La Seremi de Bienes Nacionales estimó en cerca de $60 millones los daños en inmuebles fiscales de la Región, en el contexto de la movilización social que se inició el fin de semana pasado en la zona, y que es reflejo de la situación de descontento que se vive en Santiago y en otras ciudades del país.

En total son 10 los inmuebles que han sido dañados durante los últimos días, entre los que destaca el edificio de la Seremi de Educación, en Concepción, que el sábado fue apedreado y el lunes quemada la primera planta de la estructura.

Al respecto, el seremi de Bienes Nacionales, Sebastián Abudoj, manifestó que "este lunes iniciamos un catastro en terreno con fiscalizadores y tasadores de la Seremi, lo que nos permitirá cuantificar los daños que se han registrado a la fecha en los principales inmuebles fiscales de nuestro Región; destacándose la Seremi de Educación, el inmueble de la Tesorería General de la República, del Servicio de Impuestos Internos y la Comisaría de la comuna de Los Ángeles, que es lo que hasta ahora nos han informado".

Abudoj añadió que "estamos coordinándonos de Carabineros y con los servicios públicos que utilizan estos espacios, para que tengan los resguardos necesarios". Además, indicó que como Ministerio "condenamos la violencia, los saqueos y los incendios que deslegitiman las causas justas que miles de ciudadanos están manifestando pacíficamente en las calles".

Según estimó el seremi de Educación, Fernando Peña, al margen de los daños del edificio, la pérdida de materiales de trabajos -como computadores, escritorios, entre otros- asciende a los $50 millones.

EL CATASTRO

De los inmuebles afectados, nueve están en la comuna de Concepción y uno de ellos en Los Ángeles. Al margen del incendio en Educación, la mayoría de los daños corresponden a vidrios rotos y fachadas rayadas.

Abudoj añadió que el catastro sigue abierto y que "también nos hemos puesto en contacto con todas las fundaciones, corporaciones y juntas de vecinos que son beneficiadas de concesiones y de espacios públicos entregados por la Seremi de Bienes Nacionales, para que nos informen sobre eventuales daños que hayan sufrido en la propiedad fiscal para que también podamos visitarlos, catastrar los daños y realizar las estimaciones que nos permitan en el corto y mediano plazo poder reparar estos espacios".

A nivel nacional, hasta ayer se registraban 57 inmuebles fiscales con daños de diversa consideración.

Edificios dañados

Entre los inmuebles dañados se encuentra la Seremi de Educación, el edificio de la PDI, ubicado en Angol y el Servicio de Impuestos Internos, entre otros.

Sigue el catastro

El seremi Abudoj dijo que se mantienen en contacto con las agrupaciones que tienen espacios en concesión para incluirlos en los catastros si es necesario.

El caso de un camarógrafo que recibió un balín en uno de sus ojos cuando cubría una protesta en Chiguayante -y que hoy está hospitalizado a la espera de ser operado- es parte de las 50 denuncias que el Instituto de Derechos Humanos (INDH) indaga en la Región del Biobío, en el marco de eventuales acciones violentas ejercidas por las policías o militares y que no se ajustarían a derecho.

La jefa regional del INDH, Carolina Chang, contó que la entidad a la fecha tiene antecedentes de al menos 50 personas que han relatado algún hecho o acción violenta por parte de agentes del Estado. De esta cifra, cerca de 30 son de la Provincia de Concepción.

"La mayoría de los relatos, de las denuncias que tenemos, dicen relación con personas o con manifestantes que estaban de forma pacífica y que recibieron perdigones, golpes o por un mal uso de las bombas lacrimógenas", contó la jefa regional del INDH.

La abogada precisó que con la información que han recopilado ya han presentado cuatro querellas: una por homicidio (por el joven atropellado por un móvil militar en Talcahuano) y las otras por lesiones graves. En tanto, las otras 46 denuncias aún se encuentran en análisis para ver qué acciones penales se presentarán.

El defensor regional Osvaldo Pizarro detalló que su entidad también está viendo el tema de posibles apremios ilegítimos por parte de funcionarios militares y policías. Detalló que en los controles de detención, que a la fecha van cerca de 400 en este contexto, han recopilado la información para saber si hubo algún hecho de vulneración. De ser así y se identifica al responsable, dijo, los antecedentes son expuestos en la audiencia y se le pide al Ministerio Público que investigue. Si no existe este antecedente, se presenta la denuncia del hecho y el tribunal ordena la indagatoria a la Fiscalía, agregó.

"Se pide que la denuncia respectiva vaya con copia al Instituto de Derechos Humanos, para que en el ejercicio de su función, determinen si es procedente la presentación de acciones penales en contra de los responsables", informó Pizarro.

USO DE LA FUERZA

La jefa del INDH recordó que el uso de la fuerza está consignado en protocolos internos y en el derecho internacional, situación que ella considera que no ha existido en las acciones denunciadas a la entidad. Expuso que un Estado de Excepción Constitucional no limita los derechos vinculados a la integridad física y psíquica de las personas, ni el derecho a la vida.

"Si alguien no está haciendo nada, no tiene por qué llegarle ningún tipo de perdigón, golpes o sufrir detenciones ilegales. Eso no está habilitado, los derechos siguen vigentes", sostuvo Chang.

El defensor regional, Osvaldo Pizarro, comentó que dentro de lo que ellos han logrado recopilar, los funcionarios militares son los que concentran situaciones de uso de fuerza que se escaparían de la proporcionalidad. Aseguró que las denuncias en contra de carabineros son similares a las que se presentan normalmente en los controles.

Una situación diferente es lo que pasaría cuando la detención es realizada por personal militar, ya que el componente de fuerza es mayor, aseguró: "Se ha explicado por personal del Ejército, en el sentido que ellos asumen que esto se encuentra en el contexto de enfrentamientos, que evidentemente, el uso de la fuerza o violencia es mayor en este caso".

Pizarro enfatizó que en el ejercicio de la labor militar no puede haber un uso excesivo o injustificado de la violencia.