% superior a la cantidad de 2018. También se dictaron 12.453 prisiones preventivas, internaciones provisorias y otras medidas cautelares, lo que representa un 23% más que el año 2018.

Finalmente, durante 2019 se realizaron 429 juicios orales en procedimiento ordinario, lo que representa un 33% menos que el año anterior.

Hasta el Tribunal de Garantía penquista llegaron representantes de la Cámara de Comercio de Concepción y la Asociación de Emprendedores de Chile (Asech), representados por la abogada Ximena Sepúlveda, para presentar una querella por el delito de asociación ilícita por los robos, incendios y daños que sufrieron los comerciantes locales durante los meses de octubre y noviembre del año pasado.

"Se trata de una querella que ha sido interpuesta para que la Fiscalía investigue en su conjunto los delitos que consideramos de asociación ilícita, que afectaron a un gran grupo de comerciantes de Concepción, que incluyen robos, incendios y daños y que fueron, en nuestra opinión, perpetrados de manera coordinada por un grupo de personas que se vincularon para los efectos de llevarlos a cabo", indicó la abogada.

"Hasta ahora, en nuestra opinión, la Fiscalía solo ha investigado estos delitos de manera aislada pero sin considerarlos como un todo, cuestión que estamos pidiendo que así ocurra, de manera tal de determinar si existen en el trasfondo alguna organización que se ha concertado para la comisión de este tipo de ilícitos", añadió la profesional.

LOS DAÑOS

Sara Cepeda, presidenta de la Cámara de Comercio penquista, indicó que fueron 14 los asociados de su gremio que se vieron perjudicados por los incidentes posteriores a las manifestaciones de los últimos tres meses. "Queremos que este tipo de vandalismo no quede impune", aseguró.

De la situación actual del comercio, la presidenta del gremio dijo que durante diciembre registraron 40% menos de ventas en relación a la misma fecha en 2018. Aunque añadió que durante las últimas semanas han podido repuntar en las cifras, todavía hay algunos comerciantes que deberán cerrar sus puertas durante el transcurso de este mes debido a las pérdidas que se generaron el último trimestre del año pasado.

Sofía Catalán, directora de emprendimiento de Asech Biobío, valoró la presentación de esta querella, que va en directo apoyo de los cerca de 60 asociados que resultaron afectados por los delitos que sustentan la acción legal.