"Estamos recibiendo opiniones de diversos involucrados antes de tomar posición sobre el tema". Esa fue la respuesta del ministro de Economía, Andrés Fontaine, al ser consultado respecto a si finalmente el Gobierno prorrogará por dos años la entrada en vigencia de la denominada ley de la jibia, en virtud de una moción parlamentaria que así lo sugiere.
Según los impulsores de la iniciativa, de no hacerse se produciría una situación muy compleja, pero de simple solución, concuerdan científicos, empresarios y pescadores artesanales, todos transversalmente afectados por esta norma que de seguir su curso comenzará a regir el próximo 17 de agosto.
Si bien los diversos sectores coinciden en celebrar la disposición del nuevo secretario de Estado, que desde que asumió se ha reunido con todos ellos, la incertidumbre los mantiene en alerta permanente.
"Nosotros empleamos más de 300 personas en Lota y Coronel. 250 de ellos trabajan en la planta de jibia y otras 21 en un barco que se dedica exclusivamente a la captura de este recurso, por lo que estamos muy preocupados y atentos a lo que el Gobierno haga en cuanto de apoyar la idea que han tenido parlamentarios de la zona para poder continuar trabajando en la jibia", dijo Claudio Salazar Zencovich, gerente general de Alimar Lota.
"Las autoridades deben tener conciencia que si la jibia sigue lejos de costa y del alcance artesanal y el próximo año la industria no puede pescar, no sólo nuestras plantas quedarán sin abastecimiento, sino también una veintena de pymes de varias comunas del país. Es imaginable el efecto en el empleo y en las relaciones comerciales internacionales que pymes y grandes empresas tienen". Agrega que el negocio de la jibia representa el 33% de sus utilidades y con motivo de la aprobación del proyecto de ley, Alimar dejó en carpeta una inversión de US$450.000 para agregar valor a los productos que se elaboran en la planta de congelados de Coronel, además de la detención de un barco con artes de media agua.
Andrés Daroch Coello, gerente general FoodCorp, precisa que ellos se abastecen de pesca artesanal e industrial de jibia con proveedores que la capturan con potera o técnica manual y con redes de pesca. "Ante la situación oceanográfica ocurrida este año, donde la jibia se redujo en tamaño y sólo los barcos industriales y las lanchas artesanales de cerco han podido capturar, nosotros vemos un riesgo muy relevante en que por ley se limiten los artes de pesca".
Esta limitación a un solo arte de pesca no sólo prohíbe la captura a los barcos industriales, sino también a muchas lanchas artesanales que lo hacen con cerco. "Por ende, el daño es a las plantas procesadoras grandes y pymes, a tripulantes de barcos y a muchos artesanales", dijo Daroch.
Añadió "que la jibia que nos entregan los artesanales cerqueros es de muy buena calidad, sobre todo la más chica que ha estado saliendo durante este año. Ello porque estos ejemplares de menor tamaño al sacarlos del mar con potera tienden a desgarrarse, afectando su calidad. Así también, en la captura con redes, no hemos observado que genere daños al ambiente marino, pues la jibia no tiene fauna acompañante".
Por ello es que Andrés Fosk, gerente general de Landes, agrega que "no nos queda más que confiar en que el Gobierno atenderá esta grave situación y hará algo para revertirla. Estamos a menos de un mes de tener que cerrar un tercio de nuestra operación y paralizar la mitad de nuestra flota. Esto nos significa una pérdida incalculable. Hablamos de 180 puestos de trabajo en Talcahuano, pues tendremos que cerrar la planta procesadora de jibia y sacar del agua dos de nuestros barcos".
"Hoy, la jibia no existe por razones oceanográficas y antes siempre fue esporádica por causas climáticas y de tipo laboral, por ello el 20% de la cuota industrial y la captura de nuestros barcos nos permitía funcionar", espera.
Efectivamente, según explicó Aquiles Sepúlveda, director del Instituto de Investigación Pesquera, se está configurando un complejo escenario para los intereses de Chile. A la proximidad de la entrada en vigor de la ley de la jibia, hay una menor disponibilidad del recurso y lejanía de la costa. Eso anticipa un panorama no muy alentador de cara a la discusión que se daría en la Organización Regional de Ordenamiento Pesquero del Pacífico Sur (Orop-PS) en los próximos años.
"Preparamos un informe basado en datos objetivos y prevemos que al año 2021 se podría terminar con una asignación para Chile en el marco de la Orop-PS de 105.547 toneladas teniendo en cuenta una cuota global de 850 mil ton. y de 64.765 ton. teniendo en cuenta una cuota precautoria global muy probable de 700 mil ton. Es decir, puede ser hasta un tercio más baja de lo que existe en la actualidad lo que puede terminar castigando a toda la actividad ligada a esta pesquería".
Y así lo ven venir también las pymes que prestan servicios a la industria.
Yuri Salinas Rebolledo, presidente de este sector, que representa a unas 350 micro, pequeñas y medianas empresas de Tomé, Talcahuano, Lota, Coronel. "Somos la columna vertebral de esta actividad, pero también dependemos casi en un 100% de ellos, por eso nuestra preocupación y la de cientos de familias que en estas comunas dependen de estas empresas".
"Creemos que hay poca conciencia y conocimiento de parte de algunos políticos que buscan entregar los recursos pesqueros de forma exclusiva al sector artesanal potero, en vez de trabajar la asociatividad y la cadena productiva en torno a una actividad estable y sólida como la que representa el sector industrial".