Un tribunal de Argentina ordenó reabrir la investigación por el fallecimiento en 2017 del activista Santiago Maldonado, que desapareció tras participar de una protesta de mapuches que fue reprimida por la policía y apareció muerto, ahogado en un río cercano, 78 días después.

La desaparición de Maldonado, de 28 años, generó gran polémica en el país por las críticas de su familia y de organismos de derechos humanos hacia Gendarmería (cuerpo policial que desalojó la protesta) y el Gobierno de Mauricio Macri, a los que acusaban de haber provocado la "desaparición forzosa" del joven, pese a que la autopsia determinó que murió por ahogamiento en las aguas del río Chubut.

La Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia (en la sureña provincia de Chubut) ordenó determinar si gendarmes o miembros de comunidades mapuches cometieron el delito de "abandono de persona", aunque se descartó el delito de desaparición forzada, como determinó un juez en 2018.

El tribunal anuló la resolución del juez federal Gustavo Lleral, quien a fines de 2018 sobreseyó definitivamente al gendarme Emmanuel Echazú, único imputado en el caso, lo que supuso el cierre de la causa y generó el repudio de los familiares de Maldonado.

La cámara revocó ahora el sobreseimiento y ordenó a Lleral avanzar con pruebas para ahondar en las circunstancias en que se produjo la muerte.

Sergio Maldonado, hermano de la víctima, dijo alguna vez que el juez instructor -que sustituyó al primer magistrado de la causa, Guido Otranto, recibió presiones del Gobierno para cerrar la causa, algo que fue negado por Lleral.

El Ministerio de Seguridad -del que depende Gendarmería- destacó que el fallo descarta la "desaparición forzada" y "confirma" que Maldonado falleció ahogado sin la intervención de terceras personas.

La Fiscalía General de Venezuela anunció la apertura de una investigación penal contra el líder opositor Juan Guaidó y dos de sus colaboradores por supuestas negociaciones para que Venezuela desistiera del reclamo por el Esequibo, un territorio en disputa con Guyana.

Al anunciar el inicio del proceso, el fiscal general, Tarek William Saab, dijo que Guaidó y sus colaboradores participaron en "negociaciones ilegales" a espaldas del país para que se desista del reclamo a cambio del apoyo político del Reino Unido a la presidencia interina del también jefe del Parlamento.

Además de Guaidó serán procesados por el caso Vanessa Neumann, representante del dirigente opositor en el Reino Unido, y el asesor Manuel Avendaño. Saab no precisó cuáles delitos se les imputan.

Juan Guaidó desestimó la investigación en su contra: "Los que han traicionado la patria (...) son los que están hoy secuestrando el poder, no solamente entregando territorio a grupos irregulares, sino también destruyendo la moneda, no controlando el territorio nacional".

El líder del Parlamento restó importancia al anuncio del fiscal general pues, su juicio, Saab "no tiene competencias" y "usurpa funciones".

Consideró que se trata de un "nuevo invento del régimen" y "una novela" del Gobierno de Nicolás Maduro para distraer la atención de su responsabilidad en amparar a "narcoterroristas en territorio venezolano", grupos a los que el chavismo, según él, financia en forma directa e indirecta.

"PELIGRO"

Al condenar las acciones de Guaidó y sus colaboradores, Saab dijo que representa un "peligro" que personas "tengan una patente de un gobierno inexistente para negociar nuestros recursos y activos".

La apertura del proceso se da un día después de que Nicolás Maduro pidiera a la Fiscalía General actuar contra Guaidó por el delito de "traición a la patria" por promover supuestas negociaciones para la entrega del Esequibo.

Desde que Guaidó asumió en enero la jefatura de la Asamblea Nacional y se proclamó presidente interino de Venezuela, la Fiscalía General le ha abierto tres procesos: por las protestas de inicios de año, los apagones de marzo y las donaciones que entregaron algunos países para atender la crisis.

El inicio del proceso coincidió con el acuerdo que anunciaron 32 congresistas opositores de partidos minoritarios para que Guaidó permanezca en 2020 en la jefatura de la Asamblea Nacional y la presidencia interina de Venezuela hasta lograr la salida de Nicolás Maduro del Gobierno venezolano.