El general director de Carabineros, Mario Rozas, reconoció la responsabilidad de policías y anunció sanciones para los funcionarios involucrados en casos de abusos cometidos en el marco de las protestas que comenzaron el pasado 18 de octubre.

Rozas informó en una rueda de prensa que hay 856 investigaciones sumarias en curso y que "en algunas se ha llegado a la certeza administrativa que hay responsabilidad de carabineros involucrados".

Sobre la posibilidad de asumir él una responsabilidad, dijo que las autoridades civiles tienen la facultad de disponer y agregó que "somos obedientes y no deliberantes, y seré el primero en acatar esas decisiones".

Rozas se refirió explícitamente a varios casos como el del Liceo 7, de Santiago, donde dos alumnas resultaron heridas por disparos de escopetas antidisturbios dentro del plantel público, o el del carabinero que utilizó a una menor como escudo humano durante una protesta en Rancagua. También aludió a la situación del estudiante Gustavo Gatica, quien perdió la vista en sus dos ojos, y dijo al respecto que se informó a la Fiscalía las identidades de los funcionarios situados en el área de operaciones donde el joven fue impactado.

El general informó que habrá sanciones disciplinarias desde dentro de la institución, las que van desde la expulsión hasta anotaciones negativas que tendrán impacto en la calificación de los carabineros involucrados. De hecho, ya se propuso la baja de ocho policías por incumplimientos graves de los protocolos y aplicación de fuerza innecesaria.

MODERNIZACIÓN

El general informó también sobre la instauración de una mesa de trabajo con el objetivo de llevar a cabo la modernización de la institución. En este sentido, anunció modificaciones al control del orden público. Habrá cambios en la estructura: se suprime la Zona Santiago de Control de Orden Público e Intervención, y se conforman dos nuevas prefecturas de Control de Orden Público en la Región Metropolitana. Estas serán la Oeste y la Este. Además, cada región contará con unidades especializadas. Además, se cambia la denominación Unidades de Fuerzas Especiales por Unidades de Control de Orden Público (COP).

Se actualizarán los protocolos de actuaciones, incorporando las recomendaciones de órganos nacionales e internacionales, y de la sociedad civil, en las regulaciones de las técnicas y tácticas de operaciones de control del orden público, "con el propósito de mejorar las capacidades operativas en un marco de respeto a los derechos humanos". También se creará la especialidad COP.

A la actualización de los recursos humanos, se sumará la exploración de nuevas tecnologías en distintas áreas, y se incorporará armas no letales y "medios logísticos que permitan el transporte y despliegue de los medios acorde a las nuevas realidades", así como medios audiovisuales "que registren la actuación policial como acto de transparencia".