Disminuir en un 15% los residuos reciclables que llegan a los rellenos sanitarios es el objetivo al que apunta el Programa Regional de reciclaje que se está implementando en las 33 comunas del Biobío.

La iniciativa se extenderá por un periodo de 36 meses y considera tanto la instalación infraestructura para generar el reciclaje como elementos de trabajo y de protección para los recicladores de base, que realizarán la recolección de los residuos valorizables.

"Desde el punto de vista del trámite administrativo, ya está aprobado por el Gobierno Regional y logramos tener las primeras transferencias durante agosto de este año, por lo que ya trabajamos en las cotizaciones y en las compras de los elementos priorizados por los municipios. (…) Hoy podemos decir que ya llevamos un 5% del programa ejecutado", anunció el seremi de Medio Ambiente, Mario Delannays.

El programa aprobado considera una inversión de $3.095 millones y se espera que el próximo año esté ejecutado el 20% de esos recursos.

SISTEMA DE RECICLAJE

Durante este año ya se han instalado siete puntos limpios mediados, 12 campanas de reciclaje y nueve triciclos. Sin embargo, la meta del programa es implementar 23 galpones de acopio de residuos equipados y 194 puntos limpios (89 grandes, 48 medianos, 50 ecositios con campanas de reciclaje y siete puntos limpios móviles), además de 136 triciclos y otros elementos.

Con esta infraestructura y elementos se proyecta cumplir el objetivo de reducir el material reciclable que llega a los rellenos sanitarios de la zona: Cemarc (Talcahuano), Hidronor Copiulemu (Florida), Laguna Verde (Los Ángeles) y Arauco-Curanilahue (Curanilahue).

"Esperamos recuperar sobre un 15% del material: latas, cartones, botellas plásticas o de algún otro material que llega a los rellenos sanitarios", destacó la autoridad regional de Medio Ambiente.

Hay que recordar que cada persona, en promedio, genera un kilo de residuos diario -más del 50% es orgánico- y que la población actual de la regional llega a un millón y medio de habitantes.

MUNICIPIOS

La directora de Medio Ambiente de la Municipalidad de Concepción, Andrea Aste, valoró la puesta en marcha el plan y sostuvo que era urgente debido al cambio climático.

Asimismo, resaltó que el programa contempla el componente de capacitación, que según Aste, será esencial para el éxito del programa. Agregó que en la comuna tienen cinco puntos limpios en los que encuentran material que no es reciclable.

"En el proyecto viene mucha capacitación, participación ciudadana y el objetivo es involucrar a la gente", detalló Aste.

El plan regional de reciclaje considera 1.981 talleres a la ciudadanía, capacitación a municipios (funcionarios y autoridades) y capacitación a recicladores de base.

Para Claudia Yáñez, profesional de la Dirección de Medio Ambiente de la Municipalidad de San Pedro de la Paz, contar con esta infraestructura les permitirá implementar un sistema integrado de reciclaje que favorecerán a 7 mil familias de la comuna.

"Con los recursos que nos provee el programa regional de reciclaje, más los fondos de la gestión municipal, vamos a generar un impacto. Podremos cuantificar si existe una disminución en la disposición final en los rellenos sanitarios", sostuvo Yáñez.

La profesional de la municipalidad sampedrina indicó que además en la comuna entregarán composteras domiciliarias, a fin de trabajar la fracción orgánica que generan los mismos vecinos.

Tras poco más de una semana en prisión preventiva, la Corte de Apelaciones de Concepción revocó dicha medida cautelar decretada en contra de una mujer que fue formalizada por el delito de parricidio en la comuna de Tomé.

En un fallo unánime, la Tercera Sala del tribunal de alzada dejó sin efecto la resolución dictada por el Juzgado de Garantía de Tomé el viernes 13 de diciembre, tras considerar que Cinthya Concha Candia fue víctima de una serie de actos de violencia de género por parte del hombre fallecido, por casi una década.

"(...) el último y más reciente, una sentencia del mes de julio de este año, donde Mario Vásquez Macías fue condenado por los delitos de amenazas de muerte, lesiones y desacato, por hechos donde la acusada es agredida con golpes de puño y amenazada de muerte con arma cortante", consigna la resolución.

La ministra Carola Rivas, quien integró la tercera sala, detalló que se determinó aplicar la medida de arresto domiciliario total, tras analizar la eventual peligrosidad de la imputada.

"Si bien es efectivo que el parricidio es uno de los delitos más graves que contempla el código penal chileno, lo cierto es que era necesario considerar para efectos de determinar la peligrosidad de la imputada que ella comete este parricidio en contra de quien fuera por años su agresor", detalló.

Rivas aclaró que, por ahora, esto no permite determinar si existen eximentas (causas de exención de responsabilidad criminal) como la legítima defensa o estado de necesidad. "Sí permiten ser consideradas para efectos de analizar la peligrosidad de la imputada y en este caso, la peligrosidad permite concluir que la medida cautelar proporcional es aquella de arresto domiciliario total, que es la que se ha decretado con esta fecha", afirmó.

DESECHAN ARGUMENTO

En la resolución se establece que el tribunal desestimó que el reinicio de la relación por parte de la imputada con el agresor fuera un elemento en su contra, como lo sostuvo la Fiscalía.

"Al contrario, en un contexto de violencia como el que se ha descrito, aquello no es más que uno de los elementos o presupuestos que forma parte de la rueda de violencia permanente en que las mujeres viven sus relaciones con el agresor y que se arraiga en sus relaciones afectivas, lo que se reafirma por el sinnúmero de hechos que rodearon el ilícito", indicaron.

CELEBRAN FALLO

Javier Pereira, defensor penal público, destacó la resolución del tribunal de alzada penquista, que consideró el historial de violencia del que fue víctima la imputada.

"La Corte acogió nuestra tesis y sostuvo que nuestra representada no es un peligro para la seguridad de la sociedad y en ese sentido la prisión preventiva resultaba innecesaria y desproporcionada y por eso razón impone el arresto domiciliario", indicó.

Pereira insistió en que "mi representada durante años había sido víctima por parte de la persona que resultó fallecida. En estos antecedentes no se podían dejar de tener en cuenta al momento de llevar a cabo el juzgamiento".

El Ministerio Público tiene tres meses para la investigación del parricidio.